Intervención auditará todos los contratos del Servicio Cántabro de Salud desde 2011 a 2015

El portavoz socialista, Víctor Casal, ha explicado que su grupo ha presentado esta iniciativa por la negativa del PP, en el pleno celebrado hace dos semanas, a aceptar la enmienda para ampliar el periodo de auditoría de los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

En ese debate, el pasado 21 de mayo, el pleno dio el visto bueno a que la Intervención General auditara los contratos del SCS de esta legislatura de PRC-PSOE. Pero este lunes se ha dado un paso más, y con el voto a favor de todos los grupos menos el PP, que se ha abstenido, se ha aprobado auditar todos los contratos desde 2011.

Casal ha defendido esta iniciativa socialista como instrumento para lograr la mayor transparencia en la gestión y para combatir la proposición del PP que pedía una auditoría de los contratos solo en esta legislatura, algo que para el PSOE es «parcial» e «inquisitorial». El portavoz del grupo socialista ha lamentado que el PP quiera impulsar «una caza de brujas» y poner «una cortina de humo» para desviar la atención de sus problemas internos.

Rosa Valdés, del PRC, ha advertido de que los informes de los funcionarios que se han conocido hasta ahora apuntan a «irregularidades administrativas» pero no reflejan delitos. «Aquí nadie ha metido la mano en la caja. Esto no es la trama Gürtel que ha tumbado a Mariano Rajoy«, ha dicho al PP.

Valdés ha recalcado que la postura del PRC y del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha sido siempre la de buscar la mayor transparencia y ha recordado las dimisiones en la cúpula del SCS: el gerente, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica, Javier González.

Casal, por su parte, ha explicado además que su grupo rechaza las enmiendas planteadas por el PP, que pedían que la auditoría se hiciera desde 2002, y acepta otra de Podemos, que amplía el periodo solo un año, desde 2011.

Alberto Bolado, diputado de la formación morada, ha defendido que las principales irregularidades se produjeron en la etapa de gobierno del PP y ha insistido en que se pongan en conocimiento de la Fiscalía todos los contratos auditados y, en especial, el contrato de colaboración púbico-privada de Valdecilla.

El parlamentario de Podemos quiere que se dé ejemplo y que se asuman responsabilidades por la «pésima gestión» en contratación y por los nombramientos.

Íñigo Fernández (PP) ha defendido los motivos que han llevado a solicitar la auditoría, con la denuncia de la jefa de Contratación, el fraccionamiento de contratos y el «entramado de asesores externos», y ha asegurado que si hace quince días había razones para pedir que se auditaran los contratos, ahora hay más.

Así, ha apuntado que el propio líder del PSOE, Pablo Zuloaga, ha hablado de «irregularidades», y que hace una semana dimitieron el gerente del SCS y el subdirector de Gestión Económica. Para el PP, la gestión de la consejera, María Luisa Real, está «envuelta en la sospecha» porque su actitud ha sido «de tapar y desviar».

Rubén Gómez, de Ciudadanos, ha agregado que si este tema no hubiera salido en prensa la consejera habría dejado la denuncia de la funcionaria «en el cajón» y ha criticado que Real haya hecho todo lo posible «para que esto pasara de tapadillo».

Gómez ha señalado que está a favor de que se investigue todo cuanto sea posible y de pedir responsabilidades por irregularidades o ilegalidades, «ya sean de unos u otros». «Y si las hay, todos a la cárcel», ha subrayado el diputado, que ha reiterado que Real debe dimitir por «ocultar» este tema.

Juan Ramón Carrancio ha explicado que apoya la iniciativa, pero ha advertido de que, aunque el PP hubiera cometido ilegalidades en su gestión, no serviría «de aval» a lo acontecido en esta legislatura.

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que su papel en el conflicto educativo por la ampliación de la jornada en junio y septiembre es de mediación, que este viernes se reúne para tratar de hacerlo con los sindicatos de Educación, y que tiene plena confianza en los consejeros de su Gobierno.

Revilla se ha pronunciado así en el pleno del Parlamento, después de que el diputado Rubén Gómez (Ciudadanos) le haya preguntado por el conflicto por el calendario escolar y la ampliación de la jornada en junio y septiembre, que ha provocado las críticas de la Junta de Personal Docente y que se hayan convocado movilizaciones.

