El PP insiste al Gobierno para que acepte sus enmiendas al próximo Presupuesto de Cantabria

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido hoy a socialistas y regionalistas que «no den por finiquitado el debate presupuestario», cambien de registro y acepten las enmiendas presentadas por el grupo popular para tratar de rectificar unas cuentas que condenan a la región al estancamiento. El PP ha registrado 245 enmiendas, 218 al proyecto de presupuestos de Cantabria por importe de 144 millones de euros, y 27 a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, «sabiendo que una vez que se ha desechado la inyección al alza de gasto público y que han quedado fijados los ingresos y gastos, enmendar al alza es una misión casi imposible».

«La pelota está aún en el tejado del Gobierno, pero con este presupuesto no. Nosotros no vamos a dar luz verde a un presupuesto sin ambición, no vamos a convertirnos en cómplices de un Gobierno que se niega a dialogar ni de una política económica estéril que es el camino del hundimiento de muchas familias y empresas» ha dicho antes de reeditar la oferta de diálogo presupuestaria porque, «aunque el Gobierno de Revilla no lo merece, Cantabria lo necesita».

La dirigente popular también ha pedido que den su apoyo a las enmiendas parciales del PP a los grupos que sustentan al Gobierno y ha recordado que esta alternativa fue rechazada sin negociación por la coalición PRC-PSOE, «que prefirió no complicarse la vida y aplicar el rodillo de la mayoría parlamentaria en contra de la mayoría social. El Gobierno optó por expulsar del presupuesto al Partido Popular, dejando claro que aquí, los socios de Gobierno bailan la música que toca el Partido Socialista de Sánchez y de Zuloaga», ha lamentado.

Según la presidenta del PP, el espíritu de estas enmiendas parciales es tratar de ser útiles a una Cantabria «que se enfrenta a una recuperación a cámara lenta y pobre», no dejando atrás a empresas, autónomos y contribuyentes «con políticas equivocadas». En esta línea, ha recordado el plan de rescate para autónomos y micro-pymes «de los sectores económicos condenados al cierre forzoso y las restricciones de actividad derivadas de la pandemia. Se han aprobado 15 millones para este año pero, a día de hoy, no hay nada en el presupuesto de 2021». El partido plantea una dotación inicial de cinco millones, aunque cree que son necesarios al menos 25 como exigía en su propuesta inicial.

También ha propuesto un plan para activar el consumo privado inyectando, como ha hecho el Ayuntamiento de Santander, recursos adicionales en el comercio local, la hostelería y los servicios prestados por autónomos y micro empresas mediante cheques-descuento familiares. El PP pedía 70 millones en su propuesta inicial y presenta una enmienda por 2,8 millones.

Además, ha reclamado medidas para dotar de mayor liquidez a las empresas a través de préstamos del ICAF y avales Sogarca por un coste para la Administración de cuatro millones de euros. El PP también persigue la sustitución de los distintos procedimientos administrativos previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de los silencios negativos o desestimatorios por silencios administrativos positivos, «porque la ineficacia de la Administración no puede continuar lastrando a las empresas».

Sáenz de Buruaga ha solicitado, por otro lado, que se introduzcan en la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas instrumentos jurídicos como la declaración responsable y la comunicación previa que permitan la celebración de espectáculos y la reducción de cargas administrativas para ayudar a reactivar un sector duramente golpeado por la pandemia.

Igualmente, pide un programa para acelerar la inversión pública que se engrosaría con las partidas destinadas a infraestructuras sanitarias de Atención Primaria (Centros de Salud de Polanco y Piélagos) e inversiones en salud digital por 1,5 millones. En obras públicas aumenta en 1,5 millones el fondo de derribos y en tres millones las partidas destinadas a inversiones urgentes para actuaciones de defensa contra las inundaciones.

En ayudas al empleo, el PP pedía inicialmente 15 millones y presenta enmiendas por importe superior a los cinco para proteger a los trabajadores y las familias más afectadas por la crisis. Incluye un plan de consolidación de empleo dotado con 2,5 millones en ayudas para evitar que los más de 5.200 trabajadores en ERTE al cierre de noviembre acaben en el paro y un incremento de 300.000 euros en la partida para complemento de los trabajadores afectados ERTEs.

También le parece necesario un plan de recualificación profesional dentro de la empresa dotado inicialmente con un millón de euros para incentivar la contratación de parados mayores de 44 años, más de 20.000 y en su mayoría de larga duración y otro plan de mejora a la Atención Primaria acompañado de un nuevo modelo de gobernanza de los centros de salud (un millón de euros). La misma cantidad demanda para un plan de adaptación educativa, para evitar que los alumnos pierdan casi dos años a consecuencia de la crisis. Y el PP quiere otro millón más para la reorientación de la Formación Profesional que apueste por una verdadera FP dual en conexión con la empresa y por impulsar nuevas titulaciones vinculadas al tejido productivo y a las nuevas prioridades como la economía verde o digital.

Buruaga ha explicado que son necesarios, por otra parte, 15 millones para financiar las estancias concertadas de personas mayores, dependientes y con discapacidad. A través de la Ley de acompañamiento, se propone que el Gobierno abone a las entidades prestadoras de servicios el importe total del coste de los mismos cuando, por fuerza mayor o situación de pandemia, se suspenda su actividad o se cierren centros, haciéndose cargo de la parte que hubieran de abonar durante dicho tiempo los beneficiarios de los mismos.

Otras medidas que aspiran a incluir para frenar la okupación ilegal, defender la propiedad privada y la seguridad de las personas y de los bienes, es dotar de apoyo técnico-jurídico a los propietarios víctimas de okupación ilegal mediante la suscripción de un convenio con el colegio de abogados para obtener asesoramiento y respuesta en las primeras 48 horas. Se propone también modificar la ley 5/2014 de vivienda protegida de Cantabria para que no puedan ser propietarios ni usuarios de las viviendas reguladas las personas físicas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda.

Finalmente, ha reclamado un plan de conciliación de la vida familiar y laboral dotado con tres millones y bonificaciones y deducciones fiscales a través de la ley de acompañamiento, un plan de reducción de altos cargos y cargos directivos del Gobierno y del sector público institucional, que supondría un ahorro anual de dos millones de euros.