Un inspector dice ante la juez que hubo informes de contratación en el SCS «un poco chapuceros»

El otro firmante del informe, Juan Ignacio Ochagavias, que lo hizo en calidad de secretario, fue más allá en su declaración judicial al asegurar que hubo duplicidad de contratos para pintar tres centros de salud, de manera que se pagaron más de 150.000 euros a tres empresas vinculadas al hijo de un alcalde socialista por trabajos que ya se habían adjudicado.

Ambos testigos declararon dentro del proceso judicial que investiga la denuncia presentada por la Fiscalía en noviembre por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude y exacciones ilegales y/o malversación de caudales públicos, y en la que están imputados el exgerente del SCS, Julián Pérez Gil, y su número dos, el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González, y el exgerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, así como el que fuera asesor externo Álvaro Sáenz de Viteri. Los tres exaltos cargos y el asesor externo tenían que haber declarado el pasado día 29, pero su comparecencia fue aplazado a petición propia. La juez les ha vuelto a citar para el 14 de marzo. Los dos primeros presentaron su dimisión a finales de mayo, y el gerente de Atención Primaria lo hizo el 12 de diciembre, tras conocerse que su nombre figuraba en la lista de investigados por Fiscalía.

Este aplazamiento ha provocado que el pistoletazo de salida del proceso lo hayan dado los testigos. En la jornada de ayer, además de los autores del informe interno del SCS, declararon la exjefa del Servicio de Contratación, Inmaculada Rodríguez González, la persona que abrió la caja de los truenos con su denuncia; el interventor general, Pedro Pérez Eslava, autor otro informe fiscalizador que confirmó el fraccionamiento de contratos y adjudicaciones 'a dedo' denunciados por la funcionaria, y la jefa del Área de Control Financiero, Teresa Fernández García.

El fiscal y el PP, que ejerce la acusación particular, denuncian irregularidades en la contratación del asesor externo e imputado Álvaro Sáez de Viteri y de una hija suya, y el fraccionamiento de varios contratos (entre ellos uno de pintura de centros de salud, adquisición de 22 ecógrafos y ejecución de las obras del hospital virtual) y su adjudicación 'a dedo' a tres empresas (Gardenor, Iralia y Serincopsa) vinculadas al hijo de un alcalde socialista.

Fue precisamente la compra de los ecógrafos, que costaron cerca de 300.000 euros, sobre la que Alburquerque fue más contundente. El inspector ya había reconocido en su informe que «quizá la compra debió realizarse mediante un procedimiento abierto con concurrencia pública de licitadores», en lugar de comprarlos de forma individualizada, y reflejó también «su incorrecta tramitación administrativa», dado que «no se ha justificado debidamente en el expediente el posible fraccionamiento del objeto del contrato».

Así que ayer tuvo que dar explicaciones sobre este extremo. En sede judicial aseguró que los informes técnicos para la compra de los ecógrafos eran «un poco chapuceros», expresión de la que se arrepintió después y trató de rectificar, pero la juez no le dejó. Lo dicho, dicho está aunque entrecomillado. Sobre la contratación de la hija del asesor externo, que realizó dos informes para comprar material médico por los que cobró 53.280 euros, Alburquerque relató que «no está claro» que los hiciera la aludida, ni siquiera que tuviera capacidad para ello.

En la misma línea se pronunció Juan Ignacio Ochagavias al asegurar que no cree que realizara esos trabajos. Este testigo mantuvo también que los trabajos adjudicados sin concurso público a Gardenor, Iralia y Serincopsa para pintar tres centros de salud, por los que cobraron 157.470 euros, formaban parte del contrato de mantenimiento con la empresa Elecnor, firmado un año antes, por lo que «hubo duplicidad de contratos», una afirmación de la que discrepó Alburquerque. E Inmaculada Rodríguez denunció que su jefe directo, Francisco Javier González, ordenó que los contratos no pasaran por ella.