Las incógnitas del 'caso Obras Públicas'

El próximo 22 de abril se cumplirán ya dos meses desde que la magistrada Mercedes Compostizo ordenó la detención de ocho personas y el registro en domicilios, empresas y en la Consejería de Obras Públicas por la trama de las Carreteras. Un caso sin precedentes en la historia reciente de Cantabria en cuanto a implicación e impacto económico, teniendo en cuenta que hay 23 empresas señaladas y un entramado de sociedades perfectamente organizado para blanquear el dinero.

La investigación gira en torno a la supuesta trama que orquestó el jefe del servicio de Carreteras, Miguel Ángel Diez, junto a su mujer, Beatriz del Río, y sus dos hijas (Cecilia y Sofía) para la adjudicación de obras a cambio de mordidas que luego blanqueaba a través de empresas fantasma. Aunque esta actividad delictiva se remonta al año 2003, según ha constatado la Agencia Tributaria, la instrucción que dirige Compostizo se centra en los últimos diez años, ya que los supuestos delitos del periodo anterior ya habrían prescrito.

Desde que la operación se hizo pública con las detenciones y los registros –solo el funcionario se encuentra en prisión provisional–, no ha trascendido ningún detalle significativo sobre la investigación, con lo que son muchas las incógnitas por despejar.

–El mismo día de su detención, el pasado 22 de febrero, trascendió que la víspera varios agentes de la Policía Nacional vieron cómo Miguel Ángel Diez arrojaba unos documentos a un contenedor.

–Todavía no han trascendido las transcripciones de las llamadas que realizó y recibió el cabecilla de la trama (y su mujer) los días previos a su detención (quedan por conocer las conversaciones producidas entre el 31 de enero y el 21 de febrero). Lo que sí se sabe es que una de ellas es la llamada que revela que el exsubdirector general de Carreteras, Sebastián Martín (que fue cesado), tenía agendada una comida en el restaurante tres estrellas Michelín El Celler de Can Roca junto a Diez, la mujer de este y dos responsables de la empresa Rucecan, que no se llegó a celebrar porque cuatro días antes el juzgado destapó la trama.

–Además del contenido que pueda haber en esas conversaciones intervenidas, durante los registros realizados tanto en la Consejería de Obras Públicas como en las sedes de las empresas investigadas (La Encina y Cannor, API Movilidad y Rucecan) y en los domicilios de los investigados, los efectivos de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria recabaron numerosa documentación que podría sacar a la palestra a nuevos personajes con implicación en el caso.

–La magistrada ha fijado para finales de este mes una vista en la que se abordarán las medidas cautelares que solicitó el Gobierno de Cantabria. En concreto, la de la inhabilitación o prohibición de contratar a las empresas investigadas (La Encina, Cannor, API Movilidad, Imesapi y Rucecan) en los once expedientes de obras todavía en licitación (aún no adjudicados).

–Una de las empresas implicadas, API Movilidad, ha remitido un escrito a la jueza en el que califica de «desorbitada» la petición del Gobierno regional al entender que «no tiene encaje legal, ni concurren los requisitos legales para su aplicación y resultan absolutamente desproporcionadas por cuanto provocarán daños irreparables e irreversibles». Además de los contratos pendientes con el Gobierno, habrá que ver de qué manera afecta este caso a las empresas a la hora de seguir desarrollando su actividad.

–Más allá de la vista que hay señalada para resolver la medida cautelar que solicitó el Gobierno cántabro, se desconoce si la instructora tiene previsto citar a declarar a los ocho investigados o a algún testigo (no ha trascendido quiénes pueden ostentar este papel dentro del proceso) que pueda arrojar algo de luz al caso, o bien la práctica de alguna nueva diligencia de investigación.

–El día que pasaron a disposición judicial, los ocho investigados decidieron acogerse a su derecho a no declarar. Silencio absoluto. Era de esperar, teniendo en cuenta que fue ese mismo día cuando la instructora del caso acordó levantar el secreto de las actuaciones. Por norma general, es una de las indicaciones que los letrados dan a sus clientes a la espera de conocer las actuaciones y los motivos por los que están investigados. A partir de ahí, y pasados casi tres meses, no se sabe qué pasos van a dar los dos abogados que defienden al funcionario, por un lado, y a su mujer y sus hijas por otro. ¿Intentará Diez llegar a un acuerdo con la Fiscalía para que, al menos, sus hijas salgan indemnes del caso? ¿Buscará un acuerdo con el fiscal en beneficio de toda la familia? ¿O defenderá la inocencia de toda su familia?

–Se desconoce si sus abogados y los de Diez y su familia están fraguando una estrategia conjunta o bien van a defender sus intereses particulares para intentar salir limpios de polvo y paja o lo menos dañados de este procedimiento. Por eso, está por ver si deciden acudir a declarar voluntariamente ante la jueza o bien aguardan al momento del juicio para dar su versión.

–El funcionario, a entre 6 y 21 años de cárcel por cinco delitos; su mujer, a entre 5 y 15 años por tres delitos; sus hijas, a entre 6 meses y 6 años por uno; y los empresarios, a entre 3 y 12 años por otros dos.

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