La huelga de letrados de Justicia pone en peligro el pago de pensiones de alimentos o indemnizaciones

Lo explica Julio Antolín, delegado cántabro del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Con situaciones concretas. En el ámbito penal, una sentencia condenatoria a una compañía de seguros. Debe pagar un dinero en forma de indemnización y lo hace consignando la cantidad en esa cuenta. Pues bien, si la huelga no se resuelve, el dinero no llegará por el momento al indemnizado (imaginemos el caso de una persona con secuelas tras un accidente de tráfico que necesita de rehabilitación). Tampoco el de las multas –es otro caso práctico– llegará al Tesoro Público tras ser depositado en la cuenta.

Con un segundo matiz, más allá del puramente económico. Si las transferencias no se completan, tampoco se archiva el procedimiento de ejecución. No se da por concluido, por cerrado, el asunto. O sea, que se para la actividad en el terreno económico, se atasca, pero también en lo relativo a lo procesal.

Más casos. En el ámbito civil. El pago, por ejemplo, que se determina otra vez de una compañía de seguros a una comunidad de propietarios (que está pendiente de ese dinero para afrontar una obra). O la retención que se hace en el salario de una persona que no está pagando la pensión alimenticia. Los mandamientos de pago se expiden entre el 1 y el 5 de cada mes y, por eso, un buen puñado de personas puede notarlo en el arranque de febrero, a partir de la semana próxima. En las fechas que suelen recibir ese dinero, esta vez no llegará. Hablamos de una situación muy frecuente, con multitud de casos hoy en día. Para hacerse una idea de la magnitud sólo hay que recordar que en Cantabria hay juzgados especializados en el ámbito familiar.

Y por seguir con situaciones concretas, también en el terreno de lo social. Es el caso de las indemnizaciones por un despido, otro hecho habitual.

La casuística es muy variada. El pago de las costas judiciales que se decreta en una sentencia también pasa por aquí. Y hay que señalar que es previsible que esos 22 millones de euros que hay actualmente en las cuentas de depósitos y consignaciones de los juzgados cántabros crezcan en los próximos días si no se llega a un acuerdo para solucionar el conflicto con los Letrados de la Administración de Justicia –por evitar confusiones, es este colectivo concreto el que está en huelga, no los letrados a secas–. Seguirá entrando dinero, pero sin salir (esta actividad, según explica Antolín, no está contemplada en los servicios mínimos).

Los profesionales recuerdan que también tiene efecto sobre los embargos que se pueden decidir sobre saldos bancarios o devoluciones de renta a cargo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dependen de la orden telemática que se emite y que llega directamente a los bancos o a Hacienda. Sin orden, no se están ejecutando. Así que, cuando se quiera proceder a embargar, los afectados han podido sacar el dinero de sus cuentas o la AEAT haber procedido a la devolución correspondiente.