El impulso eólico contempla otros cinco nuevos parques en la zona de Valdeolea

Mientras que los 27 molinos de Cuesta Mayor, Somaloma, Alsa, Campo Alto y La Costana se encuentran en su recta final del papeleo -ya cuentan con autorización de construcción- y podrían empezar a producir energía esta misma legislatura, los otros cinco, también de gestión autonómica, aún se encuentran en una fase embrionaria del proceso. Olea, Cotillo, Morosos, Enestrosas y Hornedo, cuyo número exacto de torres aún no se ha hecho público, ya han finalizado su proceso de información pública y, en breve, Industria trasladará a Fomento toda la documentación para conseguir la declaración ambiental.

Aunque la voluntad de la Consejería de Roberto Media es la de agilizar lo máximo posible los permisos, lo cierto es que el desarrollo de estos cinco parques aún llevará años y, quizás, puedan verse avances durante la próxima legislatura, si es que el Gobierno que salga de las elecciones de 2027 cuenta con el mismo ánimo de acelerar la implantación de energía eólica. Algo que no siempre cuenta con el visto bueno de los ayuntamientos, vecinos y organizaciones ecologistas por su alto impacto paisajístico.

En paralelo a estos diez planes autonómicos, el Estado también cuenta con proyectos propios en Cantabria. Además del inminente de El Escudo, el de Bustasur, en Las Rozas de Valdearroyo, se encuentra igualmente muy avanzado. Más incipientes son todavía los de Corus y Piruquito, en cuyo horizonte se dibuja una feroz oposición que ya ha adelantado el PRC. Los regionalistas han pedido a Buruaga que no apruebe sus permisos por «el impacto ambiental» que supondrán los 21 molinos de 200 metros de altura y 40 torres eléctricas en Guriezo, Liendo, Limpias, Rasines, Ampuero, Voto, Ruesga y Solórzano. «Unas dimensiones con las que no entrarían tumbados en el campo del Racing», denuncian desde el PRC.

Los siete parques más adelantados -dos estatales y cinco autonómicos- supondrán la puesta en funcionamiento de 60 aerogeneradores que sumarán 262,6 megavatios, una potencia para abastecer a cerca de 250.000 hogares. En cualquier caso, la región alcanzará como máximo solo un tercio de la potencia eólica que pretendía su Plan Energético, paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en 2009 y que obligó al Gobierno autonómico a indemnizar con más de 3 millones de euros a las empresas afectadas.

Quince años después, el Ejecutivo del PP parece decidido a aprobar uno nuevo, y el consejero de Industria pretende hacerlo este mismo año partiendo del borrador que dejó hecho su antecesor, Javier López Marcano, y que a la vez se basa en el que ya sacó adelante el propio Arasti en su anterior etapa en Industria (en la legislatura 2011-2015).