Intervención detecta «importantes» irregularidades en la contratación del SCS

La gestión del sistema de contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS) le va a dar un nuevo quebradero de cabeza a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, que ya ha visto cómo sus dos 'hombres fuertes' directamente implicados -el gerente Julián Pérez Gil, y su número dos, Javier González- caían hace casi dos meses arrinconados por las sospechas sobre su gestión. Ahora, la Intervención General avala la denuncia de la exjefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, que en un carta remitida a sus superiores advirtió 'adjudicaciones a dedo', y reconoce en una auditoría «importantes incidencias» en los expedientes analizados durante el 2017.

Las conclusiones del informe revelan «el fraccionamiento de contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y así eludir los requisitos de publicidad y los relativos a los procedimientos de contratación que corresponden», lo que está «prohibido por ley»; «verifica la existencia de ineficiencias en la contratación», «la recepción de obras y suministros con empresas con carácter previo a la finalización de los trabajos contratados», o «el uso, por parte de la Administración, de bienes que aún no han sido recepcionados, y bienes de los que no consta que se haya efectuado la preceptiva acta de recepción». La auditoría, que tiene carácter provisional y ya está en manos de la 'cúpula' de Sanidad para que presente las alegaciones que considere oportunas, también detecta «contradicciones entre los plazos de ejecución que constan en los contratos y los establecidos en la memorias». Además, encuentra «errores en la publicación de los contratos menores, ya sea por error en las cuantías, omisión en la publicación o, incluso, por la duplicidad de los contratos en distintos órganos gestores»; alerta de que «se han pagado obras o servicios con partidas que no correspondían y que ha habido «incorrecciones en la ejecución presupuestaria en varias gerencias» y en «algunas cesiones de uso».

Una «importante» serie de incidencias que, según la documentación analizada por los interventores, apuntan hacia una persona como principal responsable: al ya exsubdirector de Gestión Económica, Javier González. Su puesto, que llevaba vacante desde su dimisión, será cubierto los próximos días precisamente por un miembro del equipo de Intervención, Elena Castillo, que será la responsable de poner en orden la casa.

La investigación, que ha sido desarrollada en los últimos cuatro meses, se resume en 114 folios y analiza las sospechas apuntadas por la denuncia de la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, que fue desvelado el pasado 25 de abril por este periódico, y las que semanas después fueron planteadas por el Partido Popular, cuya trascendencia final deberá decidir la Fiscalía. Fue Izquierda Unida la primera formación que puso el asunto en manos del fiscal ante la posibilidad de que hubiera «comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos». Apenas unos días después, los populares repetían la petición con idéntico argumento. Será la investigación judicial en marcha la que determine el grado de las consecuencias de esas irregularidades, a las que el Gobierno regional resta importancia.

De partida, el informe de Intervención General amplía las «incidencias» que se detectaron en el expediente informativo encargado por Sanidad a raíz de la polémica, elaborado por el inspector José Alburquerque, y apuntala todas las denuncias que los populares han venido realizando en los últimos meses, especialmente todas las relacionadas con el fraccionamiento de contratos para poder adjudicarlos a dedo y evitar el concurso público. Una queja reiterada en innumerables ocasiones en la fiscalización que ha sido realizada por Luz Gómez Gutiérrez, interventora jefa de equipo, que ha desarrollado el trabajo de campo, obtenido evidencias y elaborado el presente informe, bajo las directrices de María Teresa Fernández García, jefa de área de Control Financiero II, y con la supervisión de María Ainhoa Espejo Azarola, subdirectora general de Control Financiero, y Pedro Pérez Eslava, el interventor general, según describe el documento al que ha tenido acceso EL DIARIO MONTAÑÉS.

