La UC guarda cautela tras hacerse pública la sentencia de las firmas falsas

La sentencia se basa en distintos informes periciales caligráficos y concluye que hay «significativas analogías» entre las firmas de Agüeros en las actas de contratación de 2012 -las que denunció que habían sido falsificadas-, y las que realizó en el juzgado el año pasado para poder cotejarlas. Las similitudes se dan en la ejecución, aspecto general de la escritura, la estructura y los rasgos identificativos de los 'gestos tipo'.

La pregunta ahora es: ¿Qué va a pasar con Manuel Agüeros tras demostrarse que la firma sí era suya y no fue falsificada como denunció? Antes de que este asunto llegase a los tribunales, la Universidad comenzó una investigación propia en relación al caso. Esta tuvo que detenerse cuando se inició el proceso judicial y, ahora que ha finalizado, la entidad tendrá que decidir si la retoma o no. A la espera de saber si Agüeros presentará recurso contra la decisión del juez, la UC tiene de nuevo vía libre para adoptar medidas en función de los resultados que obtenga de sus indagaciones, en las que ya se había completado la parte testifical. Además, Casares o Coto también podrían tomar medidas legales contra Agüeros por el daño causado hacia su imagen a raíz de la denuncia recién desestimada.

No es la primera vez que una denuncia de este profesor adjunto es archivada. En abril de 2019, el mismo juzgado desestimó la acusación que Agüeros había presentado en enero de ese mismo año contra el rector de la UC, Ángel Pazos, por presunta «prevaricación» en la adjudicación de plazas docentes en las ofertas públicas de empleo. El profesor aseguró entonces que tenía en su poder «una grabación de una conversación» donde se puede oír al vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Ernesto Anabitarte, «reconocer que las plazas en la mayor parte de los casos tienen detrás un nombre», a lo que el rector respondió, según la versión del denunciante, que «cuando sea muy escandaloso ese asunto se le echará mano». Entonces, el juez afirmó que no había habido ningún tipo de irregularidad, indicios de delito ni pruebas que lo atestiguaran.

Un mes después de que Agüeros denunciase que las firmas de las actas no eran suyas, Pazos aseguró que, durante todo ese tiempo, la Universidad había sufrido «un proceso de chantaje y amenazas». Esto se inició con el envío de una carta anónima al domicilio del rector en la que se le informaba sobre «una presunta falsificación de firmas en un proceso administrativo». Este mensaje también lo recibieron Casares, Coto, la Fiscal Superior de Cantabria, Pilar Jiménez, y el Jefe de la Policía Nacional, Héctor Moreno. La Policía Científica nunca pudo demostrar quién los envió porque «no contenían huellas latentes».