Hacienda propone una reforma de la financiación autonómica según la población ajustada

En este texto, Hacienda propone un cálculo de población ajustada, una de las variables del modelo de financiación que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales, tal y como estaban pidiendo las regiones conocidas comúnmente como 'infrafinanciadas': la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. De las reclamaciones de Cantabria y las otras siete comunidades reunidas en la cumbre de Santiago, se tienen en cuenta algunos aspectos. Estos pedían que la financiación no solo se fijara en la población real sino en sus necesidades de gasto reales influidos por la forma en la que la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población afectan a los costes reales de los servicios sociales. Así el documento remitido por el Ministerio que dirige María Jesús Montero tiene en cuenta variables correctivas de carácter geográfico y demográfico como la superficie, la dispersión o la insularidad, y se han incluido elementos correctores por despoblación. También se concretan las franjas de edad de la población, aumenta la ponderación del gasto sanitario y se incluye un nuevo grupo en materia de servicios sociales, que serían los mayores de 80 años.

A partir de ahora, las comunidades autónomas tienen varias semanas para remitir al Ministerio su opinión sobre el primer borrador del nuevo modelo y también sus aportaciones y propuestas de variación a partir del documento inicial. Desde la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria no se atreven por el momento a hacer una valoración sobre el texto debido a su complejidad técnica y a los muchos aspectos que tiene en cuenta a la hora de hacer la cuenta que dé la cifra total de las partidas que el Estado transferirá a los territorios.

De hecho, el Ejecutivo autonómico no concreta ni siquiera si la región se verá beneficiada o no por este nuevo método de cálculo. En los próximos días, el departamento que dirige la socialista María Sánchez terminará de desgranar el borrador, un asunto en el que desde este viernes está trabajando todo el equipo de altos cargos de la Consejería.

El informe parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación, por lo que Hacienda defiende que se han tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas que han participado en estos encuentros.

En este contexto, el Ministerio de Hacienda defiende que la propuesta del Gobierno considera que la población ajustada es la variable más representativa de las necesidades de gasto, algo sobre lo que, según señalan, «existe un notable consenso». No obstante, sostienen que es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto.

En cualquier caso, el Gobierno también ha analizado «empíricamente» la distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto por funciones. En concreto, se han analizado indicadores básicos de necesidades de gasto de las comunidades en sanidad, educación y servicios sociales, así como el gasto en otros servicios autonómicos.

Además, reivindican que se han tenido en cuenta variables correctivas de carácter geográfico y demográfico como la superficie, la dispersión o la insularidad, y que se han incluido elementos correctores por despoblación, teniendo en cuenta los costes fijos vinculados al gasto.

En el caso del gasto sanitario, el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en siete tramos de edad. En la propuesta, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, de modo que, según Hacienda, se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias.

Asimismo, la propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados, servicios primarios de salud, farmacia, consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.

Con todos estos elementos, el gasto sanitario pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40 y el 45%.

En esta propuesta, Hacienda también defiende que se incorporan las necesidades en materia de educación para etapas universitarias o de la Formación Profesional. La ponderación de esta variable de gasto en educación también se incrementaría hasta una horquilla que varía entre el 25-30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria el resto.

La propuesta remitida a las CCAA incluye un nuevo grupo en materia de servicios sociales, que serían los mayores de 80 años. Asimismo, se incluye una variable que serían los parados sin prestación por desempleo.

La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5% y pasaría a ser entre un 6 o un 10%. Dentro de esa variable, el padrón de las personas mayores de 60 años pesaría entre un 80 o 90% y el de los parados entre un 10 o 20%.

Respecto al gasto en el resto de servicios, Hacienda propone mantener la estructura actual respecto a esta variable, de modo que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada, lo que reduciría su ponderación a un baremo entre el 18 y el 22 por ciento.

Los ocho presidentes autonómicos de la España despoblada se reunieron hace unas semanas en Santiago de Compostela para sumar fuerzas a la hora de pedir que se tuviera en cuenta la dispersión de la población en la reforma del nuevo sistema de financiación.

En este contexto, Hacienda defiende que los factores no poblaciones pasan de una ponderación del 3 por ciento en el sistema actual, a una horquilla entre el 3 y el 4 por ciento. Así, contemplan la superficie, la despoblación, la dispersión de la población, la insularidad.

Sin embargo, una de las novedades de este sistema tiene que ver con la incorporación a la población ajustada de la variable correctiva ligada a los costes fijos o a las economías de escala.