El fraccionamiento se aprecia en contratos de pequeño volumen como la compra de dos ecógrafos portátiles de endocrinología a la empresa Fujifilm Sonosite Ibérica SLU, que remite sendas facturas el 29 de diciembre de 2017 por un importe de 17.787 euros con IVA. Sin embargo, la suma de los importes supera los 29.000 euros y supone un «incumplimiento de la Ley para evitar el concurso».

Otro contrato bajo sospecha en el que aprecia el «fraccionamiento» es el destapado por el Sindicato Médico: la compra de los 22 ecógrafos de Atención Primaria a las empresas Esaote España y a Sakura. Intervención señala que, debido al importe total de la inversión (cerca de 300.000 euros), su división en dos lotes de 11 ecógrafos y, a su vez, cada uno de ellos dividido en otros 11 contratos menores, es claramente una vulneración de la Ley de Contratos para evitar un procedimiento abierto con concurrencia pública de licitadores». En este caso, el subdirector de Gestión Económica, Javier González, principal aludido en las conclusiones (en las que no hay ninguna referencia a la consejera), procedió a hacer el reparto, a partes iguales, Sakura (138.424 euros) y Esaote (152.998 euros).

El informe recoge «la incorrecta tramitación administrativa, dado que no se ha justificado debidamente en el expediente el posible fraccionamiento del objeto del contrato», así como «las deficiencias en la contabilización del gasto al emitirse el documento contable de reconocimiento de obligación, con fecha de 29 de diciembre, cuando en esa fecha no estaban recepcionados la totalidad de los equipos adquiridos». También en este caso la inspectora destaca que se alegó el carácter de «urgencia» para proceder a estas contrataciones, pero no queda justificado ni tampoco qué criterios llevaron a determinar cuál es la oferta más ventajosa para cada centro de salud.

Se detecta una incidencia adicional en los contratos menores adjudicados a Esaote, ya que sus 11 ofertas de ecógrafo incluyen, tras el período de garantía de 24 meses que ofrece para cada uno de los ecógrafos, una oferta de mantenimiento de cada uno de ellos que oscila entre los 500 euros de mantenimiento preventivo, los 700 euros del correctivo o los 950 euros a todo riesgo. Esto supone, en la práctica, que tras dos años se pagará anualmente entre los 6.655y los 12.644 euros adicionales más el IVA. A esto hay que sumar que los pagos se abonaron con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica, como algunos otros, a pesar de que no se cumplían los requisitos.

Por último, explica que los pedidos los hizo el subdirector de Gestión Económica cuando el órgano competente era la propia Consejería de Sanidad, ya que este suministro era para Atención Primaria. También se repite en el caso de las obras de ampliación de las instalaciones del Hospital Virtual -encargadas «con carácter urgente»-, adjudicadas a las empresas Gardenor, Iralia y Serincopsa, que superan los 237.202 euros. Se trata de cuatro contratos menores de obras que presentan características similares todos ellos, por los que se analizan en conjunto, y consideran que se diseñó como un procedimiento para eludir el proceso de contratación.

Así, se comprueba que todos los informes-propuesta son de fecha 13 de julio, y están firmados por el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS; en todos estos documentos figura la aprobación del gasto correspondiente, la adjudicación a la empresa con indicación del importe, coincidente con las propuestas económicamente más ventajosas, y el plazo de ejecución, que es de dos meses en los cuatro casos, existiendo indicios de vinculación entre las diferentes empresas», como había apuntado el PP (las tres tienen entre sus administradores al hijo del alcalde socialista de Suances, Andrés Ruiz Moya). Además, la interventora explica que «no consta en la documentación de ninguno de los cuatro expedientes que se haya solicitado la licencia municipal, ni que se haya firmado el contrato con las empresas adjudicatarias; únicamente ha quedado constancia de la aprobación del gasto y adjudicación».

El mismo caso se repite también con las mismas empresas con cuatro contratos de obras de reparación en los centros de salud de Dávila, San Vicente, Dobra y Zapatón, que suman casi 190.000 euros. Todas las memorias datan del 13 de octubre y la interventora considera que hay fraccionamiento y vuelve a apuntar directamente a Javier González.

