Inquietud en las familias por los cambios en las normas de seguridad para volver a las aulas

La Consejería de Educación maneja tres. Un regreso idéntico al del año pasado; uno combinado -con educación en el aula y a distancia-, y un tercero, fruto de los rebrotes, totalmente por internet. Entendiendo de momento que el segundo es el más factible, su idea es que la docencia sea sobre todo presencial y con medidas de seguridad. En eso coincide con la mayoría de las autonomías. Cantabria y otras 16 comunidades han suscrito un acuerdo para el próximo curso que aboga por la presencialidad, por respetar las indicaciones de las autoridades sanitarias, o por que cada centro tenga su propio plan de contingencia. Las medidas de prevención, en cualquier caso, son provisionales. El último borrador, elaborado por los ministerios de Educación y Sanidad, establece criterios como la creación de grupos «estables» de un máximo de 20 alumnos en Infantil y Primaria (hasta 4º curso) -que, por ejemplo, no tendrían que llevar mascarilla si no accediesen a zonas comunes-, o la salvaguarda de una distancia de 1,5 metros sólo en niveles superiores. El Gobierno ha suavizado estos criterios en las últimas semanas.

Estos cambios de reducir de 2 a 1,5 metros la distancia física en algunos niveles, o ampliar de 15 a 20 el tope de alumnos por unidad educativa «generan inseguridad en las familias. Están preocupadas. Los criterios tienen que ser seguros y ciertos», revela Mónica Haro en conversación telefónica. Al frente de Concapa-Cantabria, Haro también avala la necesidad de impartir una docencia presencial -«Es irrenunciable, no puede sustituirse», señala-, aunque con medidas de seguridad y sin obviar ninguno de los escenarios que pueden darse en septiembre. «Hay que trabajar en todos». En Concapa quiere hacer aportaciones, pero esperarán a que la situación se defina.

Las familias, sobre todo en lo que atañe a Infantil y Primaria, tienen dudas. «¿Cómo serán los recreos? ¿Si las horas de entrada y salida del centro van a ser distintas, cómo se va a conciliar? Es un asunto complejo que necesita planteamientos serios, orden y buena voluntad», expone Haro. «Hay que trabajar en normas determinadas pero flexibles», indica Torre, que incide en que la evolución del virus sigue siendo clave y en que muchas de las medidas que se tomen ahora puede prevalecer en el futuro. ¿Cuáles? La reducción de las ratios o el acceso escalonado, por ejemplo.

Las familias también tienen demandas. En FAPA y Concapa quieren que la conciliación sea un asunto central . Haro, además, desliza la posibilidad de que se hagan «test masivos» a la comunidad educativa o tomar la temperatura en el centro. Torre apuesta por que no cambien los libros de texto de un curso a otro, y por unas becas de comedor que pasen del 75% al 100%.

FAPA y Concapa coinciden en otro punto: se necesitan más fondos para aplicar las medidas y afrontar el curso con garantías. «La educación ha sufrido ya recortes, estamos en una situación muy ajustada. Todas las medidas necesitan más medios materiales y humanos», señala Chema Torre.

Es una petición unánime en la comunidad educativa, Consejería incluida. UGT indicaba ayer que la seguridad de la actividad escolar presencial precisa «un esfuerzo presupuestario adicional y complementario» a la partida de 2.000 millones anunciada por el Gobierno central. CC OO pedía ayer también una financiación decidida, en tanto que se necesitarán, estima, 400 docentes más para atender las casi 350 nuevas aulas que habrán de habilitar para cumplir con la ratio de 20 alumnos por unidad. Belén González, de STEC, es también clara: se necesita más financiación para contratar profesores y adquirir materiales y equipo en el ámbito público -«Porque queremos que vaya a la educación pública», incide-. Repartir el fondo de 2.000 millones bajo criterios de población, entiende, sería un error: «Tenemos mucha población rural y, por ejemplo, más de 500 rutas de transporte».

En STEC están preocupados también por la relajación de los criterios de prevención que incluye el último borrador ministerial. Sospecha que obedecen a razones «económicas» más que sanitarias. Con todo, hay incertidumbre entre los docentes: «Hay dudas relativas a la seguridad, sobre cómo se van a organizar los espacios de los centros educativos», indica González.

En la Comisión Permanente de directores de Infantil y Primaria se asoman a septiembre con prudencia. El borrador del plan de prevención precisa adaptación local, recuerda María José Rioseco, su portavoz. «A pesar de que vemos una evolución respecto del protocolo anterior, queda aún mucho camino por recorrer. Se necesitan medios y recursos», señala.

Se necesitan resolver muchas dudas aún. José Antonio Sánchez Raba, miembro del Consejo Escolar, verbaliza algunas de ellas: ¿Qué pasará con las 'unidades de convivencia' en el recreo? ¿Por qué convertir los gimnasios en aulas si los espacios para la educación física también son necesarios? «Hay que ser prudentes porque la situación es cambiante», indica, y revela que, con todos estos cambios de criterio, los planes de contingencia de los centros, muchos ya en elaboración, «tendrán que adaptarse».