«Si nos quitan las residencias, nos hunden», denuncia un grupo de farmacéuticos de Cantabria

En el caso de las residencias de menos de cien plazas las instrucciones que se plantean en el borrador es que esos centros queden vinculados a una farmacia ubicada en la misma zona farmacéutica. Y es ahí donde los boticarios ven el «conflicto», en la definición de «zona farmacéutica», delimitada al mismo municipio de los centros residenciales.

A juicio de los afectados, «esta regulación genera graves perjuicios al vincular obligatoriamente a las residencias a una farmacia concreta». En consecuencia, «se vulnerarían derechos fundamentales como la libertad de empresa, la libre competencia y la libertad de contratación, obligando a rescindir contratos con farmacias de confianza para suscribir nuevos acuerdos que podrían no cumplir con las expectativas o necesidades de los centros».

Sirva un ejemplo para situar el alcance de la medida. Lo expone la farmacéutica Ana Eulalia Alba, que hace unos años cambió su vida en Madrid por un futuro ilusionante en Tudanca: «Aposté por el mundo rural, hice una inversión importante, he contratado a dos personas, formando un equipazo que funciona de maravilla; yo lo he hecho bien, he conseguido que la farmacia funcione y dé un buen servicio a la población, y ahora me encuentro que me quieren quitar, a golpe de decreto, todo lo que he conseguido. En farmacias como la mía, donde la población no va a crecer, si me quitan el trabajo que desarrollamos con las residencias, me hunden».

Tal y como está redactado el borrador, los tres centros que ahora lleva la farmacia de Tudanca (donde no hay ninguna residencia) pasarían a depender de otras boticas del municipio en el que están ubicadas. «En farmacias pequeñas, como la mía, necesitas trabajar con las residencias para sobrevivir. Y están muy contentas con nosotros. Por qué no me ponen como ejemplo de que una farmacia rural puede funcionar con trabajo y esfuerzo, en lugar de castigarme con este decreto con el que me van a llevar a la ruina», lamenta esta farmacéutica, que admite que está «muerta de miedo» por las consecuencias del cambio en la normativa.

«Es como si te compras una casa, la reformas y cuando ya está acabada la tienes que quemar. Yo no quiero dar pena, solo quiero poder trabajar, porque me encanta mi trabajo», añade. Por eso, encabeza este colectivo profesional que busca frenar «las consecuencias negativas» del decreto, ya que no sienten el respaldo por parte del Colegio de Farmacéuticos, acogido al «criterio de la prudencia» mientras se concreta el borrador. La Asociación pide a la Consejería que tenga en cuenta el impacto económico y laboral que sufrirán muchas farmacias que han realizado importantes inversiones para ofrecer atención especializada a las residencias.

En sus alegaciones defienden que «el modelo más adecuado para garantizar el buen funcionamiento de los centros residenciales y el derecho de elección es poder elegir la farmacia circunscribiendo la zona farmacéutica al ámbito provincial o autonómico», tal y como «se ha implementado con éxito en el País Vasco». Pero hasta la fecha sus reivindicaciones no han tenido respuesta por parte de la Dirección General de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria, que dirige María Isabel Priede.

«El objetivo es mejorar la prestación farmacéutica en los centros sociales y establecer los mismos requisitos básicos, en cuanto a seguridad y calidad, que pedimos para el resto de instalaciones», apuntó hace unos días la directora general a este periódico. Desde el colectivo Rebotica están de acuerdo en «que se regule, pero sin cambiar las reglas del juego. Está claro que hay quien va a salir muy beneficiado, pero qué pasa con los perjudicados», cuestionan.