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El caso de los polémicos tuits homófobos del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (CEUC) ya está en manos de la Fiscalía. Tras varios meses de investigación interna, los responsables de la institución académica han identificado al supuesto autor de los mensajes y ... ha remitido el expediente al Ministerio Público, al objeto de que determine si esta persona cometió un delito de odio por esos mensajes tan desagradables que levantaron una gran polvareda.
Como se recordará, fue el pasado 15 de enero cuando la cuenta institucional del Consejo de Estudiantes en la red social X (antiguo Twitter) fue objeto de numerosas críticas y denuncias públicas por una serie de tuits que fueron calificados como «ofensivos», «intolerables», «mensajes de odio» o instigadores de «acoso psicológico y 'lgtbifobia'» por asociaciones, partidos políticos, sindicatos e internautas, muchos sorprendidos con el contenido de las publicaciones emitidas desde esta cuenta, que estaba en manos de los estudiantes que entonces componían la directiva del Consejo, con Álvaro Moreda a la cabeza.
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Ante tal avalancha de críticas, el CEUC borró decenas de mensajes y pidió escuetamente disculpas a las personas ofendidas, a petición de la UC.
La polémica se desató en medio de la campaña electoral del Consejo de Estudiantes. El 25 de enero estaban previstas las elecciones para relevar a Moreda y los candidatos a sucederle eran Iván García Prado -vicepresidente de Moreda-, César Haya y Mirian Martínez. Esta última se mostró muy afectada en aquel momento por los hechos, pero nada sorprendida. «Es lo más grave que ha ocurrido, pero no es nuevo. Los insultos y las faltas de respeto han sido el 'modus operandi' de estas personas», aseguró en referencia a los dirigentes del CEUC. Además, Martínez -que se convertiría después en presidenta del Consejo de Estudiantes tras unas elecciones a las que finalmente no concurrieron los otros dos candidatos- identificó un claro «ataque personal» en muchos de esos mensajes del CEUC, que persiguen vulnerar «mi derecho al honor como mujer lesbiana, pero también el de muchos alumnos y el de la propia UC».
Tras lo sucedido, la Universidad lanzó un comunicado, en boca del rector, Ángel Pazos, en el que dejaba claro que no se hacía responsable de los contenidos que, haciendo uso de su independencia funcional, «se emitan desde cualquier cuenta vinculada a la institución».
Además de solicitar la retirada de los mensajes y que pidieran disculpas por su contenido ofensivo, la cúpula de la UC instó al presidente de la CEUC a que facilitara la identidad del autor de esos tuits, «pero no lo hizo». Fue entonces cuando el rector, Ángel Pazos, al objeto de esclarecer esos hechos que consideró «irregulares» y que podrían llevar aparejados una responsabilidad disciplinaria, decidió abrir un expediente de información reservada, guardándose el derecho a emprender acciones legales ante la Fiscalía por un posible delito de odio. La decisión del rector fue secundada por todos los responsables de los centros de la UC.
La investigación de la UC arrojó una serie de datos que han permitido identificar al supuesto autor de los mensajes ofensivos, aunque por el momento no ha trascendido quién es esa persona. «A la vista de las conclusiones de ese expediente de información reservada, el rector ha tomado las medidas oportunas, incluidas las disciplinarias, medidas que, en el ámbito de la Universidad están suspendidas a la espera de lo que resuelva la Fiscalía».
Desde la UC no pueden determinar en qué consistiría esa posible sanción disciplinaria hasta que el Ministerio Público, que recibió el expediente hace «dos meses» aproximadamente, determine si existe o no delito de odio.
Este asunto no solo se ha circunscrito al ámbito educativo, ya que el Parlamento instó hace unos meses al Gobierno de Cantabria a que tomara medidas. En respuesta a la petición, la Consejería de Inclusión Social ha informado a los partidos parlamentarios de que la UC ha dado traslado del expediente a la Fiscalía y ha designado abogado y procurador para representar y defender a la institución tanto ante el citado Ministerio Público como en cualquier procedimiento que se derive de esta actuación. «La Administración autonómica se encuentra a la espera de conocer las conclusiones que se puedan derivar del procedimiento iniciado para actuar».
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