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ÁNGELA CASADO
SANTANDER.
Martes, 17 de julio 2018, 12:03
El primer día del campamento de verano de Hazas de Cesto, Alejandro Solana y su hermana Valentina se dirigieron de la mano de su madre al lugar donde iban a iniciarse las actividades. Las bases para apuntarse eran muy sencillas. Debía realizarse un pago en ... el banco y entregar el comprobante en el Ayuntamiento, junto a un formulario con varios datos básicos como el nombre y los apellidos. Los requisitos para los niños se reducían a uno y consistía en que su edad estuviera comprendida entre los cuatro y los doce años. La mayor tiene siete y no es la primera vez que se apunta al campus, por lo que tenía la ilusión de compartir la experiencia con su hermano pequeño, que cumplirá cinco próximamente. Al llegar, tuvieron que enfrentarse a una situación violenta. La monitora del campamento les comunicaba que Alejandro no podía participar porque tenía síndrome de Down y no contaban con personal formado para hacerse cargo de él. Igual que llegaron, se fueron. A Valentina ya le han explicado que su hermano «es especial», pero todavía no tiene la madurez necesaria para comprender todo lo que supone tener una discapacidad. De vuelta en casa, le preguntó a sus padres sobre el altercado entre lágrimas.
Alejandro Solana, padre de los pequeños, había realizado la inscripción con dos semanas de antelación -les apuntó el 19 de junio y la actividad comenzaba el dos de julio- en el campamento de verano municipal del Ayuntamiento. «Es un pueblo pequeño en el que nos conocemos todos, pero aún así expliqué la condición de mi hijo antes de matricularle», explica Solana. No le pusieron ninguna pega y le aseguraron que los monitores podrían hacerse cargo de él, un mensaje totalmente contrario al que se encontraron en el campus. Lo apuntaron por la seguridad que mostró la persona encargada de recoger las solicitudes, ya que también habían valorado llevarlo a otro campus de Santoña donde sabían de primera mano que atendían a niños con síndrome de Down. «Al final, por comodidad, lo inscribimos en Hazas de Cesto porque vivimos aquí desde hace 14 años y su hermana estaba contenta de años anteriores», confirma Solana.
Alejandro Solana | Padre
Desde el Ayuntamiento, «sólo me han puesto excusas. Primero me dijeron que el niño no podría realizar actividades como andar en bici o nadar y, después, que no había presupuesto para un monitor especializado», protesta Solana. Los padres del pequeño reconocen que hay actividades que no puede realizar, pero que «en otras instituciones tanto públicas como privadas» buscan alternativas para aquellos con alguna discapacidad o limitación, como talleres o juegos en una ludoteca. «El único trato diferente que requiere mi hijo es cambiarle el pañal a media mañana, y no siempre es necesario», apunta.
La presidenta de la Fundación Síndrome de Down Cantabria, Elisa Irureta, explica que las empresas privadas y los Ayuntamientos tienen, por norma general, una actitud positiva cuando se trata de integrar a niños con síndrome de Down. Las normativas de los diferentes cursos suelen hacer referencia a las plazas destinadas a niños con discapacidad.
«Trabajamos para que todas las escuelas sean inclusivas, y lo mismo pensamos sobre las actividades de ocio», explica. Destaca que, aunque es habitual que surjan estos conflictos y existan bases en las que no se contemple, «las entidades suelen aprender de sus errores e incluir a las personas con discapacidad en sus siguientes programas».
El alcalde de Hazas de Cesto, José María Ruiz, reconoce que en las bases de inscripción del campus no se hace referencia a que los niños con algún tipo de limitación no puedan participar. «Nunca habíamos tenido ningún caso», admite. Explica que han intentado contratar a algún monitor con la formación necesaria para atender a Alejandro, pero que «resulta imposible a estas alturas». La contratación debe realizarse por concurso público y es necesario invertir varios meses para resolverlo, explica. Aunque baraja otras opciones, aún no ha encontrado una solución «que proponer a sus padres». El día 2 de julio, después de que la monitora no permitiera al niño participar en el campus, Solana exigió un escrito en el Ayuntamiento en el que se explicase con exactitud cuáles eran las razones por las que su hijo había sido rechazado. Aunque todavía no ha recibido respuesta, Ruiz asegura que están redactándolo y se lo entregarán cuando «puedan ofrecerle una solución».
Con la exposición de su caso, Solana pretende ayudar a otras familias que estén en situaciones similares y no se atrevan a alzar la voz. También quiere que su hijo pueda relacionarse con otros niños de su edad. «Su vida va a ser más difícil que la de los demás y sólo quiero que pueda disfrutar de un campamento de verano», se lamenta. Estos cursos, organizados y ofertados por el Ayuntamiento, son de ámbito público y «no deberían excluir a nadie». Aunque en los que organizan empresas privadas pueden poner las normas que consideren, Solana asegura que nunca ha vivido una situación similar.
José María Ruiz | Alcalde
El alcalde reconoce que no se tuvo en cuenta la posibilidad de contar con apoyo para niños con discapacidades porque es una localidad pequeña en la que no se apuntan «más de 25 niños» y en la que anteriormente no se había inscrito nadie con algún tipo discapacidad. Aunque es «complicado» encontrar una solución para este verano, asegura que «se valorará y se tendrá en cuenta para el año que viene». Pero Solana no confía en que se solucione y considera que su hijo ha sufrido «una discriminación en toda regla».
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