Intervención se niega a auditar más contratos del SCS por falta de recursos

La Intervención General de Cantabria ejerce un papel capital en determinados asuntos judiciales. En ocasiones, los jueces o fiscales solicitan que actúen como peritos a la hora de evaluar una actuación administrativa de los investigados. Sus informes pueden resultar claves para desvelar las irregularidades que se hacen puertas para dentro de la Administración. Así ha ocurrido con la auditoría sobre la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que la Fiscalía reclamó tras las denuncias presentadas por Izquierda Unida y el Partido Popular. Pero la carga de trabajo también pasa factura al órgano fiscalizador, que se encuentra completamente desbordado y se niega a analizar los expedientes de este departamento desde 2011 –casi 218.000 por valor de 770 millones de euros– ante «la carencia y la grave ausencia de medios personales en la subdirección de control financiero».

El Parlamento de Cantabria había encargado en mayo un informe específico a través de dos propuestas de resolución presentadas por el bipartito PRC-PSOE y el PP para que se investigasen todos y cada uno de los contratos iniciados, tramitados, adjudicados o ejecutados durante los últimos siete años. Se trataba por tanto de una auditoría mucho más exhaustiva que el informe ordinario que el órgano fiscalizador entregó al Gobierno regional la semana pasada, que sólo afecta a los contratos realizados en 2017 y que incorporaba algunos de los remitidos por el PP en su denuncia.

Pero el interventor general, Pedro Pérez Eslava, ha frenado en seco las exigencias de los partidos políticos, harto de ver cómo utilizan el trabajo de su departamento como un arma arrojadiza, y asume la imposibilidad de cumplir con la encomienda por la «escasez de personal» debido a las medidas correctoras del déficit público al quedar reducida la tasa de reposición. A esto hay que sumar la reciente pérdida de algunos efectivos para sumarse a la Administración, como el caso de Elena Castillo, que tras el verano abandonó este departamento para asumir la subdirección de Gestión Económica del Servicio Cántabro de Salud después de que este «escándalo», según lo define la oposición, obligase a dimitir a dos altos cargos.

Con estas limitaciones, Pérez Eslava explica que va a elaborar un informe 'frankenstein'. Es decir, que estará hecho con los resultados y las conclusiones obtenidas en los trabajos realizados con anterioridad sobre la contratación del Servicio Cántabro de Salud, teniendo en cuenta que en 2012, 2013 y 2015 no se llevó a cabo Control Financiero Permanente en estos contratos porque Intervención, dentro de su autonomía, decidió analizar las facturas en el cajón y otras áreas. Para auditar esos periodos, Intervención se apoyará en los informes del Tribunal de Cuentas en tales ejercicios, que son públicos desde hace años y no destaparon graves incidencias durante la pasada legislatura.

Los estudios de los años 2016 y 2017 se realizarán con el informe que esta semana se ha entregado al bipartito y del que ya disponen todos los grupos parlamentarios, que ratifica la mayoría de las irregularidades detectadas en la auditoría provisional; y con el informe interno elaborado por José Albuquerque tras la denuncia presentada por la exjefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, a la consejera de Sanidad, Luisa Real, y parte de su equipo directivo.

Pérez Eslava también deja constancia de la falta de efectivos en la petición formal de una prórroga de un mes para acabar la documentación y poder remitirla a la Cámara. El planteamiento de Eslava de la imposibilidad de abarcar por su volumen todos los expedientes coincide con el mantenido el viernes por la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, quien anunció su voto a favor de la comisión de investigación planteada por Podemos, Ciudadanos, PRC y PSOE para evitar que usen a su formación «de excusa para no investigar a Real». Sin embargo, en un comunicado, ya apuntaba que los diputados no disponen ni de los conocimientos, ni de los medios, ni del tiempo para investigar más de 200.000 contratos.

Precisamente mañana lunes el Parlamento dará luz verde a esta comisión de investigación por unanimidad de todos los grupos. A partir de ahí, se fijará un periodo para pedir documentación y se fijarán las comparecencias. Los grupos obligarán a comparecer casi con toda seguridad a la actual y anterior cúpula sanitaria, incluidos el exgerente del SCS, Julian Pérez Gil, y su mano derecha, Francisco Javier González. Cuando eso ocurra ya tendrán en su poder el informe de 'aliño' elaborado por los interventores y que, evidentemente, sólo afectará a unos pocos contratos.