Los inspectores de pesca mantienen la huelga y reclaman al Gobierno sentarse a negociar

El paro está provocando la falta de efectivos en los puertos para vigilar las descargas y controlar las entradas ilegales de pescado, los cupos y el tamaño de las capturas en plenas campañas de verdel y de bocarte. En Cantabria actualmente hay cinco inspectores encargados de estas tareas de vigilancia y en todo el país suman una plantilla de 170 profesionales, que trabajan en los servicios centrales de Madrid y en los puertos. Son funcionarios públicos integrados en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Desde que arrancaron sus protestas, respaldados por los sindicatos CC OO y ELA, únicamente se han celebrado dos reuniones para fijar los servicios mínimos, que «consideran abusivos». El último encuentro, a finales de marzo, entre representantes de la Administración y de los inspectores, se saldó sin acuerdo. El jefe de Servicio de Inspección de Pesca en Cantabria, Gabriel Calderón, explica que entre las reclamaciones del colectivo figura una mejora de la retribución salarial, teniendo en cuenta las características de su trabajo. Y es que el Estado les equipara con personal administrativo con un horario de oficina, de 08.00 a 15.00 horas, cuando en la práctica ellos no tienen un horario fijo. «Nuestras funciones de vigilancia exigen disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana».

Por ello, piden que se les aplique un complemento específico reflejando esta completa disponibilidad. «Al principio nos dijeron que era imposible modificarlo, en la reunión de marzo nos ofrecieron una pequeña subida del complemento específico, pero no la aceptamos». Otra de sus principales demandas atañe a la seguridad. «Hemos solicitado que se renueve la evaluación de riesgos labores y estamos pendientes de unos protocolos de trabajo seguros». Además, reclaman que se les reconozca como profesión de riesgo (entre sus tareas está la de 'abordar' a barcos en la mar para vigilar que cumplen la normativa), lo que les permitiría acceder a una jubilación digna y a condiciones laborales más acordes con la peligrosidad de sus tareas.

El colectivo lamenta la falta de diálogo y de negociación por parte de la Administración central para solucionar este conflicto laboral. «En ningún caso queremos causar daño a la flota pesquera. Nos hemos visto obligados a tomar esta medida de huelga para hacer ver que somos importantes y necesarios». En esta lucha por sus derechos, cuentan con el respaldo de los pescadores, que acompañaron a inspectores de Cantabria y País Vasco en una concentración realizada en marzo en el puerto de Santoña. Y es que esta falta de control puede dar lugar, por ejemplo, a que «se venda pescado fuera de las lonjas, en negro, provocando una bajada de precio» y más a futuro, «se puede multar a España con disminuciones de las cuotas al no hacer controles efectivos para cumplir con la normas y obligaciones fijadas por la Unión Europea de inspección de la flota, capturas y artes».