Intervención matiza su informe y evita calificar de «importantes» las irregularidades en el SCS

Las modificaciones introducidas por Intervención que se han mandado a Sanidad y a la Fiscalía borran las «importantes incidencias» de la redacción del texto y las suavizan hasta dejarlas en las «siguientes incidencias». Desde el órgano fiscalizador matizan que un documento de estas características «no puede tener juicios de valor» y fue el motivo por el que se cambiaron algunas expresiones en el informe provisional antes de darlo luz verde oficialmente. El Ministerio Público tendrá la oportunidad de preguntárselo directamente a la autora de la auditoría, que ha sido citada el 20 de septiembre, en su sede de la Avenida Pedro San Martín, en calidad de perito.

El documento que obra en la Fiscalía reconoce que las contrataciones se intentan adecuar «en general» a la normativa vigente, pero recoge irregularidades en numerosos expedientes como «el fraccionamiento de contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y así eludir los requisitos de publicidad y los relativos a los procedimientos de contratación que corresponden», lo que está «prohibido por ley»; «verifica la existencia de ineficiencias en la contratación», «la recepción de obras y suministros con empresas con carácter previo a la finalización de los trabajos contratados», o «el uso, por parte de la Administración, de bienes que aún no han sido recepcionados, y bienes de los que no consta que se haya efectuado la preceptiva acta de recepción».

También detecta «contradicciones entre los plazos de ejecución que constan en los contratos y los establecidos en las memorias». Además, encuentra «errores en la publicación de los contratos menores, ya sea por error en las cuantías, omisión en la publicación o, incluso, por la duplicidad de los contratos en distintos órganos gestores»; alerta de que «se han pagado obras o servicios con partidas que no correspondían» y que ha habido «incorrecciones en la ejecución presupuestaria en varias gerencias» y en «algunas cesiones de uso».

Una serie de incidencias que, según la documentación analizada por los interventores, apuntan hacia una persona como principal responsable: al ya exsubdirector de Gestión Económica, Javier González.

A la espera de que la Fiscalía se pronuncie tras la denuncia de Izquierda Unida y el Partido Popular, Intervención confía en tener el informe definitivo en septiembre. La Consejería pidió una prórroga de otros 15 días del plazo para presentar alegaciones y luego deberán ser estudiadas por los interventores. Desde el órgano fiscalizador del Gobierno regional se ha abierto un expediente interno para conocer de dónde viene la filtración de la auditoría, que desveló este diario, y depurar las responsabilidades que sean necesarias. Fuentes de la Administración conocedoras de este tipo de procedimientos aseguran que lo normal es que se designe a un instructor de la Inspección General, una especie de 'asuntos internos' del Ejecutivo, para que investigue durante las próximas semanas.