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El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Cantabria, ha logrado aprobar los Presupuestos en dos ... ocasiones con el apoyo del PRC, un logro del que no pueden presumir otros ejecutivos autonómicos del PP que están en el poder en minoría. Más allá de las Cuentas, la actividad legislativa del PP desde su llegada a Peña Herbosa ha sido mínima. La derogación de la Ley de Memoria del bipartito no implicaba crear un texto nuevo, sino acabar con el que existía, para lo que Vox se ofreció voluntario. También ha llevado a la Cámara la Ley de Voluntariado, que aunque tiene su importancia no implicará grandes cambios para el día a día de los cántabros. En teoría, lo que sí iba a suponer una revolución era el otro borrador elaborado por el Gobierno del PP, el de la Ley de Simplificación, un documento muy esperado por el mundo empresarial para profundizar en la reducción de plazos de tramitación y acabar con trabas burocráticas. La primera gran norma del Ejecutivo, que además encaja a la perfección con su aspiración de que la administración sea un facilitador de la inversión privada. Por ahora, no tiene ninguna garantía de salir adelante.
Si los grupos políticos de la oposición (PRC, PSOE y Vox), todos partidarios de una ley de este tipo, ya habían puesto muchos 'peros' al texto presentado por la Consejería de Presidencia con aportaciones de todos los departamentos del Ejecutivo, las críticas se multiplicaron la pasada semana. ¿El motivo? La inclusión de un artículo que permitiría la construcción de urbanizaciones en suelos rústico utilizando la figura de los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR). La misma herramienta legal que se utiliza para agilizar –y propiciar las expropiaciones de las fincas a sus propietarios por el interés general– grandes proyectos industriales como La Pasiega. Un planteamiento de la Consejería de Fomento que ahora amenaza toda la Ley de Simplificación después de que la oposición haya dicho 'no' a este cambio urbanístico.
Así, en caso de éxito, no solo se permitiría en Cantabria levantar viviendas unifamiliares en terrenos no urbanos, también complejos residenciales. De «pelotazo» lo califican tanto los regionalistas como los socialistas, que vinculan esta modificación «encubierta» de la Ley del Suelo con el viaje de Buruaga a México en busca de inversiones para Cantabria. Por otros muchos motivos distintos, también la CEOE y la Cámara de Comercio se han mostrado decepcionados al analizar el anteproyecto.
PP
PRC
PSOE
Vox
Por ahora, el Gobierno de Cantabria no concreta si tiene intención de eliminar este artículo para salvar el resto de la norma. Preguntado ayer por este asunto, el Ejecutivo se remitió a las declaraciones que hizo la semana pasada el consejero Roberto Media. Unas declaraciones en las que reconoció que su intención pasa por permitir urbanizaciones en suelo rústico, pero negó que tenga fines especulativos. Y mucho menos que pretenda usar este instrumento en terrenos de la Universidad Pontificia de Comillas o del futuro Parque Científico de la Salud que se proyecta en terrenos de la Residencia Cantabria, como denunciaba el PRC. Aunque no esté entre los planes del PP, si ese artículo se aprueba, un próximo gobierno sí podría hacerlo con el instrumento de los populares.
La oposición está en contra del fondo, pero también de la forma. Porque después del gran revuelo que supuso hace año y medio el cambio de la Ley del Suelo para dar más facilidades a la construcción de viviendas unifamiliares en rústico, ahora el Gobierno regional pretende esta nueva modificación «por la puerta de atrás».
El primer retoque de la norma urbanística se hizo sin un debate propio y dentro del paquete de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024, pero de manera más que anunciada y subrayando que cumplía así un compromiso electoral. En esta ocasión, el Gobierno repite la fórmula de adosar esta vuelta de tuerca a otra norma que nada tiene que ver con el urbanismo –la Ley de Simplificación–, pero lo hace por sorpresa. Porque aunque la consejera Isabel Urrutia presentó su norma estrella en una rueda de prensa en octubre, no informó de este aspecto. El asunto no salió a relucir hasta la semana pasada, durante la declaración del director general de Urbanismo, Víctor Gil, en la comisión del Parlamento en la que están compareciendo distintos expertos para valorar la Ley de Simplificación.
Aunque también dudan del fondo, lo que más critica Vox son, precisamente, las formas. Que se haga «por la puerta de atrás». «Si quieren cambiar la Ley del Suelo, que lo traigan y lo debatimos», señalaba la pasada semana su portavoz, Leticia Díaz.
Otro de los aspectos que ha generado dudas de la Ley de Simplificación es la extensión de la figura de la declaración responsable , que permitiría abrir un negocio sin esperar a la autorización previa de los ayuntamientos, como ocurre ahora, y en cambio daría por buena la palabra del propietario de que todo está en regla en el local. Una vez funcionando, podría ser clausurado si no supera una inspección, pero ya 'a posteriori'. Los partidos no están en contra para algunos supuestos como pequeños negocios, pero sí para negocios que generan más conflictividad social como son las discoteca o las salas de juego.
En ese punto ponía también la pasada semana el acento la secretaria general de Comisiones Obreras, Rosa Mantecón, en su comparecencia en el Parlamento. Asegura que la ley «no simplifica trámites, sino que pretende reducir tiempos permitiendo la sustitución de control previo por una declaración responsable», lo que «podría suponer la privatización directa de funciones públicas». También el Ayuntamiento de Santander, en manos del PP, ha presentado alegaciones en este sentido. Otro aspecto a analizar de esta parte de la norma es si invade o no –hay debate entre los jurídicos del Gobierno– las competencias de los ayuntamientos. Como también podría invadir la competencia municipal, según el PRC, la obligatoriedad de que los ayuntamientos cobren sus tributos a través de la plataforma del Gobierno regional, algo que ahora es posible, pero siempre de forma voluntaria.
¿Más críticas? La del PSOE de que la Ley de Simplificación es algo así como una 'ley ómnibus' porque modifica de un plumazo otras 30 normas autonómicas, algo que los tribunales ya han cuestionado en otros territorios. Hasta 96 cambios hay en normas urbanísticas y ambientales, lamenta el PRC, que concreta que, por ejemplo, permitiría construir piscinas o pistas deportivas privadas en suelo rústico.
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Ana del Castillo
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