La instalación de cámaras en los centros de salud se retrasará «al faltar el cableado de conexión»

Aunque el asunto parece de chiste, desde el Servicio Cántabro de Salud reconocen «el problema», aunque apuntan a que el origen está en la propia licitación del contrato de las cámaras, «que necesitan una red de cableado propio que no se había previsto porque se pensaba que podrían utilizar la red de datos del Gobierno». A fecha de hoy, «casi dos años después del anuncio», como recuerda el Sindicato Médico, «sólo hay treinta cámaras instaladas y funcionando». Las que han llegado a los SUAP, únicos puntos con tomas de red, precisan desde el SCS, porque «para continuar con el resto hemos tenido que licitar el cableado. Y también otros componentes no incluidos en las licitaciones anteriores (dos lotes divididos, por importe de 240.394 euros, uno para suministro e instalación de las 250 cámaras; y otro de gestión y control de videovigilancia, que no pueden ejecutarse autónomamente –de ahí los problemas derivados–)». Además de pérdida de tiempo en el cronograma previsto, este ajuste del material supondrá un coste añadido de «90.000 euros», tal y como cifra el equipo de César Pascual, que confía en «poder completar la instalación a lo largo del verano».

Aunque la etapa política es otra, el Sindicato Médico considera que «la Consejería de Salud mantiene la misma desidia que la anterior a la hora de proteger a sus profesionales». Y basa su crítica en lo ocurrido en la reunión del Comité de Seguridad y Salud de Atención Primaria del viernes.

En ella, no solo se reconocieron las dificultades para colocar las cámaras de seguridad en los centros –«Quedan 44 por decidir dónde se instalan y 176 están almacenadas»–, sino que sirvió para confirmar, a juicio de la organización sindical, que «no existe voluntad sancionadora alguna por parte de la Consejería porque se sigue considerando inapropiado y contraproducente sancionar a quien veja, insulta, amenaza o agrede físicamente a un sanitario». Solo así se explica, continúa, que «en el último trimestre de 2023, de los 53 expedientes abiertos por denuncias de los sanitarios, solo dos hayan terminado en sanción, incluso cuando cinco de los 53 corresponden a reincidentes».

Además de la seguridad ante las agresiones, considera que «también se desprecia la salud mental de sus profesionales al negarse la Gerencia de Atención Primaria a definir y aplicar las medidas correctoras a que la ley la obliga tras la realización de la encuesta de riesgo psicosocial, cuyos resultados conoce desde hace dos años y que muestran que más del 80% de los médicos se encuentran sometidos a un riesgo psicosocial muy elevado por sobrecarga de trabajo». Por ello, el Sindicato Médico informa que ha interpuesto denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Estima que ya ha dado «el tiempo de cortesía suficiente a la nueva Administración para notar el cambio que los médicos llevan años pidiendo y, sin embargo, se reitera en los mismos errores y la misma mentalidad que las anteriores». Razones que le llevan a exigir «el cese fulminante de todo el equipo directivo de la Gerencia de Atención Primaria por su incapacidad manifiesta de gestión» y a advertir que «si no hay un cambio de rumbo de 180º respecto a las relaciones con los médicos, este sindicato dejará de colaborar con la Consejería en la búsqueda activa de profesionales y de medidas de captación y retención de los mismos».

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