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Ha sido una investigación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria, cuyos agentes fueron quienes se dieron cuenta de que un centro de inspección de tacógrafos de vehículos pesados de Asturias podría estar funcionando de forma irregular. Las pesquisas de los ... efectivos de Cantabria se desataron al constatarse que vehículos de esta Comunidad a los que se comprobaban los tacógrafos parecían tener los resultados alterados. Sus investigaciones han dado como resultado la instrucción de diligencias sobre un varón de 53 años y vecino de Asturias como presunto autor de los delitos de falsedad documental y de estafa. Se sospecha que esta persona ha estado emitiendo informes técnicos con datos presuntamente falsos de los aparatos tacógrafos.
Según ha relatado fuentes de la Guardia Civil, a principios de este año, agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) detectaron irregularidades en los informes técnicos emitidos por un centro de inspección y ensayo de tacógrafos con sede en Asturias.
Los guardias se pusieron a investigar y, al analizar multitud de documentación de vehículos correspondientes a años anteriores, detectaron siete vehículos en cuyos informes técnicos -asociados a la calibración de los tacógrafos y a las placas de montaje donde se reflejan los parámetros de estos aparatos- había irregularidades.
Los investigadores pudieron comprobar que los informes descritos eran siempre emitidos por el mismo centro técnico de inspección, ubicado en la comunidad autónoma vecina. En estos informes se asignaban parámetros de calibración a los aparatos tacógrafos instalados en los vehículos sin haberse efectuado las comprobaciones pertinentes. Siempre según la versión de la Benemérita, los clientes recibían «informes oficiales con datos que no se ajustaban a la realidad». Es decir, la inspección no se abordaba «conforme a los requisitos técnicos establecidos».
«Esta alteración constituye un peligro para la seguridad vial, al no ofrecer garantías suficientes de que se haya hecho una correcta intervención sobre el aparato de control de los tiempos de conducción y descanso, que garantice su correcto funcionamiento», explican desde el cuerpo. Además, con estas prácticas «se genera una competencia desleal con el resto de los centros técnicos autorizados, en los que, si se desarrolla el procedimiento legalmente establecido, se requiere un mayor tiempo de permanencia en las instalaciones de los vehículos sometidos a inspección y verificación».
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