Un informe del Gobierno ve responsables de los sobresueldos a los gestores de MARE

«La pertenencia de la empresa al sector público determina la responsabilidad de sus administradores al incurrir en una inadecuada gestión si ha dado lugar a un perjuicio contra el patrimonio o en los fondos públicos», se puede leer en el documento al que ha tenido acceso este periódico, fechado en diciembre de 2020 -dos años después del primer informe de la Intervención- y firmado por la directora general del Servicio Jurídico, Ana María García-Barredo.

Una vez que el perjuicio económico ha sido constatado por la auditoría y reconocido por el propio Ejecutivo regional, la Ley del Tribunal de Cuentas establece la responsabilidad y la obligación de indemnizar los daños causados por quienes manejan caudales públicos, ya sea por acción u omisión. Es decir, serían los miembros del consejo de administración de MARE, como representantes legales de la sociedad mercantil, los que tendrían que reponer el dinero de su propio bolsillo. Pero no solo el del último año, como se pide a los trabajadores, sino el de los últimos cuatro ejercicios, tal y como recoge la Ley Mercantil. En ese caso, además de Guillermo Blanco y el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, estarían afectados, entre otros, la exconsejera Eva Díaz Tezanos y los que han sido directores generales en esos años: Rosa Inés García (PSOE), Felipe Lavín (PSOE) y José María Díaz (PRC)

Incluso, en el informe se citan varios ejemplos de sentencias del Tribunal Supremo en las que se condenó a los responsables de empresas públicas a devolver con su patrimonio privado el importe de sobresueldos irregulares, pensiones injustificadas o premios indebidos a la dedicación. Entre ellas, un fallo de 2010 en el que el Supremo no deja lugar a dudas en la interpretación: «los pagos indebidos e injustificados en una sociedad pública son constitutivos de responsabilidad contable».

Entonces, ¿qué ocurre ahora si el Gobierno no pide responsabilidades a los gestores de la empresa? Ese escenario fue el que dibujó Vox en el Pleno. Según su portavoz, Cristóbal Palacio, el Ejecutivo incurriría en un delito de prevaricación por no exigir el pago a los directivos de MARE.

La Intervención también consulta a los Servicios Jurídicos del Gobierno si se puede valorar una posible responsabilidad penal «de quienes han dado lugar a que se realicen pagos contrarios a la ley», ya que se ha podido incurrir en un delito de administración desleal. A esto se refería la diputada del PP Isabel Urrutía cuando el pasado lunes en el Parlamento dijo que en MARE «hay mucho más» que lo del sobresueldo a los trabajadores.

El informe de los abogados del Ejecutivo no entra en el fondo del asunto y se limita a aclarar que la responsabilidad contable y penal es compatible, por lo que si los hechos fueran constitutivos de delito «los integrantes de los órganos de decisión deberán responder penalmente por los hechos». Además, se plantea la hipótesis de si los responsables de una empresa pública -sea cual sea el caso- podrían llegar a incurrir en otros delitos, como prevaricación, fraude o malversación. Y concluye que sí, al entender que gestionan fondos públicos, aunque en ningún momento se refiere al asunto de MARE en concreto.

En cualquier caso, los abogados del Gobierno sí dejan claro que la dirección de la empresa «está legitimada para reclamar a los trabajadores lo indebidamente cobrado o detraerlo de sus retribuciones», pero solo el último año, por mucho que la irregularidad venga de mucho antes. Pero la reparación no acaba ahí, como pretende el Gobierno. Los servicios jurídicos insisten en su informe en la responsabilidad contable de los gestores de la empresa y la necesidad de reparar el daño patrimonial causado. Eso sí, con fecha de caducidad: cinco años desde la fecha en la que se cometieron los hechos o tres años después de concluir la investigación o la sentencia judicial.

Además de regularizar las nóminas de los empleados, MARE ya ha reclamado la devolución de lo cobrado de más el último año. Aunque no se ha hecho público el número de trabajadores involucrados, la empresa sí ha desvelado que solo tres de ellos no llegaron a un acuerdo y se detraerá de sus nóminas en 24 mensualidades.

La auditoría habla de seis tipos de retribuciones irregulares. Por una parte, se detectaron casos en los que se pagaba al trabajador por una categoría profesional superior a la que figuraba en su contrato laboral sin que hubiera documentación acreditativa que lo justificara. También había «complementos personales» con importes muy dispares y sin correspondencia con los respectivos niveles de responsabilidad, de ahí su carácter «subjetivo» y contrario a la norma. Además, se hallaron subidas salariales en los años en los que la ley presupuestaria establecía la congelación. «Pluses, complementos indebidos, liquidación de pagas extraordinarias, conceptos fuera de convenio...».

Ciudadanos y Vox han registrado en el Parlamento de Cantabria una petición para la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la empresa pública MARE durante el periodo 2008-2020. El coordinador de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, invitó al resto de partidos políticos a sumarse, pero solo se ha adherido Vox. Entre los dos partidos suman cinco diputados, por lo que esta iniciativa no parece que vaya a prosperar en el Parlamento.

Según Álvarez y Cristóbal Palacio, portavoz de Vox, «no resultaría comprensible para la ciudadanía» que el resto de los grupos no apoyaran esta comisión de investigación «si lo que buscan es transparencia, honradez y servicio público como norma de actuación en la política». Y tampoco es comprensible, según ambos portavoces, «que el Gobierno pretenda tapar el caso y ocultarlo dando carpetazo al asunto y esperando que prescriban las presuntas irregularidades».