Todos los grupos, salvo el PSOE, exigen derogar el nuevo Reglamento de Costas

La norma obliga a endurecer la concesión y limitar a 75 años las prórrogas de las explotaciones industriales que se encuentran en rías y estuarios, lo que afecta en la región a centenares de empresas dedicadas a la industria conservera y agropecuaria, entre otras. «El PSOE se niega a pensar en las familias que viven del trabajo que se desarrollan en estos lugares», ha lamentado Fernández, quien ha destacado el hecho de que en Galicia la Junta ya ha recurrido a la Justicia el Reglamento. «Aquí, descartada la vía judicial, deberíamos poner en valor la vía política, dado que contamos con el máximo apoyo de esta cámara, para exigir en Madrid soluciones», ha añadido el portavoz del PP. El nuevo Reglamento afecta a pequeñas empresas y autónomos con ganado, talleres, naves o garajes, que disponen de esas parcelas desde hace «muchísimos años».

Las primeras cancelaciones de prórroga de licencia se han emitido ya a dos empresas en las Marismas de Carasa y en la ría de Cubas. «Esto va de pensar en nuestra tierra y en nuestra gente», ha defendido Armando Blanco (VOX) al salir al estrado para mostrar su apoyo al PP.

La crítica al nuevo reglamento llegó también con la referencia al nuevo criterio con el que se estipulará en cada zona el deslinde del suelo público marítimo-terrestre. Dice el texto que ese espacio deberá llegar hasta «el límite donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos». Esto, en Cantabria, obligará a reconfigurar la ordenación urbana de poblaciones enteras, pues en los temporales de los últimos años, el mar ha alcanzado a espacios donde a lo que nunca había llegado antes en zonas como Somo, Laredo, etc. «¿Qué les van a decir a todos esos vecinos? ¿Que vayan abandonando sus casas? ¿Cuánta más gente que hoy no está afectada por este asunto se va a ver afectada? ¿Sabemos de qué estamos hablando exactamente?», cuestionó el diputado popular.

No tuvo pelos en la lengua tampoco el portavoz de Cs, Félix Álvarez, quien no ahorró calificativos para referirse a la ministra: «Es la más sectaria y dañina para nuestra comunidad de las que conozco». En el caso del PRC, aprovechó su oposición a este reglamento para aludir a otra de las 'batallas' que mantiene con Ribera, el lobo: «Son todas decisiones que hacen mucho daño en Cantabria. Porque igual que creo que el lobo debe ser gestionado desde Cantabria, no me parece que ninguna de las empresas que trabajan en estos lugares estén causando un grave daño al medio ambiente», ha asegurado en la Cámara el diputado regionalista Francisco Ortiz.

Solo frente a los leones, el diputado del PSOE Javier García Oliva, ha defendido la actuación del ministerio. «Todas estas políticas que ustedes critican son aplaudidas en Europa, por algo será». También ha aludido a una sentencia del Constitucional –del pasado 29 de julio– «en que el Alto Tribunal fijaba ya en 75 años la duración de las prórrogas; y ustedes le echan la culpa a la norma, que es posterior a esa sentencia». EN este sentido, ha finalizado su intervención aludiendo a que «sólo hay 60 casos de afectados por estos expedientes de prórroga en toda Cantabria».

«Son 60 casos hoy, pero hay muchas prórrogas que se han fijado en años anteriores y que serán revisadas. Ustedes son ecologistas de salón que no conocen la realidad de las familias afectadas por este nuevo Reglamento», le ha espetado el portavoz del PP como respuesta.