Hostelería calcula que en Cantabria hay 2.500 pisos turísticos ilegales

El cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 excluyó el fin turístico de los alquileres y dejó su regulación en manos de las comunidades autónomas. Para simplificar, contratos como vivienda estable. Si se considera uso turístico debe estar a lo regulado por cada gobierno regional. Aquí, para poder hacerlo a día de hoy, hay que estar registrado en la Dirección General de Turismo y cumplir con unos requisitos. Ese es el procedimiento hasta que se apruebe el decreto que prepara el Ejecutivo. El caso es que con la proliferación de páginas webs de anuncios, esta forma de sacar unos ingresos extra se ha disparado. Sin muchos problemas hasta que la Administración tomó cartas en el asunto. Primero con advertencias a los portales de anuncios. Después, con multas.

Este periódico publicó en abril que ya se impusieron sanciones de hasta 30.000 euros a propietarios de 48 viviendas de uso turístico en situación ilegal. «Esta misma mañana he firmado otros cuatro inicios de expedientes sancionadores. Y todos los días firmo alguno», comentaba esta semana a El Diario Montañés la directora general de Turismo, Eva Bartolomé.

¿En qué situación estamos a día de hoy con el verano a la vuelta de la esquina? «Desde el momento en que hemos empezado a sancionar hay mucha gente que ha quitado los anuncios y ha empezado a registrarse. Muchos están iniciando los trámites». Por eso, respecto a la cifra que da Hostelería, entiende que «es difícil hacer estimaciones». «No todos lo alquilan a través de plataformas. A veces lo hacen a través de agencias y me consta que hay casos hasta de establecimientos hoteleros que gestionan pisos». Según explica Bartolomé, «en el ámbito rural es fácil de detectar dándose un paseo o en las mismas posadas de los pueblos, porque todos saben quién alquila habitaciones». La cosa cambia en los núcleos urbanos. Santander, Laredo, Castro, Noja... «Aunque aquí el problema es mucho menor que en la costa mediterránea, Madrid o Barcelona...».

Para hacerse una idea, según 'AirDNA' -que ofrece datos sobre el portal 'Airbnb'-, en el sitio web más popular para estos anuncios esta semana se publicitaban 610 pisos en Santander, 142 en Ribamontán al Mar, 116 en Castro, 98 en Noja, 87 en Piélagos o 92 en Val de San Vicente. Y son sólo algunos ejemplos de los municipios más significativos -obviamente incluye también los pisos que se anuncian legalmente-. Sólo en esta página web -que no es la única- salen 2.729 anuncios repartidos por toda la región. Para la capital, en la web se calcula un precio medio de 73 euros por noche.

La responsable de Turismo explica que, tras elaborar un borrador y reunirse con las asociaciones del sector, el decreto que preparan está ahora en manos de las secretarías de las consejerías para que hagan alegaciones. «¿Quién sabe cuándo estará? No está en nuestras manos. Hay que ver las alegaciones, negociarlas, el tiempo que tarde después el Consejo de Estado... Llevamos con esto toda la legislatura. Es un tema muy complicado y hemos hecho correcciones viendo lo que el Tribunal de la Competencia ha tumbado en otros sitios. La intención es salvaguardar lo importante. Que el que tenga intención de crear riqueza lo haga, pero cumpliendo unos requisitos imprescindibles de seguridad, competencia leal y transparencia económica». Bartolomé cree, de hecho, que «el Estado debería tomar cartas en el asunto» más allá de los reglamentos concretos de las comunidades, «en los que se desmenuzarían los requisitos concretos».

Pero, entre tanto, la realidad actual en Cantabria es que, o uno se registra en Turismo o no puede alquilar su piso para fines turísticos. Está prohibido.

