Cantabria sufrirá la mayor subida de impuestos de la gasolina: 4,8 céntimos por litro

El cambio consiste en la supresión del impuesto autonómico que dejaba libertad a cada comunidad para gravar con hasta 4,8 céntimos el litro de carburante. Cantabria, al igual que Castilla y León, País Vasco, Navarra y La Rioja, no lo estaban aplicando. Repostar en estas comunidades era mucho más barato para los conductores y transportistas. Una circunstancia que aprovechaban los vecinos de las comunidades limítrofes.

Hacienda basa esta subida de impuestos en una normativa europea que prohíbe la existencia de diferencias fiscales entre los territorios de un mismo país. Hasta ahora los carburantes contaban con tres tipos de impuestos en España. El impuesto general (43,1 céntimos por litro de gasolina y 30,7 por cada litro de diésel), el impuesto especial (2,4 céntimos por cada litro de gasolina y diésel) y un impuesto autonómico (de hasta 4,8 céntimos por litro, que Cantabria no aplicaba).

Con la reforma tributaria de Hacienda, todas las autonomías deberán integrar esos 4,8 céntimos en el impuesto especial, que pasará de 2,4 céntimos a 7,2 (2,4 céntimos del hasta ahora impuesto especial más los 4,8 céntimos del tramo autonómico). Por tanto, el precio final del carburante no subirá en aquellas comunidades que ya estaban cobrando esos 4,8 céntimos. En el resto, las que no se veían afectadas hasta ahora, como Cantabria, verán subir la gasolina y el diésel 4,8 céntimos más por litro.

El plan del ministro Montoro es «garantizar la unidad de mercado en el mercado de los combustibles, integrando el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo especial (…) Todo ello dentro del marco normativo comunitario», según reza el texto en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Uno de los sectores más afectados en Cantabria es el de los transportistas. La norma actual les devolvía hasta ahora esos 4,8 céntimos cada tres meses cuando repostaban en comunidades donde sí se aplicaba el tramo autonómico. Ahora no parece claro que les vayan a devolver la subida, ya que formará parte del impuesto nacional. Sea lo que sea, se muestran en contra de la reforma tributaria. «El problema es que mientras se produce el reintegro tenemos que asumir nosotros ese gasto tan elevado», explica Ignacio del Castillo, secretario general de la Asociación de Empresarios del Transporte de Cantabria (Asemtrasán). «Cada vez que sube el gasóleo es una mala noticia. Nosotros no podemos trasladar al cliente el adelanto en el aumento de los costes», añade. Hasta ahora, Hacienda devolvía los 4,8 céntimos extra cada tres meses.

«Un transportista que haga un viaje de ida y vuelta entre Santander y Barcelona deberá asumir a partir del año que viene un sobrecoste de 250 euros», explican desde Asemtrasán. Por eso, recomiendan a todos los profesionales del transporte que se den de alta en Hacienda en la categoría de gasóleo profesional, para así poder beneficiarse del reintegro de los 4,8 céntimos por litro (si es que Hacienda lo permite con el nuevo impuesto). Aunque no todos pueden hacerlo. La norma dice que podrán acogerse a este beneficio aquellos conductores profesionales con vehículos superiores a 7,5 toneladas. El resto, como los conductores de turismos, deberán asumir íntegramente la nueva tasa.

El incremento de la presión fiscal sobre los carburantes a nivel autonómico se produce tras la proposición de los expertos consultados por el Ministerio de Energía para abordar el cambio en la política estatal hacia un modelo mucho menos contaminante. La intención es que el litro de diésel cueste alrededor de 1,4 euros y aprovechar la subida impositiva para financiar la tarifa de la electricidad y el coste del mantenimiento de las carreteras.

El asunto de las fronteras fiscales en los carburantes viene de 2012, cuando el Gobierno de España decidió poner en marcha el denominado 'céntimo sanitario', los 4,8 céntimos por litro extra que se aplicaron para financiar la Sanidad y políticas medioambientales. Dos años después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo declaró ilegal. En Cantabria lo activó de forma íntegra el Gobierno de Ignacio Diego (PP), que lo redujo después a 2,4 céntimos por litro y lo eliminó en 2015 antes de la llegada al poder del bipartito PSOE-PRC.