Indignación en Cantabria por el plan de Vizcaya de cobrar peaje a los camiones

La noticia, firmada por el periodista Luis López, se publicó ayer en El Correo. Lo que contempla la Diputación vizcaína (lo avanzó en las Juntas Generales el diputado de Infraestructuras, Imanol Pradales) es instalar arcos para el cobro en la N-240, la N-636, la N-637 y la BI-625. Ahí, lo que se pretende es desincentivar su uso para que los tráficos acaben desviándose a las autopistas. Hablan de evitar la saturación de las vías, de mayor seguridad o de reducción de emisiones. Pero incluyen en la lista al tramo por el que entran los que vienen de Cantabria -y ahí no hay alternativa de autopista-. En ese sentido, uno de los argumentos que manejan es que si para ir al Puerto de Bilbao desde San Sebastián hay que pagar, teniendo en cuenta que el viaje desde Santander sale gratis, se genera, a su juicio, un desajuste. La Diputación estima que estos peajes -su cuantía no está estimada- reducirían el tráfico pesado a la altura del Max Center en un 14%. Lo del otoño de 2022 como fecha para empezar es el escenario que contemplan una vez que han enviado la documentación a las autoridades europeas, que son las que supervisan estas regulaciones.

¿Y qué han dicho aquí al enterarse? «Como no puede ser de otra forma, nuestra valoración es negativa al 100%», responde a bote pronto José Andrés Cianca, presidente de Asemtrasan. «Si llegan a implantarlo supone poner otro palo en las ruedas para el sector en Cantabria». Un coste añadido con un encaje difícil a la hora de repercutirlo a los clientes. «Va a encarecer el transporte y eso supondrá encarecer el producto final al consumidor. Hay que sacar dinero de donde sea y lo más fácil es sacarlo de los camiones», añade Gerardo Pontón, secretario general de Aetrac.

Desde las dos asociaciones empresariales cántabras -también las vizcaínas han mostrado su disconformidad- destacan el hecho de que en Guipúzcoa están «erre que erre» con el mismo plan desde hace años y hay ya sentencias judiciales que lo han echado abajo. «A río revuelto, ganancia de pescadores. En Guipúzcoa están buscando todas las fórmulas posibles a pesar de que se lo han anulado. El Comité Nacional de Transporte ha puesto incluso una demanda. Pero, en vista de que siguen, ahora Vizcaya va por el mismo camino. Por eso creo que, de aquí al corto o medio plazo, no va a ser posible», apunta Cianca. Y una respuesta similar ofrece Pontón. «Los tribunales lo han declarado no legal en Guipúzcoa y siguen insistiendo. Hay dos sentencias y pasan del tema. Si estamos en un estado de derecho y hacen lo que les da la gana, al sector no le quedará más remedio que plantarse».

De hecho, la Diputación guipuzcoana, según se supo ayer mismo, dejará de cobrar ahora temporalmente el peaje porque debe acatar el fallo judicial. Pero será una suspensión temporal porque ya trabaja en una nueva norma que le permita esquivar el rechazo de los tribunales. En Vizcaya, en todo caso, creen que no van a tener ese problema. Fuentes forales explican que el caso de sus vecinos de comunidad fue declarado «discriminatorio» porque los peajes regulan sólo el 25% del trazado. Los extremos, de manera que en los puntos intermedios sigue siendo gratis y eso pone en ventaja al transporte local frente al de fuera. Pero su plan supone implantarlo en el 96% del trazado.

Asemtrasan y Aetrac insistían ayer en sus quejas. «No hay otra fórmula en la A-8 y si también lo ponen en el corredor de Goyerri, no hay más opciones», apunta Cianca. Para ir a Barcelona, La Rioja, Irún... «Cruzar de salida o de entrada -añade- nos va a suponer un coste. Y los peajes allí no son precisamente baratos. El kilómetro de la autopista Bilbao-San Sebastián es posiblemente el más caro de España y la infraestructura está como está». Pontón tampoco ocultaba su enfado: «El transporte ya paga mucho para mantener las carreteras. Es fiscalizar, sacar más dinero, que irá para infraestructuras que engorden la cuenta de resultados de las empresas de las autopistas».