El impuesto de plusvalías ha generado ya más de mil recursos en Santander

El frente 'extra' de gestión que se les abrió a los ayuntamientos hace ya 10 meses con la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido popularmente como plusvalía) sigue generando incertidumbre en los municipios, que continúan a la espera de instrucciones de la Administración central para poder cobrar correctamente esta tasa. Mientras, en las casas consistoriales se atiende a los afectados como se puede, ya que todas las actuaciones que se plantean son provisionales.

El pasado mayo, el Tribunal Constitucional (TC) declaró incorrecto el cobro de este impuesto siempre que la venta de una vivienda se haga por debajo del precio en que se adquirió, lo que ha sucedido muy habitualmente desde que empezó la crisis inmobiliaria en 2007. Pero el TC no dio pautas para resolver la situación y la Administración central aún no ha tomado cartas en el asunto, lo que tiene a los Consistorios sumidos en el desconcierto. Existe un compromiso para deshacer el entuerto, aunque no acaba de llegar. Y el asunto es importante porque la plusvalía municipal es una de las principales fuentes de ingresos de las administraciones locales, junto con el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y el impuesto sobre la circulación de vehículos.

El vacío legal generado a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que dictaminó que nadie -ni personas físicas ni jurídicas- debe abonar dicho impuesto si la venta del inmueble genera pérdidas, ha hecho que las reclamaciones contra los ayuntamientos se multiplicaran. Y, además, hace que los contribuyentes se enfrenten a un galimatías distinto dependiendo del municipio en que vendan sus propiedades. Porque se da la circunstancia de que los contribuyentes están obligados a presentar la declaración para liquidar el impuesto, aunque en algunos lugares dejan libertad al propietario de la vivienda: si quiere, puede realizar una autoliquidación, ya que luego tiene un plazo de cuatro años para reclamar la devolución de las cantidades que puedan haberse pagado de más.

En Santander, por ejemplo, «cuando se ha liquidado el impuesto y se presenta un recurso en plazo se suspende cautelarmente la resolución del recurso», mientras llega la modificación de la ley estatal. En la capital se han presentado 1.078 reclamaciones administrativas y el importe de las liquidaciones correspondientes asciende a 4,4 millones de euros. Desde el Ayuntamiento se informa de que actualmente constan ocho sentencias ya resueltas y otras tantas pendientes de resolución. Por el momento, la mitad han resultado favorables al Consistorio y otras tantas al reclamante.

En Torrelavega hay muchísima menos actividad de este tipo: el número de recursos asciende hasta el momento a 132 por un importe de más de 600.000 euros. De esta cantidad, se ha abonado más de la mitad, por lo que quedan pendientes de cobro unos 268.000 euros. Mientras, solo tres propietarios han optado por ir a un contencioso (por importe de 33.000 euros).

Según aseguraron fuentes municipales, el Ayuntamiento está actuando así: la liquidación se realiza conforme a la normativa vigente y al tiempo se informa al contribuyente de que tiene dos opciones. Puede abonar el impuesto y de forma paralela presentar un recurso o bien plantear la reclamación y no afrontar el desembolso. Cuando se reciban normas sobre cómo proceder se dará respuesta a todos los recursos presentados. En caso de que se estimaran correctos, se devolvería el importe a los que ya hayan pagado. Si ocurre lo contrario, se girará el pago sin intereses ni recargos para los ciudadanos.

Desde el tercer término municipal más poblado de Cantabria, Castro Urdiales, el concejal de Hacienda y Urbanismo, Eduardo Amor apunta que «cuando se modifique la ley se cambiará la ordenanza y se empezará a recaudar el impuesto». Amor valora como mala la coyuntura, porque el Ministerio de Hacienda estableció un tipo de impuesto mal definido. «Espero que la nueva ley no tarde mucho. A partir de ahí adecuaremos nuestra ordenanza y la aprobaremos en Pleno para su entrada en vigor».

El edil recuerda que hubo dos sentencias sobre este asunto antes de la resolución del Tribunal Constitucional que dieron la razón al Ayuntamiento.

En el cuarto municipio por población de Cantabria, Camargo, lo que están haciendo es analizar «caso por caso de manera pormenorizada». El concejal de Hacienda y Personal Héctor Lavín aseguró que en la actualidad se contabilizan un centenar de reclamaciones por el impuesto en cuestión. De ellas, se han estimado hasta el momento una treintena al comprobarse que las transacciones de vivienda «no han supuesto un incremento de valor». Camargo cuenta con un total de 16.000 contribuyentes.

Piélagos, por su parte, dejó de cobrar la plusvalía el pasado 15 de junio. Actualmente está como todos los demás, esperando a que se legisle con efectos retroactivos a esta fecha, tal como el Gobierno ha negociado con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). En este ayuntamiento se han presentado en total unos 15 recursos administrativos, en tanto que por la vía del contencioso se cuenta con dos sentencias favorables para el Ayuntamiento. Piélagos, como la mayoría de municipios, pide que se legisle y se termine con la inseguridad jurídica que existe porque también se traduce en inseguridad económica.

En El Astillero este impuesto no está teniendo tanta incidencia como en otros municipios, ya que, como explica el concejal de Hacienda, Salomón Martín, se decidió continuar con la tramitación de los expedientes de liquidación del impuesto en octubre de 2017, cerrando así un periodo de cuatro meses en los que se había paralizado. El servicio de intervención municipal estableció la reanudación al constatar que en el municipio apenas se ha experimentado una distorsión entre el valor del catastro y el precio de mercado. «En El Astillero no existe el problema que se da en sitios costeros o más turísticos, porque la caída de precios no ha sido tan sustancial y, en líneas generales, los precios del mercado están todavía por encima del valor catastral», señala el portavoz.

«Sí es cierto que se están dando algunos casos en zonas como Los Puertos o Guarnizo, donde los propietarios adquirieron inmuebles en la época del 'boom' inmobiliario, pero son puntuales». En 2016, las arcas municipales recaudaron por este impuesto unos 248.000 euros, pese a tener contabilizados como derechos reconocidos netos un importe mayor, de 264.629 euros. La cuantía restante se habrá cobrado ya en 2017 o bien se sumará a las arcas municipales a lo largo de este ejercicio.

En la actualidad, este Ayuntamiento está tramitando un total de 170 expedientes, por lo que se prevé que los ingresos por el impuesto de plusvalía «sean menores este año y mayores en 2018».

(Información realizada por: SHEILA IZQUIERDO, DAVID CARRERA, MARÍA COUSO Y ABEL VERANO)

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