La inseguridad jurídica lastra la gestión de la pandemia de covid en Cantabria

Esta forma, intencionadamente embrollada, de contar el pulso que mantiene el colectivo de hosteleros con la Consejería de Sanidad solo trata de reflejar el esfuerzo jurídico que acompaña cada nueva medida de contención de la pandemia.

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, no ha dejado de quejarse amargamente, allí donde le quisieran escuchar, de la falta de instrumentos legales para la gestión de la crisis sanitaria tras el fin del estado de alarma, el pasado 9 de mayo, y ha vuelto a insistir en ello cada vez que los tribunales han dado un revolcón al Ejecutivo. Incluso ha llegado a criticar anticipadamente las restricciones establecidas por Sanidad, como si la Consejería fuese un ente autónomo y ajeno a su autoridad: lo hizo, concretamente, en su discurso del Día de las Instituciones, cuando se pronunció en contra del anunciado cierre de interiores de la hostelería (fue curioso: dijo que no le gustaba, pero que mandaba Sanidad; después, el consejero, Miguel Rodríguez, sometido a una enorme presión, insistía en que él decidía, justo antes de dar un paso atrás y dar por bueno el pasaporte covid para entrar en los bares). Hace dos días volvió a hacerlo, al decir que era «previsible» que le echaran abajo la actualización del semáforo covid que hacía aumentar de 19 a 27 el número de ayuntamientos en nivel de riesgo tres.

Ya que se ha mencionado, el pasaporte covid es otro buen tema para hablar: creado como un instrumento que facilite la movilidad de los ciudadanos europeos en el espacio de la UE, ha bajado a la categoría de pase de discoteca -en realidad, de bar, mientras permanezca cerrado el ocio nocturno-. Esa fue la decimosexta modificación de la resolución del 11 de mayo, que establece las medidas para la prevención, contención y control de la pandemia. Pues bien, desde su entrada en vigor, hace más de una semana, la presentación del certificado solo ha podido exigirse durante unas horas, pues los jueces han anulado en dos ocasiones el cierre de interiores.

En realidad, la trascendencia de los autos del TSJC va más allá, pues cuestionan la validez del mismísimo semáforo covid, ya que, como afirmaba un experto consultado, «le han metido un misil al sistema de clasificación de los niveles de alerta», y ahora mismo no hay forma de saber cuál es el grado de riesgo de cada municipio ni qué restricciones han de cumplirse, aunque Hostelería se contente con arreglar lo suyo y no trate de hurgar en la herida.

Los ciudadanos asisten atónitos al enfrentamiento entre Sanidad y hosteleros, y son testigos de los continuos bandazos normativos, difíciles de seguir. Es inevitable compararlo a aquel desbarajuste de reglas que se amontonaban durante la desescalada, cuando se podía salir a la calle con perro pero no con niño, los baños en la playa estaban reservados a los deportistas federados y había un tratamiento distinto para quien iba a pasear de paisano o en chándal, de forma que casi era necesario un manual para saber qué debía hacerse en cada momento.

Para los hosteleros está claro, la culpa del caos jurídico la tiene Sanidad. «Salimos a más de una modificación (de las medidas) por semana -advierte Jesús Vélez, abogado del colectivo-, y no da tiempo a saber qué estás haciendo ni qué resultados obtienes».

Hostelería lleva una buena temporada pleiteando. Empezó con el cierre del ocio nocturno, que concluyó con una modificación de la Ley de Espectáculos que permitió el cambio de licencias para mantener abiertos los bares especiales; siguió con los horarios y, en los últimos tiempos, se centra en la actualización del semáforo. Según Vélez, son casi una decena de recursos, de los que han ganado más de la mitad, si a las resoluciones favorables se suman los casos de «satisfacción extraprocesal» con cambios de postura de la Administración que han evitado ir más allá.

Su victoria más reciente, obtenida el pasado viernes, ha sido la anulación de la última actualización del semáforo, con un recurso clavado al que les sirvió para invalidar la de la semana anterior, y aún a falta de que se estudien las alegaciones de la otra parte.

