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JOSÉ CARLOS ROJO
Jueves, 1 de julio 2021, 06:51
Las alarmas saltaron el segundo fin de semana de junio en Castro Urdiales. El balance del macrobotellón celebrado dejó tres heridos con arma blanca, peleas, reyertas y numerosos actos vandálicos. Delegación de Gobierno desplegó al sábado siguiente más de 91 guardias civiles y los ... jóvenes buscaron una alternativa. La encontraron en Noja, donde este pasado fin de semana se desató una batalla campal que pronto estuvo de acabar con algún agente de la Policía Local herido. «Es un problema que tiene difícil solución», coinciden algunos de los alcaldes más afectados por un fenómeno que este verano está llamado a traer de cabeza a los municipios costeros más turísticos de Cantabria.
Los jóvenes se sirven de las redes sociales para organizar quedadas masivas allá donde la vigilancia decae. Son rápidos, reaccionan coordinados y en cuestión de minutos a los movimientos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y lo peor de todo es que un hecho tan simple como concentrarse en la calle para beber alcohol no sólo tiene implicaciones sanitarias, sino que también hace trizas esa imagen de seguridad frente al covid que le sirvió el pasado año a Cantabria para registrar cifras récord en el sector turístico.
La preocupación por los sucesosde los pasados fines de semana es máxima, y los más agoreros avanzan un verano muy «crudo» porque «lo peor está por venir en julio y agosto, cuando vengan todos los que tienen que venir», señala el regionalista Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Noja.
Miguel Ángel Ruiz- Noja
La suya fue la voz que solicitó con mayor intensidad el apoyo de la Guardia Civil los fines de semana. Pero la respuesta de la delegada de Gobierno, Ainoa Quiñones, fue clara: «No pueden estar persiguiendo el botellón. Es una competencia municipal. Nuestros agentes tienen otras cosas que atender y si se puede apoyar, se apoyará, pero quizá no podrá ser siempre», zanjó.
Aunque vistos los hechos del pasado sábado en Noja, que se repitieron el martes en otra noche de vandalismo «puro y duro», «quizá hay que pensar que ya no estamos hablando sólo de botellón, sino de seguridad ciudadana, porque esto ya no son sólo chavales bebiendo en la calle sino que son disturbios en toda regla, y la Policía Local no está para resolver esto», critica Ruiz. «Además de que no es su competencia, no tiene medios para hacerlo». El caso es que, los unos por otros, la casa sigue sin barrer.
«Lo que vemos nosotros, los alcaldes, es que no se pueden lavar las manos en Delegación de Gobierno y dejarnos como estamos. Nos piden que engordemos las policías locales, pero ya lo estamos haciendo. Pero es que por ley no podemos tener más efectivos de los que nos deja el porcentaje por población. Y es que en verano pasamos en Noja de 2.600 vecinos a 80.000», insiste el regidor.
Pide un apoyo real, o una alternativa legal «que nos permita tomar cartas en el asunto por nosotros mismos. Por ejemplo, yo no podría, a día de hoy, contratar una empresa privada para velar por la seguridad, porque no lo tengo permitido», explica el alcalde, cada día más preocupado por el alcance mediático de los hechos y de la mala reputación que eso le trae a la villa.
Gema Igual- antander
Un asunto que preocupa también en Somo, donde en los últimos meses ya se han visto conatos de macrobotellones que se echan al monte de Arna y que toman la playa, donde es más complicada la intervención de los agentes por tratarse de espacios abiertos, donde hay miles de puntos de fuga. «Todo esto va a tener una repercusión en la imagen de Somo como lugar turístico y el tiempo será testigo de lo que estoy diciendo», lamenta el alcalde de Ribamontán al Mar, el regionalista Francisco Asón.
«Aquí en verano llegamos a ser 30.000 personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Contratar a tantos policías como para atender a esa gente? No se puede, por ley, porque hay ratios. Pero es que además, lejos del verano, ¿qué haríamos con ellos en invierno?», lanza como respuesta a la delegada del Gobierno.
Este pasado sábado los agentes municipales avisaron a la Guardia Civil para intervenir en el monte. «Se concentran unos cuantos chavales y beben, lo ensucian, pueden llegar a pelearse... Es gente que viene de fuera y que sabe a lo que viene y nosotros, desde aquí, no podemos hacer más que avisar a la Guardia Civil», se disculpa el regidor de Ribamontán.
Francisco Asón- Ribamontán al Mar
Los efectivos de la Benemérita tampoco son abundantes. Y menos ahora, en los meses de julio y agosto, cuando al menos un tercio de la plantilla está de vacaciones. «Esa es otra. Si estamos mal en tiempos normales, cuando hay apenas unos pocos efectivos en el cuartel de Galizano, pues ahora ni te cuento. Ellos no tienen la culpa, porque hacen su trabajo, y lo hacen bien. El problema es que no podemos estar con esta escasez de medios», argumenta Asón.
