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Los que lo han pedido saben que ha costado mucho tiempo y trámites, pero el Ingreso Mínimo Vital que puso en marcha el Ministerio de Seguridad Social en junio de 2020 ya está asentado en Cantabria, donde ha llegado a 5.573 hogares y beneficia - ... según el último recuento de principios de año- a 14.242 personas, un tercio de ellas menores de edad. Lo que ocurre es que, más allá de las muchas o pocas virtudes de la medida, lo que es un hecho es que los problemas en su implantación han tenido consecuencias. Lo saben bien las 300 familias vulnerables que han recibido una carta del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) en la que les reclaman la devolución por «pago indebido» de una media de 2.000 euros. Concretamente, son 296 cartas que reclaman un total de 603.893 euros, tal y como reconoce la Consejería de Políticas Sociales en sucesivas respuestas parlamentarias a preguntas del PP.
¿A qué se debe ese pago indebido? Cuando el Estado puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital, todos los beneficiarios en Cantabria de la Renta Social Básica tenían que solicitarlo para proceder al traslado de los expedientes, porque la nueva ayuda nacional venía a sustituir la regional, que funciona desde hace años y se mantiene solo de forma subsidiaria para aquellas personas a las que el Ministerio les deniega la prestación.
Mora recuerda que como Madrid tardaba mucho en resolver los expedientes, para que nadie con necesidades económicas quedara desprotegido, Cantabria siguió pagando a todas ellas la Renta Social Básica de forma provisional, hasta que recibieran el visto bueno. Una vez resueltas las solicitudes -tardaba hasta nueve meses-, el Gobierno central empezó a pagar el Ingreso Mínimo Vital con carácter retroactivo, lo que generó en muchos casos un solapamiento de las dos ayudas. Y la ley no permite compatibilizarlas, así que ahora tienen que devolver ese «cobro indebido». El problema es que hay quien ya ha gastado el dinero del Estado -todos los atrasos que llegaron de golpe- antes de recibir la carta del Icass.
«La gente ya sabía más o menos que esto ocurriría y la mayoría lo está devolviendo», defiende Mora, que recuerda que se ha establecido la posibilidad de fraccionar la devolución a lo largo de cuatro años. Desde el PP, la diputada Isabel Urrutia reconoce que en esta situación tiene más culpa el Gobierno central que el regional, pero también recuerda que ella misma avisó al Icass de que esto ocurriría y no hizo caso. La propuesta del PP, en primer lugar, era que Cantabria pidiera al Estado la gestión de la nueva ayuda. Y como no se hizo, la segunda opción que puso Urrutia sobre la mesa fue que el Ministerio pagara directamente los atrasos a la Consejería y esta ajustara los números con los beneficiarios.
Por otra parte, el PP discrepa de que los beneficiarios lo supieran con antelación y afirma que la muestra es el gran número de quejas que están recibiendo los funcionarios del Icass: «Hay gente que cuando recibió la carta -hay casos de hasta 10.000 euros-, ya se lo había gastado. Parte del dinero no se reembolsará nunca», señala Urrutia. Estas personas pueden quedar como morosos permanentes y acumular intereses de demora de hasta el 75%.
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