En esta ocasión, con toda seguridad, Sanidad defenderá mejor la validez de sus cálculos de índices epidemiológicos, algo que no argumentó con suficiente solidez la vez anterior, como prueba la decisión firme del TSJC. El consejero, Miguel Rodríguez, ha insistido en que los técnicos de Salud Pública se rigen por criterios científicos, avalados por el Ministerio de Sanidad y por los especialistas del área, y que cuestiones como el aumento de la población en los municipios durante el verano resultan irrelevantes a la hora de establecer índices como los de la incidencia acumulada de los contagios de coronavirus.

«En España hay 17 comunidades autónomas -argumenta Vélez-. ¿Quiere decir que Cantabria es la única que sigue criterios científicos y las demás van con el paso cambiado? El nivel de restricciones en la hostelería posiblemente sea el mayor de España, y los resultados han sido los peores, pero ellos siguen insistiendo».

Ahí entra otra cuestión en juego: ¿cómo es posible que los jueces avalen en una región lo que rechazan en otra? «No podemos decir que cada tribunal hace lo que quiere: cada tribunal da una respuesta adecuada a lo que se ha pedido en orden a lo que se ha acreditado», opina un entendido en la materia, quien también admite que los magistrados, de forma generalizada, habrían preferido que existiese una regulación general que lo simplificase todo. Así, depende de cómo se planteen las medidas, de cómo se justifique la necesidad de limitar derechos fundamentales, de cómo se demuestre la proporcionalidad de las restricciones, un tribunal podrá aprobarlas y otro denegarlas, en ambos casos razonablemente.

Habrá quien tambien piense que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC tiene más que hacer que estar pendiente cada semana de la apertura o el cierre del interior de los bares. «En el mundo del Derecho hay que intentar arreglar las cosas de forma negociada y tener consideración hacia los demás», sostiene el abogado Jesús Vélez. «Pero es que el consejero de Sanidad no nos ha querido recibir ni una sola vez en un año. Le hemos pedido una hora a la semana para intercambiar criterios, pero ha sido imposible. Tiene una obsesión con la hostelería que no la tiene nadie en toda España».

Los tres grupos de la oposición en el Parlamento de Cantabria -PP, Cs y Vox- reprochan al Gobierno regional (PRC-PSOE) el «ridículo» que «está haciendo» en los últimos días con la gestión de la pandemia y el «daño en la economía».

«La actuación de la administración en los últimos días ha sido todo un despropósito y no podemos estar en medio de una pandemia sin normativa clara ni continuar, en mitad de la campaña turística, en el conflicto permanente», afirmó la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, después de solicitar al bipartito que pidiera el aval judicial para solicitar el certificado covid, al tiempo que hizo hincapié en que es necesario generar certezas y no más desafección entre los ciudadanos y equilibrar la protección de la salud, el trabajo y los derechos de los ciudadanos.

«El Gobierno ha demostrado una y mil veces que la gestión de la pandemia le queda grande, que se ha visto arrollado por la quinta ola y que no sabe por dónde le da el aire y por eso le pedimos que aprenda de sus errores, que se deje ayudar, que escuche al PP porque, cuando lo hace, acierta», afirmó.

Por su parte, el coordinador de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Félix Álvarez, considera que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, «debería dejar de preocuparse tanto del rey emérito y ocuparse en cesar a un consejero que va de ridículo en ridículo», porque, en su opinión, la situación que se está viviendo en Cantabria en las últimas dos semanas «rebasa cualquier límite soportable». «Del consejero de Sanidad, que va de sopapo judicial en sopapo judicial, no esperamos absolutamente nada, tan sólo soberbia y una total falta de empatía con nuestros hosteleros y nuestro turismo».

De su lado, el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, considera que el actual Gobierno de Cantabria es un «Gobierno dañino para la economía» que ha «destrozado la campaña turística de este verano convenciendo a los españoles de que estábamos en un riesgo tan grave que no podíamos servirles en los establecimientos hosteleros».