En Comillas, más de lo mismo. Dice la alcaldesa Teresa Noceda, que la Guardia Civil es «inexistente» allí. Que hay una patrulla que debe recorrer San Vicente, Puentenansa, Potes, etc. «Cuando viene por aquí es porque pasa algo realmente grave», cuenta. Suerte que en aquella zona el botellón todavía no ha alcanzado tintes tan graves como en la parte más oriental de Cantabria, pero la situación amenaza con recrudecerse en los próximos días, y hay «miedo real» de la deriva de los acontecimientos. «La noche de este pasado martes tuvimos unas sesenta personas haciendo botellón, sesenta personas un día entre semana y cuando ni siquiera hemos alcanzado julio», advierte la regidora regionalista. «Nos preocupa mucho, nos estamos echando a temblar porque no queremos ni pensar qué puede ser en medio del verano», teme Noceda.
Teresa Noceda- Comillas
Lo cierto es que el botellón parece estar de moda. Más que antes. Ansiosos de vida, de aire libre y diversión, los jóvenes se están echando a la calle cansados de las restricciones que, un día sí, y otro también, cambian los criterios del ocio nocturno. Basta con escuchar sus argumentos: «Ya no sabemos hasta qué hora se puede estar en los bares, ni si se puede estar en las discotecas. Ha llegado un punto en que lo mejor es salir a la calle con los litros y montárnoslo nosotros», contaban hace unos días unos jóvenes en Santander.
El problema es cuando esa fiesta anárquica se va de las manos. La experiencia dice que lo único que se entiende en estos casos es cuando se resiente la cartera y es, precisamente, lo que han aplicado en Laredo. La ordenanza municipal eleva la multa allí por consumir alcohol en la calle hasta los 700 euros. Y aunque el pronto pago permita una reducción de un 50% de la cuantía, el golpe al bolsillo continúa siendo importante. «Aquí ha servido durante estos últimos años para que se corriera la voz y la gente anduviera con más cuidado. Los chavales se lo cuentan y al final son los padres los que tienen que hacer frente al pago de la sanción, con lo que además la incidencia trasciende y llega a los progenitores», detalla la alcaldesa, la socialista Charo Losa.
El botellón no ha alcanzado el caos en la villa pejina como sí ha ocurrido en la vecina Castro Urdiales o en Noja. «Tal vez ha sido precisamente por esto, porque tenemos una de las ordenanzas que más penalizan por beber en la calle de las que se conocen». Si acaso este pasado fin de semana se detectó un grupo no muy numeroso de jóvenes que bebían en el puerto. «Pero según nos vieron, se retiraron y recogieron las cosas, de forma civilizada», aclararon fuentes policiales al realizar balance de las actuaciones del fin de semana.
«Me preocupa la salud, por supuesto, eso es lo primero. Pero me preocupa también que todo este movimiento de quedadas termine por incrementar la incidencia de Laredo hasta situarnos en el semáforo rojo de covid. Algo que puede tener traducción en un daño económico por las duras restricciones que implica, como el cierre del interior de la hostelería», advierte Losa.
Andrés Ruiz Moya- Suances
Los más jóvenes, en una edad complicada y tras más de un año de limitaciones a las libertades, están deseosos de ocio y diversión; «pero no puede ser a costa de cualquier cosa. Hay que entenderles, pero también decirles que no pueden comportarse así, que hay que aguantar algo más», resume el regidor de Suances, el socialista Andrés Ruiz Moya, que también vigila con cautela que el botellón no se descontrole en su municipio. «Tienen que divertirse, eso me parece bien. Pero deben respetar las restricciones en la medida de lo posible, y no molestar a los demás vecinos. Eso es fundamental», reclama como una llamada a la responsabilidad global.
Charo Losa -Laredo
Un espíritu con el que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, trata de despertar la sensatez de todos. «Tenemos que poner los pies en la tierra porque la pandemia de coronavirus no ha acabado», señala, antes de volver a apelar a la responsabilidad individual y colectiva y a concienciarse sobre la realidad del momento. «Se trata de concienciarnos de cómo nos podemos divertir, vivir el verano y estar en el momento de salida de pandemia en el que estamos. Es que no estamos en que no ha pasado nada. No podemos estar en Cañadío como hace dos años, no se puede», expresa la regidora del PP.
Los cálculos de Moncloa son que, con el actual ritmo, en agosto se alcance la inmunidad de grupo con un 70% de la población vacunada. Hasta entonces será difícil hablar de otro escenario.
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