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La investigación del 'caso Gesvicán', en el que hay implicados dos técnicos de la empresa pública y tres empresarios por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras a cambio de mordidas, no solo se sustenta en una denuncia anónima, una conversación y anotaciones ... manuscritas en los cuadernos de Rucecan. Hay un cuarto indicio que señala a los dos principales actores de este trama derivada del 'caso Obras Públicas', los dos técnicos, y tiene que ver con su patrimonio.
Cuando los investigadores unieron la denuncia anónima con la conversación entre el jefe de Carreteras y el director de Senor, en el que este último hace referencia a supuestas tarifas que cobraban los citados técnicos por favorecer a ciertas empresas, el juez solicitó un informe patrimonial y análisis de las cuentas y movimientos bancarios de los dos principales investigados.
Ese estudio del Servicio de Vigilancia Aduanera, que abarca cinco años (desde 2018 a 2023), ha detectado que los dos técnicos de Gesvicán disminuyeron el uso de sus tarjetas de crédito como instrumento de pago, de lo que se desprende que aumentó el uso de dinero efectivo para afrontar sus gastos. «El cobro de cantidades económicas por su injerencia en el proceso de valoración de las ofertas, así como la preparación de las mismas o incluso por la posterior adjudicación de contratos, generaría dinero en efectivo, ya que no se ha apreciado en los movimientos bancarios ingresos extraordinarios que pudieran indicar el cobro de estas cantidades a través de cuentas bancarias».
Los investigadores consideran que ese menor uso de las tarjetas de crédito «podría indicar la existencia de dinero en efectivo de origen desconocido para efectuar pagos cotidianos». Además, entienden que ambos tienen tanto el «motivo» (económico), como la «oportunidad» (al ser ingenieros de Gesvicán), como los «medios» para favorecer a la mercantil Rucecan en detrimento de otras, a cambio de recibir una «contraprestación económica» a través de la encomienda de gestión del Gobierno de Cantabria, pudiendo emitir informes con valoraciones que la beneficien en la licitación de obra pública en la Consejería.
Según recoge Vigilancia Aduanera en sus informes, uno de los técnicos empezó a trabajar en Gesvicán en el año 2018 y su investigación patrimonial no aprecia indicios de incremento de patrimonio injustificado, ni han existido amortizaciones anticipadas del préstamo referente a su vivienda habitual.
Sin embargo, analizados los datos globales sobre los saldos en cuenta a finales de cada ejercicio, a partir del año 2020 se apreció una «capacidad de ahorro superior a la registrada en años anteriores», circunstancia que no deja de ser «anómala» para los investigadores puesto que, a tenor de lo que ha declarado, «sus retribuciones salariales han disminuido desde el 2018 sin que se tenga constancia de la existencia de ingresos procedentes de sucesiones, donaciones, loterías o cualquier otra fuente ilícita que justifique ese aumento en la capacidad de ahorro».
La investigación patrimonial del otro técnico ha resultado «más complicada» porque empezó a trabajar en Gesvicán en el año 2008, lo que dificulta a los agentes la obtención de información sobre la posible existencia de incrementos patrimoniales no justificados, «pues de haber existido es posible que se hayan diluido como parte integrante de la economía familiar».
El análisis de movimientos de las cuentas de este ingeniero aprecia una «disminución progresiva» del uso de la tarjeta de crédito a lo largo del periodo investigado (2018-2023) «que podría indicar la existencia de dinero efectivo para efectuar pagos cotidianos». La Agencia Tributaria destaca, además, que esa disminución de pagos con tarjeta coinciden con la llegada a Gesvicán del otro técnico investigado.
Para realizar estos informes, Vigilancia Aduanera recaba los ingresos y gastos declarados a través del modelo 347, es decir, las operaciones por importe superior a los 3.000 euros, quedando opacados el resto de movimientos y flujos registrados en las trasferencias bancarias, así como las entradas de dinero efectivo, «movimientos a través de los cuáles puede registrarse el pago de las comisiones que los investigados podrían estar cobrando por beneficiar a determinadas empresas».
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