Sin Ley de Igualdad siete años después

Entonces, desde el PP se llamó la atención sobre lo «sorprendente y sospechoso» que fue que el Ejecutivo «demorase» tanto dar luz verde al anteproyecto en cuestión. Lo denunció en marzo de 2011 la entonces diputada popular Tamara González, que no podía entender cómo, si las políticas de igualdad eran vitales para el tándem de gobierno, se hubiera tardado tanto en gestionar la propuesta.

Entre bambalinas se dio otra explicación: el PRC de Miguel Ángel Revilla no tenía en aquel momento un compromiso tan firme con la ley (no hay más que comprobar cuántas consejeras de Gobierno nombran los regionalistas cuando llegan al poder) y, si bien permitió a su socio ir adelante con ella para que diera satisfacción a su clientela socialista, habría existido un acuerdo tácito entre ambas siglas para retrasar la ley lo más posible y que finalmente no se aprobara. Han pasado ya siete años.

A partir de 2011 no se volvió a tocar el asunto por dos motivos: el PP llegó al Gobierno regional y poco podía esperarse al respecto ya que el partido había llevado la ley nacional ante el Tribunal Constitucional. Que la crisis económica alcanzar su punto álgido en España tampoco ayudaba.

El PSOE volvió al poder en Cantabria en 2015 y, con él, retornaron las expectativas de contar con una ley autonómica específica que contribuya a garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Este texto legislativo es una norma que las comunidades desarrollan a partir de la correspondiente ley nacional, que lleva ya más de una década en vigor.

Fuentes de la Consejería de la vicepresidenta señalaron recientemente que con el anteproyecto actual se están «dando los ultimísimos pasos», aunque se declinó dar más información. El borrador puede consultarlo cualquiera: pasó hace un año por la exposición pública y ha recogido alegaciones. Es un texto que establece medidas muy concretas y sanciones para quien no cumpla. Por ejemplo, en la Administración cántabra, contempla que se deberá garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de titulares de órganos directivos cuya designación corresponde al Consejo de Gobierno. Lo mismo ocurrirá en la composición de los órganos colegiados de la comunidad.

También la contratación pública lo notará: ante propuestas de igual valoración, se dará preferencia en la adjudicación de contratos a las planteadas por empresas que acrediten buenas prácticas en materia de igualdad. La Administración prevé no contratar con sociedades sancionadas por infracción muy grave (en resolución administrativa firme) por alentar o tolerar prácticas discriminatorias. Tampoco concederá subvenciones ni ayudas públicas a quien haya sido sancionado por este motivo.

Y aunque desde el círculo de la vicepresidenta se opina que esta vez la ley saltará todos los obstáculos, no todas las personas consultadas lo ven tan claro. En la órbita de las organizaciones feministas hay desconfianza porque no se ha visto la celeridad que se hubiera deseado. Desde medios parlamentarios también se siembra la duda. Un anteproyecto tiene una tramitación larga y este todavía no ha llegado al Consejo de Gobierno. Mucho menos al Parlamento.

Con dos agravantes: la Cámara tiene ahora mismo en cartera siete leyes en un estado de tramitación más avanzado que están por delante de cualquier otra que les llegue. Entre las que se encuentran a la espera están la de las Cámaras Agrarias, la del Consejo Económico y Social (CES) o la referida a las Iniciativas Legislativas Populares. La Ley de Igualdad tendría que ponerse a la cola. Esta es una norma compleja, de fuerte base ideológica, por lo que no cabe esperar que vaya adelante de primeras con el beneplácito de todos los grupos políticos ya que solo su tramitación en el formato de lectura única podría garantizar una aprobación acelerada.