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El pasado mes de noviembre, la Consejería de Inclusión Social hizo, a través de este periódico, un llamamiento a la sociedad de Cantabria ante la escasez de hogares disponibles para la acogida temporal de menores en la bolsa de la comunidad autónoma. En una ... semana, hasta trece familias se ofrecieron voluntarias, una respuesta que sirvió para solucionar el problema y evitar que los niños que entran en el sistema de protección estén más tiempo de lo recomendable en un centro y puedan pasar lo antes posible a un entorno normalizado.
Ahora, el departamento que dirige Begoña Gómez del Río da un nuevo paso en ese mismo sentido. Una vez que ya hay un número relativamente holgado de hogares que se ofrece al acogimiento temporal de menores, Inclusión Social quiere poner sobre la mesa nuevas herramientas para facilitar el proceso de integración y acoplamiento entre las familias y los niños. Así, lo que ha hecho es crear un nuevo servicio para la mediación, orientación y tratamiento psicológico para aquellos usuarios que demanden una atención especializada una vez que se ha activado el proceso. Los profesionales atenderán a las familias y menores en los casos de acogimiento temporal –mientras los servicios sociales deciden qué es lo mejor para el menor–, pero también en las adopciones ordinarias. Se prestará de forma externa, con un contrato que licitará el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) por 258.000 euros, con una duración de tres años y prorrogable otros dos.
Según explica la Consejería, existe una «demanda creciente» por parte de las familias, que de forma cada vez más habitual se enfrentan a problemas durante la incorporación e integración de sus hijos en el momento de la llegada, pero también a las dificultades que muchos de estos menores plantean en su proceso de desarrollo personal a lo largo de los años posteriores.
De esta manera, el Gobierno de Buruaga cumple uno de los compromisos que figuraban en el programa con el que concurrió a las pasadas elecciones regionales. En concreto, con el punto 879, en el que la presidenta se comprometía a impulsar un «programa de acompañamiento post-adoptivo para garantizar la integración del menor en la familia y que el vínculo adoptivo se refuerce con éxito, prestando especial atención a los adolescentes adoptados».
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