El informe del que depende el futuro de Diavida en Cantabria, sin desvelarse un mes después

¿Hay argumentos para proceder a la rescisión del contrato con la empresa valenciana? ¿Compensa mantener la política de penalizaciones y aguantar hasta que finalice la adjudicación? ¿Ha descendido el volumen de incidencias que han marcado el desembarco de Diavida en Cantabria? ¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso de romper la relación contractual? Son cuestiones que también quiere saber la diputada y portavoz del PRC en materia sanitaria, Paula Fernández, que precisamente ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento para pedir explicaciones al consejero de Salud, César Pascual, sobre la situación «crítica e insostenible» que atraviesa el servicio de transporte sanitario de Diavida.

«El Ejecutivo ni ha dado a conocer el informe encargado, ni ha adoptado ninguna medida para solventar una crisis que afecta gravemente a trabajadores y pacientes», razones por las que la parlamentaria regionalista pedirá respuestas en el Pleno. En concreto, preguntará a Pascual por un informe entregado a la Consejería por los representantes de los trabajadores, «en el que documentan, en casi cien páginas, incumplimientos graves del convenio colectivo», para que aclare si constituye «motivo suficiente para actuar». Y le planteará también si, a la vista de dicho informe, el Gobierno considera llegado el momento de aplicar las medidas administrativas y jurídicas necesarias para restablecer la normalidad del servicio de ambulancias.

Además, Fernández pedirá al consejero que aclare cuáles son los motivos por los que el Centro de Coordinación del transporte programado, ubicado en Cantabria, opera desde Madrid durante su horario nocturno. A juicio de la diputada regionalista, este cambio supone «una reducción inaceptable de la capacidad de respuesta y una externalización encubierta que incumple los términos del contrato». Asimismo, recuerda que la empresa acumula reiteradas denuncias por reducción de personal, falta de condiciones mínimas de seguridad e higiene en el trabajo y «graves deficiencias en la asistencia». Sin olvidar, «los retrasos en el pago de las nóminas», aunque cabe precisar que el mes de marzo se ha abonado antes de tiempo, para sorpresa de los trabajadores.

«La situación del transporte programado de ambulancias pone en riesgo la atención sanitaria de miles de cántabros» y «está generando un éxodo continuo de trabajadores», indica Fernández. «El Gobierno de Cantabria no puede seguir mirando hacia otro lado. Tiene sobre la mesa los informes, las denuncias y el mandato del Parlamento, queremos saber si piensa actuar o va a seguir permitiendo que se deteriore aún más un servicio tan esencial», plantea la diputada regionalista, que demanda «una hoja de ruta clara» que incluya, si es necesario, un contrato puente para garantizar la continuidad del servicio mientras se tramita una nueva licitación.