Inquietud en el campo ante las multas a vecinos por ayudar en tareas agrícolas

La Agencia Tributaria puso su atención en el medio rural, al sospechar que se podría estar produciendo un fraude al fisco. El punto cero de sus pesquisas arrancó en Galicia, aunque los afectados replican que no hay ningún engaño, sino el apoyo habitual que los allegados prestan en estas labores agrícolas sin contraprestación económica alguna y con una comida entre amigos -de haberla- como única recompensa. Pero eso muchos lo tendrán que demostrar ahora en sus recursos ante los expedientes ya abiertos con propuestas de sanción.

Con este escenario, los temores en Cantabria están bien presentes, según explican los propios sindicatos agrarios. Pedro Gómez, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (Asaja) en la Comunidad, lo tiene claro. «Es algo que nos preocupa. El problema es que si te coges la legislación y la aplicas al pie de la letra no puedes hacer este tipo de actividades». Con todo, advierte de que «cuando veas las barbas de tu vecino cortar, lo mejor es estar preparado». El malestar entre el sector primario gallego ha llegado a Asturias y Cantabria en forma de profunda tribulación.

Pero hay más. «Estamos inquietos, eso es innegable. La realidad es que o tienes un contrato para trabajar o estás ayudando de forma ilegal. No hemos querido hacer una consulta formal ni a Hacienda ni a Trabajo porque puede ser vinculante y, en consecuencia, podría resultar perjudicial en caso de que se empezaran a cursar expedientes sancionadores». En el campo gallego, de hecho, los inspectores han acudido a las diferentes propiedades acompañados en ocasiones por agentes de la Guardia Civil.

A pesar de «no tener noticia» de que estas actuaciones lleguen a Cantabria por el momento, desde Asaja admiten que es un tema complejo. Primero, porque los contratos y los costes derivados son difíciles de asumir para el productor y, en paralelo, en ocasiones es complicado probar por parte de los afectados que solo están ayudando a un familiar o un vecino con los trabajos.

Gaspar Anabitarte, secretario general del sindicato UGAM-COAG, se expresa en la misma línea. «Defendemos las explotaciones familiares agrarias de toda la vida. Lo que pedimos a las autoridades correspondientes es que sean condescendientes. En sitios como Liébana esta colaboración es la más natural del mundo cuando toca vendimiar. Otra cosa es que se estén produciendo fraudes», anota.

Como corolario, un lamento. «A veces parece que la Administración quiere descubrir América y pretende hacerlo con los más vulnerables», reprocha.

Desde la Inspección de Trabajo en Cantabria, a través de la Delegación del Gobierno, se rechaza de plano que se vayan a producir actuaciones en este sentido en el medio rural regional. Quizá haya algún procedimiento de forma puntual, pero en absoluto está prevista una campaña generalizada para escrutar, y sancionar, este tipo de cooperación vecinal y familiar.

Por su lado, la Consejería de Medio Rural, cuestionada por este periódico acerca de si veía excesivo el celo de la Agencia Tributaria en Galicia sobre los productores agrícolas y su postura en caso de que se empezara a expedientar en Cantabria, declinó hacer declaraciones sobre el asunto para fijar su posición.

En todo caso, salvo que el devenir de los acontecimientos evidencie lo contrario, parece que los productores autonómicos podrán respirar tranquilos por el momento. No así en Galicia ni en Asturias. De hecho, en el Principado los sindicatos dan por hecho que son los siguientes en la lupa.