Hacienda ordenó a Cantabria destinar 130 millones al mes para el pago a proveedores

En ese mes el ministerio de María Jesús Montero requirió hasta en dos ocasiones (la primera el 6 de enero y la segunda el pasado día 24) al Gobierno de Cantabria para que tome medidas y recorte la morosidad. El primer aviso pasó sin pena ni gloria, porque la Consejería de Economía hizo caso omiso a las medidas propuestas por Hacienda para agilizar los pagos.

Esa inacción provocó un segundo aviso ministerial, que colocó a Cantabria a un paso de la intervención si no corregía su rumbo. Esta segunda alerta sí surtió efecto. La consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, anunció ayer que este mes de febrero espera reducir a 30 días el periodo medio de pago a proveedores, lo que supondría una reducción de más de 76 días respecto a enero, cuando el PMP fue de 106 días.

En los tres últimos meses Cantabria acumulaba una demora importante en el pago a proveedores, que se incrementó mes a mes, hasta hacer saltar todas las alarmas. En noviembre la mora media fue de 90,37 días; en diciembre, se elevó a 93,55, y en enero, último dato facilitado por la propia Consejería de Economía y Hacienda, se disparó hasta alcanzar un retraso de 106 días, lo que situó a Cantabria a la cabeza de las comunidades autónomas más morosas.

Con estos datos en la mano, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, tomó cartas en el asunto. El 6 de enero efectuó un primer requerimiento, que cayó en saco roto, lo que obligó a Hacienda a repetir la comunicación de alerta el pasado 24 de enero, en la que requiere a la consejera cántabra para que destine 130 millones de euros al mes, como mínimo, al pago de proveedores hasta que Cantabria cumpla el plazo máximo de pago previsto en la normativa, que no debe superar los 30 días durante dos meses consecutivos.

Además, el ministerio de María Jesús Montero instó a Cantabria a que pague primero «las deudas comerciales de mayor antigüedad, especialmente del ámbito sanitario», que es el que acumula mayor morosidad. Así, el retraso en el pago medio a los proveedores del Servicio Cántabro de Salud fue de 113,15 días en noviembre, 117,7 días en diciembre y de 128,18 días el pasado mes de enero, un retraso que incumple de manera flagrante a la normativa.

Hacienda insta también a la comunidad autónoma a que «arbitre las medidas presupuestarias oportunas para asegurar las dotaciones presupuestarias necesarias», así como su adecuada distribución, de tal forma que «se garantice la cobertura puntual de los pagos», especialmente en sanidad. La comunicación advierte de que se trata de las mismas medidas que propuso a primeros de enero, «sin que la Comunidad las haya aplicado de manera efectiva para solventar la problemática».

La consecuencia de todo ello es que de manera inmediata Cantabria tiene que incluir en su plan de tesorería las nuevas medidas para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad.

Este último requerimiento tuvo su efecto porque ayer la consejera María Sánchez dio a conocer que espera reducir a 30 días el periodo medio de pago a proveedores en febrero, y en marzo la previsión es de 29,89 días. Así lo anunció en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento, en respuesta a una pregunta de la diputada del PP María José González Revuelta, quien considera que «es mentira que el próximo mes nos vayamos a poner al día» y que «en dos o tres meses estaremos igual porque no se toman medidas de fondo». Lo que la consejera no explicó es la reprimenda recibida por Hacienda el mes anterior.

El escrito del ministerio viene a dar la razón a las advertencias de la presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, quien el pasado día 12 avisó de que Cantabria «va camino a la intervención» al tiempo que reclamaba una «urgente rectificación» del «rumbo» de sus políticas económicas y presupuestarias. Según Buruaga, Cantabria superó el objetivo de déficit establecido (llegó a situarlo en el 0,8% del PIB frente al 0,1% requerido) lo que obligará a la región a aprobar un Plan de Reequilibrio Económico Financiero que «implicará recortes sobre el Presupuesto de 2020 y 2021 para reconducir una situación, a su juicio, «desbocada» ante un boquete económico que cifró en 170 millones de euros. La líder popular calificó de «incomprensible» que Cantabria viva esta situación cuando el contexto económico ha sido «extremadamente favorable» y «todavía lo es», aunque menos; cuando la comunidad es «líder en financiación autonómica», y cuando los cántabros «pagan más impuestos que nunca».