Los inquilinos morosos proliferan como nuevo modo de okupación en Cantabria

«Cada vez hay más de esos y es que el fenómeno okupa, en cualquiera de sus versiones, está creciendo en Cantabria sin que las instituciones hagan nada para impedirlo», protesta Noemí Muñoz, presidenta de la coordinadora Meruelo sin okupas y delegada nacional de la asociación Mi barrio seguro.

El pasado 24 de octubre todo el Parlamento regional, a excepción del PSOE, reclamó endurecer las penas para estas prácticas, pero la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, insistió en que es una competencia que se le escapa y que es el Estado el que debe regular en este sentido. Sí que ofreció cifras: «En Cantabria tenemos 367.360 viviendas y desde 2019 hasta la fecha se han registrado 287 denuncias por okupación», esbozó; pero no convenció. Sólo en el primer semestre de este año, constan 44 nuevas, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior. Pero tanto asociaciones como alcaldes aseguran que el número de casos es mucho mayor. Un ejemplo claro se encuentra en Polanco, uno de los municipios más castigados por esta lacra.

367.360viviendas están registradas en toda Cantabria.

287casos de okupación se han denunciado desde 2019 hasta el presente en Cantabria.

«Para poner un ejemplo, en Requejada tenemos una urbanización donde hay treinta viviendas okupadas y todo ello consta como un único expediente judicial. Si en todos los casos funciona igual, evidentemente esas cifras distan mucho de lo que existe en la realidad», argumenta la alcaldesa, la regionalista Rosa Díaz. De hecho, la persona que figuraba como administrador de la sociedad propietaria de estos inmuebles en la urbanización G-20, localizada en la calle San José de Requejada, llegó a alquilar hasta treinta de las cuarenta viviendas y luego fueron los propios okupas los que fueron vendiendo las llaves de los inmuebles por 2.000 euros, cada vez. «Nosotros tenemos un problema en esa y en otra urbanización y lo que ocurre es que al final generan muchos conflictos de convivencia», remarca Díaz.

Una vecina del lugar, que en los primeros meses tras la llegada de los okupas fue de las más activas en la protesta popular, terminó vendiendo su piso por 70.000 euros tras haberlo comprado años antes por 200.000. «Eso no puede consentirse», clama la regidora de Polanco.

Pero a día de hoy la ley no ofrece muchas herramientas para combatir esta picaresca y las soluciones que se plantean están al margen de la normativa, algo que en algún caso puede terminar en enfrentamientos y violencia. Lo denuncia el diputado del PP Íñigo Fernández: «Es muy peligroso manejar esta situación con este tipo de soluciones porque a la postre pueden convertir estas localidades en un polvorín y va a haber un susto», advierte.

En Meruelo son los vecinos los que están coordinados mediante un grupo de whatsapp para dar la voz de alarma cada vez que un okupa accede a una vivienda. «Ha habido ocasiones en que los han echado, pero es que un día una situación de esas va a acabar mal y entonces nos echaremos las manos a la cabeza», insiste Fernández. «Es evidente que la legislación que tenemos es insuficiente y que hay que modernizarla y hacerla más ágil y justa. Tiene que haber un cambio en el Código Penal y en la Ley de enjuiciamiento criminal y es algo que le corresponde al Estado, pero desde Cantabria se puede hacer más y hasta el día de hoy se ha hecho muy poco», lanzó el portavoz popular a la titular de Vivienda, que en la última Comisión Parlamentaria sobre Políticas Sociales tampoco ofreció una salida a esta problemática.

En la mayoría de los casos las viviendas okupadas pertenecen a entidades bancarias o a fondos de inversión, pero también hay particulares estafados. En estos casos la indignación es sólo equiparable a la impotencia: «Después de mucho tiempo te das cuenta de que no puedes hacer absolutamente nada y de que nadie te ayuda a solucionarlo», lamenta Elina Villegas, propietaria de un inmueble en Nueva Ciudad (Torrelavega) que lleva okupado desde hace tres años. «Entraron con un contrato por el que les cobrábamos una cantidad muy por debajo de lo normal por una situación familiar complicada que tenían; pero no me pagan y ni el Ayuntamiento ni el Gobierno me ayudan a sacarlos», protesta.

En la urbanización Las Llamas 2, en Argoños, los dueños se vieron obligados a abandonar sus viviendas, afectadas por una sentencia de derribo, y ahora la ejecución de dicha sentencia se ha parado porque las casas han sido okupadas. «¿Qué ocurre, que los propietarios no pueden parar la demolición y unos okupas sí? Esto no se entiende», afirma una de las residentes en la primera fase de la misma urbanización, que prefiere reservarse el nombre porque «los problemas de convivencia son cada vez mayores con esta gente que no respeta a nada ni a nadie».

Hay otros municipios afectados. En Guarnizo existe una urbanización en la calle Ballestas que ha sido tomada por los okupas. El pasado 5 de octubre la Guardia Civil desalojó a una familia que en la tarde de ese mismo día accedió a otro inmueble del mismo edificio. «Estamos trabajando intensamente por desalojar todos esos pisos porque existe un claro peligro de seguridad. Los okupas han hecho tomas ilegales de luz y agua que los ponen en serio peligro», aclaraba entonces el alcalde, Javier Fernández Soberón (Ciudadanos).

Como una solución, algunos ayuntamientos están planteando la adquisición de viviendas para destinar al alquiler social. Un ejemplo reciente es el de Torrelavega, donde el Consistorio compró hace unos días doce pisos en el barrio de La Inmobiliaria por valor de 280.000 euros para alquilar a jóvenes y familias monoparentales. Todos esos pisos se ubican en un edificio que precisamente ha sufrido problemas de okupas.

El próximo viernes, 4 de noviembre. varios representantes de la delegación cántabra de Mi barrio seguro, con Noemí Muñoz a la cabeza, se concentrarán frente al Parlamento para exigir «soluciones claras». «No podemos seguir así porque además es que quien ha hecho la ley, ha hecho la trampa, y los 'inquiokupas' están sirviéndose de contratos de alquiler, muchas veces falsos, para gozar de derechos que no se entiende que puedan tener».

Demandarán también el derecho a crear las llamadas comisiones de seguridad ciudadana, una suerte de agrupaciones vecinales que velen porque ninguna vivienda se okupe en sus respectivas localidades. «Porque visto lo visto, nadie mejor que nosotros va a vigilar lo que es nuestro», sentencia.