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La ya exvicepresidenta tercera y exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se llevó una de las ovaciones más rotundas cuando esta semana salió adelante la nueva Comisión Europea que dirige Ursula von der Leyen y en la que la española sustenta la cartera ... con más peso como número dos del gabinete. El prestigio de Ribera a nivel internacional –a nivel nacional tampoco se cuestiona su impulso a los asuntos medioambientales desde el Gobierno de Sánchez y el liderazgo en asuntos como la excepción ibérica para reducir el precio de la luz– es tan evidente como el mal sabor de boca que ha dejado en Cantabria. Quizás por eso sus visitas a la región han sido mínimas.
La decisión de incluir el lobo en la lista de especies protegidas para impedir el control poblacional en contra de las comunidades loberas ha pesado tanto que desdibuja el resto de cuestiones, pero lo cierto es que la mayoría de carpetas que recibió cuando cogió la cartera en 2018 siguen abiertas en los despachos del Ministerio. Ahora, pasarán a manos de su sucesora, Sara Aagesen, que en medio de escándalos políticos y judiciales ha tomado posesión esta semana sin impacto mediático.
El caso paradigmático de la herencia cántabra de Ribera es Vuelta Ostrera. Cuando llegó la ahora vicepresidenta europea la depuradora estaba pendiente de solución y seis años después sigue igual. No ha habido avances significativos en el saneamiento de las marismas de Santoña, en los espigones, en los asuntos del agua... Y hacia atrás ha ido la solución –al menos la que pide Buruaga– a los afectados de la Ley de Costas. En su apoyo a las renovables, Ribera sí dio el 'ok' al parque eólico de El Escudo, un asunto que también le ha generado enemigos en Cantabria.
El «equilibrio» que Cantabria afirma que existía entre las políticas de recuperación de la especie y el control poblacional para minimizar los daños al ganado se rompió con la decisión de Ribera de prohibir las extracciones de lobos. Ahora, la Consejería de Desarrollo Rural ha enviado un nuevo censo de lobos a Madrid, una de las condiciones que pedía el Ministerio para dar permisos de caza de forma excepcional. Aagesen será la que tenga que resolver esos expedientes. De forma general, parece difícil que cambie la política respecto al lobo.
Durante la etapa de Ribera se han destinado cientos de miles de euros a la redacción de informes de ubicación, ambientales, de alternativas, para proyectos de construcción de la nueva depuradora, de derribo de la actual... La realidad es que Vuelta Ostrera sigue donde estaba pese a las sentencias judiciales. Confederación asegura que en 2025 habrá ya movimiento de máquinas en la depuradora tras muchos años de tramitación. De ser así, Aagesen tendrá que buscar el dinero para pagar las obras, valoradas en 127 millones de euros.
Todos los proyectos de generación energética –en el caso cántabro, eólicos– que superen los 50 megavatios los tiene que resolver el Ministerio para la Transición Ecológica. Ya dio el visto bueno a El Escudo y hay otras actuaciones pendientes. Quizás en esta materia –la energía– es donde haya habido más avances, aunque con retrasos respecto al calendario previsto. Parece que no habrá problemas para acometer la ampliación de Aguayo y que las millonarias ayudas para transición ecológica de industrias comiencen a llegar.
En la política del agua hay varios asuntos pendientes en la mesa del Ministerio que ahora tendrá que resolver Aagesen. Primero, la petición de Cantabria de asumir las competencias de los ríos para poder acometer limpiezas, actuaciones y permisos sin esperar la respuesta de Confederación. También tiene que resolver Madrid la solicitud para la captación de agua del pantano del Ebro en verano, que está a punto de caducar. Y ya es histórico el retraso en la obra del saneamiento de las Marismas. Lo tiene que ejecutar el Estado.
El histórico problema de los afectados por la Ley de Costas estaba solucionado, pero la creación de un nuevo reglamento que desarrolla la norma y la negativa del Ministerio para la Transición Ecológica a renovar las autorizaciones de ocupación de terrenos en dominio público marítimo-terrestre ha vuelto a generar inquietud en Cantabria. Viviendas, ganaderías, talleres, pequeña fábricas conserveras... Buruaga pide renovar las concesiones y Madrid avisa de que son suelos ganados al mar y del riesgo de inundaciones.
Tras la moción de censura que hizo presidente a Sánchez, el PSOE prometió que retiraría los espigones de La Magdalena para dar así cumplimiento a la petición del Ayuntamiento y del Parlamento de Cantabria. Es cierto que paró la construcción del segundo dique, pero, tras realizar estudios ambientales, anuncia que el que ya está levantado se queda. Una solución intermedia que no contenta del todo a nadie. Lo que no está solucionado es el asunto de los rellenos de arena, que Gema Igual seguirá reclamando a la nueva ministra.
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