Hacienda reclama tres millones de euros a los municipios cántabros por la liquidación de 2017

El mecanismo no es para nada excepcional. Cada ejercicio, a principios de año, el Ministerio de Hacienda hace una estimación del dinero que va a ingresar a través del cobro de impuestos y, en función de esa previsión, envía a los ayuntamientos de toda España la parte del pastel que le corresponde. Lo ideal es que el cálculo se ajuste lo máximo posible a la realidad. ¿Por qué? Pues porque después viene la liquidación presupuestaria, una labor contable que se hace con dos años de demora y que consiste en comprobar que la cantidad entregada es la que realmente le correspondía. Pueden pasar dos cosas. Cuando el Estado se queda corto, envía un cheque con la diferencia. Ahí no hay problema. El escenario contrario, con el que se acaba de topar la mayoría de municipios cántabros, es más desfavorable.

El departamento que dirige la ministra María Jesús Montero notificó en el mes de diciembre a los alcaldes el resultado de la liquidación de 2017. La cosa no fue bien. En suma, los ayuntamientos de la comunidad autónoma tendrán que reembolsar los 2,98 millones de euros que reclama Hacienda. De los 102 municipios de Cantabria, a 92 les sale a pagar y a los diez restantes a devolver. En este segundo grupo, en el que se repartirán exactamente 201.218,02 euros, se encuentran Ampuero, Entrambasaguas, Limpias, Ribamontán al Monte, Rionansa, San Miguel de Aguayo, Tresviso, Tudanca y Valdeolea, además de Laredo, a la que le corresponde más de la mitad. En el caso de Tresviso, por ejemplo, Madrid enviará poco más de 72 euros que apenas dan para pagar una mensualidad de la factura de la luz. Pero es lo que ha resuelto la calculadora del Ministerio.

El asunto ha generado inquietud entre los afectados. Sobre todo entre aquellos que tienen que hacer un mayor esfuerzo económico, que son los más pequeños. De hecho, fue uno de los temas que se pusieron sobre la mesa en la última reunión de la Ejecutiva de la Federación de Municipios de Cantabria. Su presidente, Pablo Diestro, explica que en esa cita hicieron números y comprobaron que la desviación media entre el dinero que recibieron y el que les correspondía no era muy elevado. En cifras totales, Hacienda envió en 2017 a Cantabria -Santander no se incluye en esta relación porque tiene un régimen especial de recaudación- 72,7 millones de euros. Ahora, dos años después, se ve que es un 4,2% más que lo que le tocaba en el reparto nacional.

Ese 4,2% de más es de media, lo que ocurre es que las diferencias entre unos municipios y otros es muy grande. En términos absolutos, el ayuntamiento que más tiene que pagar es el de la capital, al que Hacienda le reclama 1,5 millones de euros, seguido de Torrelavega y Camargo (como aparece en la tabla superior). Un pellizco importante, pero asumible por la cantidad de dinero que reciben anualmente en sus cuentas del Estado.

En términos relativos, este pellizco se convierte en un auténtico «puñetazo en el hígado» en lugares como Soba. Allí tienen que reembolsar 24.117,90 euros de los 201.127,57 iniciales. Es más de una décima parte. «Nos mandaron una carta y nos dieron dos meses para alegar. Lo que pasa es que no te explican nada. No sabes por qué nosotros tenemos que devolver un 10%, por qué otros más, por qué otros menos... Por suerte tenemos remanente para asumirlo, pero ese dinero se podría usar aquí para muchas cosas», apunta el alcalde, Julián Fuentecilla, que se consuela pensando que hay otros municipios en una situación peor.

El regidor lamenta que es imposible entender los criterios que utiliza el Estado a la hora de hacer los números. Unos criterios que dejan como el mayor damnificado a San Roque de Riomiera. En los próximos meses tendrá que devolver 33.478 euros: uno de cada tres euros que recibió en 2017. El 31%. La desviación también supera el 10% -para mal- en Santiurde de Reinosa, Pesquera, Pesaguero, Molledo, Cieza y Arenas de Iguña. Fuentecilla recuerda que, al contrario de lo que ocurre con la financiación autonómica, en la financiación municipal la única referencia para hacer el reparto es la población. Ni el envejecimiento, ni la dispersión, ni el coste de los servicios... También que al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, le importe más competir por tener la mejor iluminación navideña que acabar con estos desequilibrios que afectan a las localidades rurales.

Diestro, presidente de los municipios cántabros, entiende que las grandes localidades no tendrán problemas para pagar, pero le preocupan las pequeñas. «La desviación global no es muy grande. En nuestro caso (Reocín, donde es alcalde) son 69.400 euros. Cuando lo vi me parecía mucho. Lo comenté con la interventora y me dijo que era un margen normal sobre el 1,4 millones que recibimos», apunta el regidor, y subraya que habitualmente Hacienda ofrece facilidades de pago.

Para Pedro Pérez Noriega, concejal de Economía de Torrelavega, el medio millón de euros que le reclaman también se ajusta a la serie histórica. «En 2017 todavía quedaban los restos de la crisis e igual no se recaudó tampoco como se pensaba en la estimación inicial. Posiblemente con la liquidación de 2018 ocurra lo contrario y nos tengan que pagar», adelanta.

De eso no se queja, pero sí de lo que parece un cambio en esas facilidades a las que hacía referencia Diestro. Hasta ahora, los afectados tenían 10 años para que el pago fuera menos traumático para evitar tensiones de tesorería. Este año, a la capital del Besaya le han quitado ya de golpe 339.192 euros: «El problema es que lo hacen desde Madrid sin preguntar. A nosotros nadie nos ha pedido opinión. Lo han deducido y listo».