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La hasta hace un mes directora de Vivienda asciende a la Consejería. Eugenia Gómez de Diego (Santander, 1976), excandidata a la Alcaldía de la capital, tiene un año por delante para cumplir tres objetivos: cerrar el tercer pacto del diálogo social, profundizar en la universalización ... de los Servicios Sociales e impulsar el alquiler. «En Cantabria casi todo era gestionar las ayudas que venían del Gobierno central. Queremos algo más, unas políticas públicas de vivienda que hasta ahora no se habían hecho».
-En su comparecencia habló de esa nueva bolsa de viviendas vacías para ponerlas en alquiler. ¿Cómo funcionará?
-Lo que queremos es incentivar a los propietarios que tienen viviendas en desuso. Dando tranquilidad y seguridad. Tendrán la garantía de que cediendo la vivienda al Gobierno de Cantabria le vamos a dar un uso y que en el momento que acabe la cesión se les devolverá en iguales o mejores condiciones de conservación.
-¿Quién podrá acceder?
-No es un programa social, sino para todos los ciudadanos. Está pensado para quien no puede acceder al mercado libre de alquiler, pero que no esté en situación de vulnerabilidad. Gente joven y trabajadores con salarios no muy altos o poca estabilidad laboral.
-¿El precio del alquiler estará por debajo de mercado?
Sí, quizás inferior, pero se acercará bastante. Vamos a recoger los índices que tiene publicados el Ministerio, reduciendo un porcentaje. Lo importante es que el Gobierno garantiza el cobro. El requisito es que las viviendas estén para entrar a vivir. En aquellos municipios de captación preferente, donde hay más demanda como las comarcas de Santander, Torrelavega y Castro, en caso de que hiciera falta una reparación, estamos dispuestos a asumirlo. Será algo atractivo.
-¿Cuándo funcionará y cuántas viviendas esperan captar?
-El decreto se publicará en un mes. En autonomías con programas parecidos los comienzos han sido tímidos por desconfianza y desconocimiento, pero han ido a más. Haremos evaluaciones para ver cómo va y corregir cosas que puedan no funcionar bien.
-Y para incentivar el alquiler fuera del circuito público, ¿habrá medidas de apoyo fiscal?
-En principio no lo tenemos nada nuevo pensado. Deducciones ya hay, sobre todo para jóvenes y en zonas en riesgo de despoblación. Y fuera de la bolsa de viviendas desde lo público vamos a seguir ampliando también el parque autonómico de viviendas, con compras o con cesiones.
-Dos de las bases de la futura Ley de Vivienda son poner trabas al desahucio para colectivos vulnerables e introducir en el parque público las viviendas que lleven dos años sin uso. ¿Se mantienen estas ideas?
-En el tema del desahucio, queremos complementar la norma nacional para que no pueda ejecutarse hasta que no haya una alternativa habitacional. Y queremos que la ley sea otro instrumento más para movilizar vivienda vacía. Mientras haya personas que tengan dificultades para acceder a la vivienda hay que hacer todos los esfuerzos posibles para incentivar su movilización.
-Incentivar no es obligar.
-Efectivamente. Subvenciones a los seguros de impago de alquiler, a pequeñas reparaciones para ponerla en el mercado, las ayudas a la rehabilitación que se han puesto en marcha... Si a pesar de todos los incentivos aún no se logra, sí existirá la posibilidad de expropiar el uso de esa vivienda durante un tiempo para dar a la vivienda esa función social.
-¿Permitirá entonces expropiar el uso de viviendas vacías?
-No a particulares, solo a grandes tenedores.
-Tiene 60 millones para destinar en tres años a la rehabilitación. ¿Se compromete a que no habrá que devolverlo por incapacidad para ejecutarlo?
-Es que ya lo estamos ejecutando. Que se ejecute todo no va a depender solo del Gobierno. Los recursos estarán a disposición de empresas y ciudadanos, pero habrá que ver si se aprovechan. Ya los estamos gestionando y el primer programa de rehabilitación de edificios ya comprometió todo el crédito. Creo que va a ser un éxito porque llevamos ya un año trabajando con los sectores y los colegios profesionales para explicar las ayudas. Todos conocían ya los términos y se han podido preparar.
-El PP le reprocha el colapso de la tramitación de ayudas en la Oficina de Vivienda.
