Intervención detecta sobresueldos «ilegales» en el Instituto Cántabro de Finanzas

En una auditoría presentada en el registro del Gobierno regional el pasado 16 de octubre y que ha sido remitida al Parlamento de Cantabria recientemente, el interventor señala que los sueldos de tres responsables del ICAF superaron «los límites legales que estaban establecidos» en los ejercicios 2015 y 2016. Afecta al director gerente del organismo y entonces responsable del área financiera, Jesús Bulnes, así como a los titulares en aquellos años de la unidad de asesoramiento y del departamento jurídico. Todos eran considerados «personal directivo sin contrato de dirección» y no podían tener un importe bruto de 54.000 y 54.540 euros, respectivamente.

Esta situación se explica, en primer lugar, por la subida salarial de la que se beneficiaron en 2016 el propio Bulnes y la secretaria de dirección. El máximo legal establecido para trabajadores públicos se situó en ese año en un 1%, pero la suya fue del 5,5% y 5,56% respectivamente. Eso se traduce en unos 2.050 y 1.110 euros anuales y está cinco veces por encima de lo permitido. En el apartado de recomendaciones, la Intervención General pide a estas personas que devuelvan tanto ese dinero como el que hayan podido percibir en los ejercicios siguientes.

El criterio del ICAF es totalmente opuesto al del auditor autonómico. De hecho, cuando a principios de 2017 fue remitido la documento provisional de la auditoría antes de recibir las alegaciones, el director gerente del Instituto Cántabro de Finanzas defendió que estas subidas salariales eran «legales y convenientes». Y el motivo era que estos trabajadores habían asumido nuevas funciones.

El informe definitivo, firmado por el interventor general, Pedro Pérez Eslava, nombrado por el consejero de Economía después del cese de su antecesor, no pone en duda esta versión, pero sí considera que no tiene un respaldo legal suficiente. Y da razones. Por ejemplo, que no se tiene evidencia documental que justifique las variaciones en sus respectivos contratos de trabajo, pero también que, aunque estos cargos estén llevando a cabo las nuevas tareas, «se ha constatado la existencia de otros trabajadores de ICAF a los que también se han asignado nuevas tareas y, sin embargo, no se han variado sus retribuciones». Es decir, que se ha aplicado una vara de medir diferente. En cambio, el supervisor sí aceptó otra de las alegaciones y rectificó para confirma que el director gerente está facultado para aprobar las modificaciones de sueldos siempre y cuando sean acorde a la ley.

Los otros 3.650 euros –600 euros en 2015, 1.500 en 2016 y 1.350 en 2017– que deberían devolverse para cumplir las recomendaciones de la Intervención corresponden a dietas cobradas por la responsable jurídica. Los cobró después de ser nombrada secretaria del Consejo Ejecutivo y del Consejo de Supervisión. El organismo fiscalizador expuso «dudas» sobre si María Eugenia Gómez tenía derecho a percibir ese dinero por tal desempeño y se lo consultó a la Subdirección General de Control Financiero, que concluyó que no se ajusta a derecho.

Por otra parte, Intervención también reconoce que, aunque sigue habiendo aspectos a mejorar, el ICAF ha realizado algunos esfuerzos para subsanar duplicidades, fallos en la metodología para determinar el riesgo de sus operaciones o falta de seguimiento de las inversiones. Por último, recuerda que la entidad ha ido perdiendo plantilla en los últimos años y que se hace necesario verificar si cuenta con recursos humanos suficientes para su carga de trabajo.

La Consejería de Economía recordó esta noche que «es la primera vez, desde su creación en el año 2008, que se somete al ICAF a un análisis de este tipo, que está siendo estudiado por sus propios servicios jurídicos». El departamento que preside Juan José Sota dijo que es compromiso de la Consejería, así como del ente auditado, «proceder con carácter de urgencia a tomar las medidas que finalmente plantee la Intervención General».