El Gobierno cántabro vuelve a comenzar desde cero la tramitación de la Ley LGTBI

En la práctica, supuso que todo el trabajo y los trámites burocráticos que había superado la ley, ideada para «garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género», fueran directamente a la basura. Colectivos como Alega y los diputados socialistas y de Podemos entendieron que todo se debió a un movimiento premeditado.

La petición de PRC y Ciudadanos, con el respaldo de los populares, de hasta 22 comparecencias de expertos para introducir mejoras en la norma, impidió que la votación se produjera antes de que la Cámara cerrara sus puertas para su renovación. De facto, supuso su paralización y la vuelta de la Ley LGTBI a la casilla de salida. Y ante esas críticas, los aludidos respondieron que su única intención era mejorar el texto y culparon a la consejera Eva Díaz Tezanos por no llevar el proyecto al Parlamento hasta el final de la legislatura, sin tiempo ya para analizarlo en profundidad y someterlo a las mejoras que consideraran sus señorías.

Con estos antecedentes, y ya con el nuevo equipo de Gobierno también bipartito, Igualdad ha puesto la venda antes que la herida. Como entonces, la Dirección General sigue en manos de los socialistas, ahora dentro de la Consejería que dirige Pablo Zuloaga. En su comparecencia para explicar los objetivos de la legislatura aseguró que esta, junto a la Ley de Memoría Histórica, serían las dos primeras normas de su departamento en tramitarse. Por aquello de no repetir los errores del pasado. El objetivo es que llegue a la Cámara en junio y que pueda entrar en vigor antes de finales de 2020.

El proceso para cumplir esos plazos ya ha empezado. Lo hizo el 21 de octubre con su exposición a consulta pública. Quien lo desee tiene ahora hasta el día 11 para introducir sugerencias. En condiciones normales, posteriormente habría que redactar el proyecto, pero no hará falta porque la directora general de Igualdad, Consuelo Gutiérrez, afirma que la intención es utilizar el mismo que se tumbó hace algo más de un año. Íntegro. Sin cambios. Las únicas variaciones posibles podrían llegar cuando se remita a todas las consejerías y estas hagan su valoración antes de ir al Servicio Jurídico y ser aprobado por el Consejo de Gobierno para salir hacia el Parlamento.

«Al ser la misma ley, ese paso por las consejerías debería de ser rápido, porque ya la revisaron en su momento», entiende Gutiérrez, que recuerda que el único departamento de reciente creación, la cartera de Empleo y Políticas Sociales, con mucho que decir en la materia, es donde se puede acumular el trabajo. La directora general insiste en que, en cualquier caso, la literalidad de la norma -tenía el consenso general de los colectivo LGTBI de Cantabria- que llegue al Consejo de Gobierno apenas se tocará. Desde el Grupo Regionalista en el Parlamento regional no lo tienen tan claro. Además, prefieren esperar a que llegue ese momento para valorar el contenido.

Como ya adelantó este periódico, este asunto es uno de los que ha generado los primeros choques entre las dos ramas del Gobierno. Fuentes regionalistas consideraban fuera de lugar crear una dirección general exclusiva de LGTBI -adherida a una Consejería del Gobierno-, además de exigir informes de género en todos los proyectos que ponga en marcha el Ejecutivo. Los regionalistas, aunque están a favor de regular los derechos de estas personas, tienen muchas dudas de la necesidad de esos dos puntos.

Dan por hecho que estos aspectos estarán en el nuevo documento a pesar de que la Vicepresidencia no ha dicho nada al respecto y tampoco aparecían en el documento creado por el equipo de Díaz Tezanos. Por eso, antes de dar luz verde a la ley, tienen previsto solicitar una batería de comparecencias para que distintos profesionales aporten su opinión.