La «impotencia» ante la okupación abre el debate en Cantabria sobre la efectividad legal

Por eso vigilan, dice Miguel Ángel Sisniega, uno de los 270 vecinos que forman la coordinadora. «Ya hemos frustrado dos intentos y queremos evitar el efecto llamada». ¿Cómo? Avisándose unos a otros por Whatsapp de «la presencia sospechosa de gente en los barrios». El pasado viernes entregaron al alcalde una carta, que harán llegar a la Fiscalía, Gobierno de Cantabria, TSJC o el Congreso en la que piden cambios legales. Y no son los únicos: ayer, sábado, Ciudadanos pidió al Gobierno de Cantabria que inste al Ejecutivo central «a impulsar una Ley Antiokupas para erradicar la okupación ilegal».

¿Qué está pasando para que proliferen estas respuestas a un delito que, como dice Sisniega, «no es nuevo»? ¿Hay en Cantabria un repunte de casos que encienda la alarma social? En comunidades como Baleares o Valencia, su situación ha provocado instrucciones excepcionales para actuar con mayor celeridad. Sin embargo, aunque en Cantabria las cifras indican que las denuncias han bajado, los casos recientes en Meruelo y Ganzo (Torrelavega) suben el volumen de un debate sobre la efectividad legal, mientras los propietarios afectados usan términos como «impotencia o indefensión» cuando tienen que enfrentarse a la okupación ilegal.

Jesús, hijo de una de las afectadas de Ganzo, cuenta que la familia sopesa contratar «un abogado o bien una empresa privada que haga lo que tenga que hacer para sacar a esta gente», y recrea los pasos que dieron entonces: «A las cuatro horas llamamos a la policía y a la seis horas ya estaba la denuncia en el juzgado, así que si hemos hecho todo lo que se podía según la ley, ¿por qué esta gente sigue ahí dentro?», se pregunta con una incredulidad que no disimula su impotencia.

Los expertos coinciden en que el Ordenamiento Jurídico está «suficientemente dotado de instrumentos para proteger al propietario, tanto en la vía penal como civil, pero deben ser aplicados con contundencia», explica la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria, Ana Gutiérrez Castañeda, «porque si no se aplican con contundencia sucede lo que estamos viendo: surgimiento de 'empresas' privadas que hacen de la solución de estos casos su negocio, o 'patrullas' de vecinos». Por eso propone reflexionar sobre «la conveniencia de elevar la pena de prisión prevista para el allanamiento de morada no violento por encima de los dos años».

¿Funcionaría como medida disuasoria? En esa línea se expresa Alberto Cereceda, abogado y profesor asociado de la UC: «Debe mejorarse la respuesta penal ya que no hay otra forma de disuadir una conducta tan claramente dañina, porque quien sigue delinquiendo (dejando aparte problemas mentales o adicciones) es porque ve muy probable que siga sin pasarle nada», dice el letrado, (pena de multa, que se queda sin pagar al declararse insolventes).

Mientras el Colegio de Abogados de Cantabria no constata «ni a través de solicitudes de asistencia jurídica gratuita ni mediante consultas de particulares una preocupación especial sobre conductas de esta naturaleza», como apunta su gerente Lucía Vega, cabe preguntarse si lo que hay es un cambio en la percepción de este problema que en su día se vio como un fenómeno urbano de antisistema y que ahora, como apunta Sisniega desde Meruelo, cuenta «incluso con páginas web donde se informan de cómo ser un okupa sin que puedan echarte».

En ese sentido, dice Cereceda, «al dato cuantitativo de casos va unida la percepción de que la okupación ha pasado a ser una actividad organizada de determinados grupos, y no un acto puntual y más o menos espontáneo de quien se mete en una casa desocupada», dice. Y propone «mantener la investigación policial hasta localizar y poder enjuiciar a los sujetos que organizan y promueven esta actividad». Pero, ¿y antes? ¿Cómo apoyar al propietario? «Con una leve reforma procesal penal, que contemple expresamente el desalojo de la vivienda como medida cautelar durante la instrucción penal», dice el letrado, para quien la bajada de las denuncias responde a la ley 'exprés' de 2018, que facilita el trámite civil de demandas, que sí han subido.

«La Fiscalía es sensible a la alarma social que se ha creado, y examina con rigor cada caso para darle la respuesta adecuada con los instrumentos del ordenamiento jurídico», explica la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez Bado, por eso no descarta tomar medidas: «La decisión de emitir instrucciones (como la citada de Valencia) suele venir determinada bien por el incremento de algún fenómeno delictivo, o bien por la complejidad de los casos». No obstante, aunque el número de casos actualmente «no es determinante», ante «la complejidad que pueda ocasionar la aparición de asociaciones delictivas (mafias), y pese a que por el momento no se ha presentado ninguna denuncia», Jiménez Bado tiene «previsto incluir el tema en el orden del día de la próxima Junta de Fiscalía, y analizar todas las posibles situaciones, con rigor jurídico, y unificar los criterios de actuación».

187denuncias de usurpación y 23 por allanamiento de morada se registraron en los Juzgados de Cantabria en 2018. En 2019 se redujeron: hubo 14 por allanamiento y 91 por usurpación

34demandas se presentaron en 2019 en Cantabria por al vía civil, el doble que el año anterior (17), según datos del CGPJ