Interior se compromete a atender las demandas de los trabajadores de El Dueso

Una cita de la que los trabajadores salieron con buen sabor de boca, ya que Grande-Marlaska fijó un calendario concreto para la implantación de alguna de las medidas que reclaman los funcionarios, no solo del penal cántabro, sino los de toda España. La más inmediata será la consideración de los profesionales como agentes de la autoridad. Un cambio de estatus que, según los sindicatos, servirá para mejorar su seguridad, reduciría el riesgo de sufrir agresiones y tener más herramientas legales en caso de que estas finalmente se produzcan. Según el Ministerio, este asunto requiere la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, un paso que «probablemente»se dé antes de que finalice el año.

Lo que se retrasará hasta 2023 es la reducción de las diferencias salariales entre los trabajadores en función del centro penitenciario en el que estén destinados. En este ámbito, Interior se compromete a acometer una reclasificación de centros. Así, en cuanto el Ministerio de Hacienda y Función Pública lo autorice, bajarán «de nueve a tres las categorías de los centros, eliminando las diferencias salariales entre unos y otros».

En el caso específico de Cantabria, también hay otro asunto sobre la mesa: está «muy avanzada» la transferencia de Sanidad Penitenciaria, que a día de hoy gestiona directamente el Ministerio, a la comunidad autónoma.