«Siempre ha sido normal alquilar pisos así en El Sardinero, pero ahora no se puede», afirma Marisa Madina Beitia, del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cantabria. «Ha habido mucha permisividad, pero ahora se cortan las cosas de raíz», añade la experta, que asegura que en su sector ahora no se hace. «No lo hacemos porque no hay normativa vigente -explica-. Aquí estamos en veremos porque no hay nada claro y la idea es que se prohíba. Las viviendas son viviendas y los alquileres tienen que ser convencionales. No hay claridad jurídica». Habla de «limbo jurídico» y de internet como un mercado «que está arrasando con todo».

«Economía colaborativa, sí. Libre competencia, por supuesto. Pero economía sumergida y competencia desleal, no. Y sólo con declararlo no es suficiente», asegura Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hostelería. Presentaron varias alegaciones al borrador de Turismo. De entrada, que la licencia que se otorgue sea para cada vivienda («porque hay gente que registra una y alquila seis o siete»), pero también que entre los requisitos se incluya un certificado de permiso del presidente de la comunidad de propietarios en el que esté la vivienda y entre las obligaciones, pasar un listado de clientes a la Policía. «Esto último es muy importante. Todos tenemos la obligación de hacerlo. En estos tiempos, imagina que ocurre algo y no hay registro de estos datos. Sería mortal para el turismo».

Cuevas cuenta cómo calcularon la cifra de ilegales y que después presentaron un centenar de denuncias. Con el verano ya casi encima y a falta del decreto, exige que «se pongan las cosas en orden». «Las inspecciones -critica- no son tan periódicas como deseamos. Pedimos que se hagan más porque se hacen muy pocas. Tienen que estar registrados. Es cierto que algunos están en situación legal, pero por dejadez o descuido no ponen el número de registro. No hay problema. Se investiga y no pasa nada si todo está correcto. Pero venimos de un invierno duro por el tiempo y porque la previsión meteorológica en los puentes fue aún peor que el propio tiempo. Con el verano a la vuelta de la esquina, en Turismo deberían actuar con rapidez. Pero la Administración es muy lenta y tengo dudas de que se pongan las pilas».

Bartolomé 'salta' al transmitirle estas palabras. «Radicalmente no», responde. «Todas las denuncias que nos llegan por vía de las asociaciones o por otras vías las cursamos. Todas se estudian y se siguen». Incluso, en ocasiones, con datos confusos, poco concretos. «Hay veces que con la información que dan es imposible localizar la vivienda. También nos hemos encontrado con personas que retiraron los anuncios o que regularizaron la situación».

Piden ayuda, que las denuncias incluyan pantallazos de los anuncios. Y también pide comprensión. «Nunca hemos dejado de pisar el acelerador. Se sanciona, caiga quien caiga. Pero tenemos el personal que tenemos porque existe una ley nacional que fija las plazas. Hay cinco inspectores. Cada dos años se inspeccionan todos los establecimientos registrados, atienden denuncias de clientes... Se hace todo lo que se puede. Nos hemos reunido con la Policía Nacional, la local y la Guardia Civil para que sepan cómo detectar los establecimientos. Hoy ha llegado una denuncia por esta vía. Además, cuando rastreas una denuncia, a veces se topan con otro y se actúa de oficio. Pero es materialmente imposible estar sólo a esto».

La realidad es que se alquilarán pisos sin registro este verano. Ya hay, de hecho, reservas. «La gente que viene difícilmente vendría a Cantabria si tuviera que pagar un hotel. No creo que sea competencia directa. Además, hay ocasiones en las que, por una cosa o por otra, en temporada alta, el apartamento se queda vacío. El rendimiento económico no es tanto y muchas personas de clase media tienen una segunda vivienda porque la han comprado con esfuerzo. Si pueden sacarle un rendimiento, no debería haber mucho problema». Eso lo dice la propietaria de un apartamento en la costa occidental. Uno de los considerados ilegales. Se alquila. «¿Qué diferencia hay entre alquilarlo cinco días o más tiempo? ¿Por qué una cosa se puede y la otra no?».