El jefe del Gobierno ha reconocido que en Educación «hay un litigio», que a su juicio no llega a ser «un problema de gravedad extraordinaria», y ha señalado que el viernes se reunirá con los sindicatos de la Junta de Personal Docente junto al consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes (PSOE).

A su juicio, Cantabria «va bien». «Se están haciendo las cosas razonablemente bien», ha recalcado, antes de insistir en que la situación en Educación «no es terrible» y de citar algunos buenos datos de la comunidad en ese ámbito.

También el pleno del Parlamento cántabro ha tratado este lunes el tema del MetroTUS de Santander y ha pedido que se paralice de forma cautelar el nuevo modelo de transporte urbano en Santander, que entró en funcionamiento hace cuatro meses y que ha resultado ser un «caos», además de un «despropósito» y un «fracaso».

Así lo entienden los diputados del PRC, PSOE -partidos que sustentan al Gobierno regional- y Podemos, que han presentado una iniciativa en la Cámara a la que se han sumado los dos integrantes del grupo mixto: el portavoz de Cs, Rubén Gómez, y el parlamentario Juan Ramón Carrancio, al coincidir con la opinión de los anteriores.

La Proposición No de Ley (PNL) ha salido adelante, por tanto, con el respaldo de toda la Cámara a excepción del PP, el principal partido de la oposición y el que dirige, aunque en minoría, el Ayuntamiento de Santander.

Los 'populares' han justificado su 'no' al entender que esta proposición no le ley representa la «politización total» de un problema «interno» del Consistorio, que afecta a «una parte de los vecinos» y se debe debatir en el ámbito «municipal», ha apuntado el diputado Santiago Recio, que fue concejal de la ciudad, de Barrios y Participación Ciudadana, entre otras áreas.

«Este no es el foro», ha esgrimido el portavoz del PP, que ha asegurado que los grupos que han promovido la iniciativa han tenido que hacer «virguerías» para «encajar» la iniciativa en el debate parlamentario, pese a lo cual ha insistido en que es una «injerencia».

Recio ha asegurado en cualquier caso, ante miembros de la Plataforma Transporte Santander -que aglutina a vecinos, usuarios, comerciantes y otros colectivos en contra del MetroTUS-, que han seguido el debate desde el hemiciclo que la PNL «no va a servir para nada».

Asimismo, Recio ha apuntado que si el Ejecutivo autonómico está «preocupado» por este proyecto y su repercusión ciudadana, «que ponga dinero», porque no ha puesto -ha remarcado- «ni un solo euro» para el MetroTUS.

La propuesta ha sido defendida por la diputada regionalista Ana Obregón, el socialista Víctor Casal y el podemita José Ramón Blanco, que han considerado un «papelón» la intervención del portavoz del PP, partido que refleja en el MetroTUS la «soberbia» que caracteriza su forma de gobernar, que también han definido como «absolutista», gracias a 13 concejales y «un acólito», en alusión a David González, el edil que dejó Cs, y al que han llamado «tránsfuga».

Y han apuntado que si la PNL «no sirve para nada», será porque la alcaldesa de Santander, Gema Igual, «no quiere», en el marco de una manera de gobernar que hace «oídos sordos» a los vecinos de Santander. Aunque, como han apuntado, el proyecto también afecta a los cántabros que se desplazan y mueven en autobús por la capital, de ahí que se haya abordado en el Parlamento, han defendido PRC, PSOE y Podemos.

El pleno del Parlamento también ha aprobado una proposición no de ley de Podemos para la creación de un plan de recuperación de la vivienda vacía.

Por otra parte, el pleno ha rechazado una proposición no de ley del PP, secundada por Podemos, con la abstención de los diputados del grupo mixto y el voto en contra de PRC y PSOE, para instar al Gobierno a licitar antes finalizar el año proyectos de mejora de las carreteras Hormiguera-Reocín de los Molinos (CA-744), Mogro-Mar (CA-322), y Meruelo-Villaverde de Pontones.

Además, el Pleno ha aprobado por asentimiento una declaración institucional por la que la Cámara renueva su compromiso en favor de la autodeterminación y del futuro en libertad del pueblo saharaui.