PRC y PSOE votan divididos en tres de las iniciativas debatidas hoy en el Parlamento

Sobre este último punto, todo los grupos de la Cámara salvo el PSOE, que voto en contra, acordaron instar al Gobierno de España a que plantee un proceso de mediación intrajudicial a ARCA sobre la depuradora de Vuelta Ostrera, sobre la que pesa una sentencia firme de derribo impulsada por esta asociación ecologista.

La iniciativa presentada por Vox salió adelante con una enmienda del PRC. En ella se llama a ambas partes a acudir a la mediación de buena fe, en defensa de los intereses de Cantabria y a que se permita una ejecución alternativa de la sentencia, conservando la depuradora en su ubicación actual. Se pide también que el Ministerio de Medio Ambiente dedique la cuantía prevista para el derribo de esta depurador y la construcción de una nueva, a inversiones y actuaciones que mejoren la situación medioambiental de Cantabria. La oposición del PSOE ha expresado el diputado socialista y exportavoz de ARCA, Javier García-Oliva, quien ha recalcado que las sentencias «están para cumplirse» y ha instado a que en lugar de pedir buscar alternativas para que no se cumpla esta del Tribunal Supremo de hace 15 años se negocie con el Ministerio que la nueva instalación cuente con todos los avances tecnológicos en materia de depuradoras.

El segundo de los puntos en los que no hubo acuerdo de los partidos que sustentan al Gobierno fue otra iniciativa de Vox, en este caso para pedir al Gobierno regional que declare la caza como una actividad esencial. En esta iniciativa, la propuesta de Vox contó con el apoyo del PRC y del PP, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PSOE.

La proposición no de ley pide también que el Gobierno cántabro permita el libre desplazamiento de los cazadores entre su residencia y el lugar donde se desarrolle la cacería frente a las restricciones impuestas por la pandemia de la covid-19.

El resto de partidos ha recordado a Vox que en Cantabria, después de levantarse el pasado viernes el cierre perimetral por municipios los cazadores ya pueden desplazarse libremente por toda la comunidad autónoma para desarrollar esta actividad, por lo que han señalado que la iniciativa «llega tarde».

Sin embargo, el diputado socialista Javier García-Oliva ha alegado que, aunque su partido no está en contra de la caza, esta actividad «no contribuye a la regulación de las poblaciones» de algunos animales, sino que, según ha asegurado, ha contribuido a la extinción de varias especies a lo largo de la historia en Cantabria. «La caza puede ser muchas cosas, pero desde luego no es una actividad esencial», ha concluido este parlamentario.

El polígono de La Vega en Reinosa ha sido el tercer punto en discordia de esta tarde. En esta ocasión era una proposición no de ley del propio PRC para reclamar la cesión del Estado al Ejecutivo regional del polígono de La Vega, en Reinosa, que han apoyado PP y Ciudadanos, mientras que los socialistas se han abstenido, al igual que Vox.

Esta abstención del PSOE se ha producido después de que el PRC rechazase una enmienda socialista en la que planteaba que el Gobierno de Cantabria buscase un acuerdo con la sociedad estatal Sepes, que actualmente gestiona el polígono, para adquirir las parcelas que todavía estén libres.

Desde los socialistas, su diputado Javier García-Oliva ha señalado las dudas legales que para el PSOE plantea la cesión «a precio cero» de unas instalaciones en las que el Gobierno de España ha invertido un dinero y que la Unión Europea podría entender como una «subvención encubierta», ha señalado.

En la sesión plenaria del Parlamento de Cantabria también se ha aprobado una proposición de ley para manifestar su rechazo al transfuguismo como práctica de corrupción política y fraude a la voluntad de los ciudadanos que supone una completa deslealtad hacia las formaciones políticas que han amparado la candidatura de los representantes locales con el único fin de perseguir intereses de beneficio individual.

Y que el Parlamento inste al Ministerio de Política Territorial y Función Pública a que se dote de carácter estable a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfugismo, garantizando la continuidad de la reciente convocatoria acordada para el 21 de septiembre, como muestra de compromiso político para atajar esta lacra.

La iniciativa presentada y defendida por Félix Alvarez (Cs) ha salido adelante con una enmienda de modificación de los grupos de PRC, PSOE y PP, por la que se suprime el segundo de los puntos que incluía la propuesta de Cs, en la que se pedía instar al Gobierno de Cantabria a impulsar la firma a nivel autonómico de un Pacto Antitransfuguismo de manera análoga y con el mismo contenido y términos que el Pacto nacional y renovado recientemente.

El portavoz de Vox, Cristobal Palacio, cuyo grupo se ha abstenido, ha considerado que con ella lo que se pretende es «controlar» a las personas en las que han confiado y que «cada uno de sus asientos sea del partido» por el que han sido elegidos, mientras que él defiende que puedan actuar, «por coherencia», de acuerdo a su conciencia porque, una vez elegidos, «representan a la voluntad de la población que los ha elegido» y su acta es «personal».

Por el contrario, el pleno ha rechazado una proposición no de ley para instar al Gobierno a presentar, en un plazo no superior a tres meses, un proyecto de ley para crear la reserva estratégica de productos sanitarios en Cantabria, que regule el suministro y almacenamiento de material tecnológico y de medicamentos para emergencias, catástrofes o pandemias.

El popular César Pascual ha defendido esta iniciativa, solo respaldada por Ciudadanos, haciendo hincapié en que, en el ámbito de la gestión emergencias y catástrofes, es «imprescindible» garantizar que exista material suficiente durante un periodo de tiempo amplio, para evitar problemas de suministro o transporte, y que dicho material se puede repartir de forma segura.

Sin embargo, tanto Eva Salmón como Ana Obregón , cuyos grupos socialista y regionalista han votado en contra de la iniciativa, han subrayado que, en que regular el suministro y almacenamiento de material tecnológico y de medicamentos para emergencias, catástrofes o pandemias mediante leyes específicas de las comunidades autónomas en lugar de aportar agilidad, generaría «más burocracia y cargas administrativas».