Interior deberá indemnizar con 20.000 euros a un guardia civil que sufrió lesiones durante un operativo frente a la costa de Santander

El Ministerio del Interior tendrá que indemnizar con 20.853 euros a un agente de la Guardia Civil de Cantabria que sufrió diversas lesiones como consecuencia del accidente que se produjo en la embarcación en la que se encontraba mientras realizaba labores de vigilancia junto a otros compañeros frente a la costa de Santander. El siniestro, en el que varios de los tripulantes acabaron con diversos huesos rotos, se produjo debido a un fuerte golpe de la nave contra el mar. Lo que popularmente se conoce como un 'pantocazo', que ocurre cuando hay olas grandes y la velocidad del barco no va acompasada a las condiciones del oleaje.

La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7 de la Audiencia Nacional acredita que, según las pruebas testificales practicadas, el barco se introdujo en una «zona peligrosa para la navegación donde no patrullan habitualmente, precisamente por conocer su peligrosidad». Además, el juzgado entiende que esa maniobra no era necesaria para el desarrollo del operativo y que el denunciante, desde su puesto y responsabilidades, no pudo hacer nada para evitarlo. Por último, también confirma que el patrón navegaba a una «velocidad inadecuada» y que no se debía a un supuesto de fuerza mayor, porque «los hechos pudieron ser evitados con un mínimo de diligencia» de la persona que estaba al mando.

El Juzgado rechaza los argumentos esgrimidos por la Secretaría General Técnica del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska. En un principio, la administración desestimó la reclamación patrimonial formulada por el afectado, un mecánico del buque patrullero perteneciente al Servicio Marítimo de Cantabria, que ascendía a cerca de 20.800 euros por los daños y perjuicios derivados del siniestro. El juez que firma la sentencia, contra la que ya no cabe recurso ordinario alguno, considera que se dan todas las circunstancias para atender esta reclamación, como defendía el afectado, que ha contado con el asesoramiento legal de la Unión de Guardias Civiles (UniónGC).

Los hechos, que inicialmente fueron calificados por el cuerpo como una «incidencia durante un servicio que no ha sido grave», ocurrieron el 12 de junio de 2017 al norte del Cabo de Lata en las inmediaciones de La Maruca. Esta versión oficial no concuerda con la de los protagonistas, que narraron como una ola muy cortada levantó la patrullera, dejó el barco unos segundos en el aire y este cayó finalmente de costado. Como consecuencia del gran impacto recibido contra el agua, tres agentes sufrieron heridas de cierta consideración: uno tuvo el tobillo contusionado, otro se rompió el tobillo y la tibia y otro tuvo que ser ingresado en un hospital. En la sentencia también queda constancia a través de informes periciales de la gravedad de estas lesiones, algo que no negaba la administración.