Pero aún hay más. Se compraron productos a distintas compañías en varios conceptos para no superar los límites del contrato menor. Así se hicieron ocho compras de entre 3.000 y 5.000 euros de Betatul a Media Pharma por 33.146 euros; otros de Rivastigmina a Kern Pharma por 26.720 euros; otros de Celestone a Merck Sharp por 104.161 euros. En la misma línea, la empresa Hospedería Nuestra Señora de las Caldas facturó 234.801 euros a Atención Primaria sin que exista contrato alguno. Todo se tramitó mediante contratos menores.

Precisamente, sobre el papel que jugaban los asesores externos (Álvaro y Amaia Sáenz de Viteri), la inspectora ha revisado los contratos menores de asistencia técnica, también explicados en el Parlamento por el propio González, sobre los informes técnicos y pliegos de los concursos de laboratorios del SCS y de gestión y mantenimiento del ciclotrón de Medicina Nuclear de Valdecilla, y explica que, además de que su oferta con IVA coincide exactamente con la cuantía del contrato (13.310 euros), tanto la presentación de la factura como el reconocimiento de la obligación son previos al transcurso del plazo establecido en el contrato menor para su ejecución, ya que se pagó a los 13 días, cuando el plazo fijado por el contrato era de un mes. No se mete, como denunciaba la exjefa de Contrataciones y el Partido Popular, en si una asistencia técnica «no se encuentre amparada por la legislación de contratos del sector público».

Sobre la recepción de obras sin haber sido concluidas -otra de las denuncias que pesan sobre los gestores cesados-, el informe admite que ocurrió así con los trabajos de ampliación de la Unidad de Atención Temprana del Centro de Salud El Alisal. La obra fue adjudicada por un importe de 57.581 euros y un plazo de ejecución de dos meses a la empresa Iralia Global Services. El Ayuntamiento de Santander concedió la pertinente licencia municipal el 1 de diciembre y estaba previsto que los trabajos terminasen el 4 febrero. Intervención alerta de que las máquinas comenzaron a trabajar el 5 de diciembre y que el trabajo se recepcionó el 22 del mismo mes, «lo que no es coherente, ya que implica que una obra con un plazo de ejecución de 60 días ha sido realizada en 18 días». Por otra parte, este contrato se tramita para la realización de una obra en un Centro de Salud dependiente de la Gerencia de Atención Primaria. Sin embargo, su tramitación ha correspondido a la Dirección Gerencia del SCS.

Esa recepción anticipada, con la firma de actas de comprobación de la inversión a finales de diciembre, se aplicó también en el equipamiento adquirido con la donación realizada en mayo de 2017 por la Fundación Amancio Ortega, aunque el inspector justifica esta actuación: «La finalidad de este documento, ante el inminente cierre del ejercicio presupuestario, consistiría en evitar la pérdida del importe de la inversión adjudicada», el mismo argumento que han defendido desde el principio el gerente y el subdirector del SCS, escudándose en que «es una práctica habitual» en el ámbito de la gestión sanitaria. En este sentido, el informe señala que se trata de un procedimiento que «no se adecua a la normativa de contratación, siendo necesario realizar un acto formal de recepción del suministro», aunque aclara también que se ha comprobado «el efectivo suministro del equipamiento médico relacionado con el tratamiento del cáncer de mama».

El órgano fiscalizador también afea el pago del suministro de vacunas, que fueron pagadas por el Servicio Cántabro de Salud cuando depende directamente de la Consejería. El Plan de Salud de Cantabria 2014-2019, que establece el Programa de Vacunaciones corresponde a la Dirección General de Salud Pública. Por tanto, a juicio de esta IGAC, se estima improcedente la tramitación de estos expedientes de contratación para la adquisición de vacunas, así como su posterior imputación al presupuesto de gastos.