-Cuando llegué hace tres años los beneficiarios de la ayuda al alquiler no sabían ni qué día se iba a ingresar. Se ha hecho un trabajo enorme y somos los únicos de España que pagamos mensualmente y un día fijo. Y en rehabilitación, el PP sabe cómo es la tramitación de los expedientes, que es compleja y larga. Cuando el PP dejó el Gobierno no se habían tramitado ayudas de los dos años anteriores y no se pagaba hasta que acababa la obra. Incluso no se podía iniciar la obra hasta que se concedía la ayuda, con el retraso que eso supone. Cada plan de rehabilitación ha introducido mejoras sobre el anterior. En el último ya se puede iniciar la obra en el momento en que se solicitaba la ayuda, aunque no sepas si se concederá. Y en este vamos a mayores y adelantamos el 75% desde el comienzo.
-El sector de las residencias pide ayuda para compensar las pérdidas por el incremento de los precios. ¿Qué hará el Gobierno?
-Hay un fondo especial para todas las empresas que han sufrido consecuencias económicas de la guerra, también para las de este ámbito. Para nosotros la principal preocupación son los usuarios. En estos años se ha ayudado al sector, pero con la exigencia de que hubiera un reflejo inmediato en la mejora de la atención a la persona y en las condiciones de los trabajadores.
-El fondo repartirá 15 millones entre todos los sectores y solo el de la dependencia calcula que sus pérdidas alcanzan los 20 millones. ¿No se queda corto?
-Estamos haciendo los cálculos y estamos pensando en una compensación adicional. En los próximos días nos reuniremos para acordarlo. ¿La cifra? No ponemos en duda el aumento de los costes, porque lo sufrimos todos, pero con los datos que nosotros tenemos, creemos que pérdidas no están teniendo. Igual no están ganando tanto como antes por el incremento de esos gastos, pero no hay pérdidas. No tengo la contabilidad de esas empresas, pero nos ha parecido esa cifra de 20 millones abultada y toda esa cantidad no lo tiene que asumir el Gobierno de Cantabria. Se verán las compensaciones, pero todas las ayudas tienen que ir ligadas a las mejoras de calidad de la atención y las condiciones laborales. Por eso no trabajamos en una ayuda directa puntual, sino consolidando.
-¿Eso significa aumentar el precio de la plaza concertada?
-Se va aumentar sí o sí, y esta legislatura. El incremento salarial que se acuerde en la negociación del convenio del sector lo va a asumir el Gobierno de Cantabria. Hay un compromiso clarísimo con este sector y ya tenemos el dinero reservado, que además se pagará con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Y va a haber un aumento de la ratio también, el número de personal mínimo para atender a cada persona, que se hará en función del acuerdo que lleguemos en el diálogo social.
-¿Cómo está funcionando la Renta Social ahora que el Estado ha desarrollado el Ingreso Mínimo?
-Ahora es una ayuda subsidiaria al Ingreso Mínimo. Quien no cobra el IMV sigue teniendo la RSB de Cantabria, y a quien cobra poca cantidad de la ayuda nacional, se lo complementamos. Queremos aumentar esa Renta Social Básica con ese objetivo de erradicar la pobreza. Acercarla al salario mínimo interprofesional. No llegará, pero puede quedarse en el 75% del salario mínimo.
-Las colas del hambre crecen en Cantabria. Eso interpela directamente a su Consejería.
-Por eso trabajamos en ese incremento de los ingresos mínimos que cubran todas las necesidades vitales. Hasta final de año ya se ha subido la Renta Social un 15% para compensar el IPC. No es suficiente y tendrá que compensarse con medidas de redistribución, pero es la mejor medida de choque. Trabajamos en el acceso al empleo, la mejora de la cualificación, el acceso a la vivienda... Es un conjunto.
–Dirá que el dato de abril es bueno, pero en 2021 Cantabria fue la autonomía que menos redujo el desempleo. ¿A qué se debe?
–El dato más fiable es la Seguridad Social y efectivamente, en abril fuimos los segundos donde más creció la afiliación. Y en el avance de mayo que hace el ministro Escrivá seguimos en esa tendencia ascendente. Hoy ya tenemos más de 1.000 afiliados más que a 30 de abril de 2022. Los datos, tanto económicos como de empleo, son muy positivos. Pero no nos conformamos. Y la reforma laboral la estamos notando en Cantabria, donde se abusaba mucho de la temporalidad. Hemos pasado de un 90% de contratos temporales a un 70% en mayo de contratos indefinidos. Eso da estabilidad y seguridad a las personas.
–¿Le preocupa la calidad del empleo, especialmente en el sector turístico, que es uno de los que tira de la economía cántabra?
–Dentro del sector servicios, donde más crece el empleo es en informática e innovación. Le sigue sanidad, educación, servicios sociales… Público y privado. No está delante la hostelería. La reforma laboral ya está mejorando las condiciones en la hostelería, pero hay margen. Cuando el sector habla de que no encuentra profesionales, a lo que tiene que tender es a la mejora de las condiciones, tanto en horario como en salario.
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