Las inundaciones persisten pese a los 7,3 millones invertidos en los últimos tres años

Para explicar la proliferación de las riadas, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) apunta tres razones. «Se está constatando un incremento de las precipitaciones máximas –responsabiliza al cambio climático–, la ocupación histórica de las zonas inundables por viviendas, polígonos industriales e infraestructuras y el proceso de impermeabilización de las zonas urbanas que merma la capacidad de retención del suelo». Un argumentario que no comparten del todo los técnicos que trabajan a pie de campo. Leonor Parra y Carlos Arteaga son profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. En ellos se apoyó la Plataforma de Afectados por las Inundaciones de Reinosa para fundamentar sus reivindicaciones y conseguir que el Híjar –dependiente de la otra Confederación que tiene competencias en Cantabria, la del Ebro– fuese canalizado por completo a su paso por la capital campurriana tras los graves destrozos de hace dos años. «Quieren achacar al cambio climático lo que es una evidentísima falta de limpieza y mantenimiento de los ríos por parte de la Confederación, la Consejería de Obras Públicas y los ayuntamientos», afirman.

Tampoco están de acuerdo con eso de que ahora llueve más. «Es mentira. La gran riada del Pas en 1983, que además se produjo en pleno agosto, recogió 280 litros por metro cuadrado en dos días. La de esta semana apenas ha llegado a los 100. Ahora, con menos agua, hay más inundaciones porque el cauce de los ríos está más sucio y evacúa menos», puntualiza Arteaga, que realizó su tesis doctoral sobre la inundabilidad del río pasiego.

Los afectados por las recientes crecidas viven ajenos al debate sobre quién tiene la culpa. Sólo demandan soluciones. El 7,7% de la población de Cantabria reside en zonas potencialmente inundables. 45.189 personas se reparten entre los 64 puntos negros que hay contabilizados.

Las confederaciones, la del Cantábrico y la del Ebro, están en el centro de las miradas, ya que ostentan las competencias y el poder de decisión en las cuencas fluviales. Aunque la ley les libera de los núcleos urbanos, que es donde se concentra el mayor riesgo porque es donde entra en juego la vida de las personas. «Es una trampa para librarse de la zona más conflictiva, puesto que la competencia se traspasa, aunque sólo en parte, a los ayuntamientos, que no tienen ni la capacidad técnica ni económica para asegurar un buen mantenimiento de los ríos. Les han pasado el muerto», afirman los investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid.

«Te cedo la responsabilidad, pero para mover una simple piedra tienes que pedirme permiso, que normalmente no te suelo conceder por motivos ecosostenibles o medioambientales», continúa Artega.

«Tener un río y vivir en él es una gran responsabilidad que hay que ejercer de forma continuada. Si estás dispuesto a dejar vivir en plena selva tienes que garantizar, sí o sí, el control de los leones», apostilla gráficamente Parra.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico se defiende. Considera que sí lucha a fondo para evitar las inundaciones. Cita como medidas la elaboración de la cartografía de las zonas inundables de la región (980 kilómetros de cauces), la predicción de las crecidas y el seguimiento de los caudales, la vigilancia en el cumplimiento de la normativa que impide nuevos desarrollos urbanísticos en zonas inundables, las restauraciones fluviales que dotan a los ríos de mayor espacio en las zonas de expansión y las labores de conservación y mantenimiento de los cauces –esta última, una de las más criticadas por los afectados por las riadas–.

«Es una línea prioritaria para nuestro organismo, pero la eficacia es limitada a determinadas zonas y también en función de las avenidas (crecidas)», sentencia. «En nuestro ámbito de competencia, fuera de los entornos urbanos, hemos invertido 5,1 millones entre 2019, 2020 y 2021 para actuar en 188 tramos fluviales. Es catorce veces más que en el trienio anterior –362.00 euros–», añade. «Consideramos que la dotación económica es adecuada para realizar estas labores en las zonas no urbanas», concluyen desde la Confederación.

8%de la población de Cantabria, 45.189 personas, viven en zonas potencialmente inundables. La CHC tiene contabilizados hasta 64 puntos negros.

56inundaciones históricas tiene registradas la Confederación Hidrográfica del Cantábrico entre 1736 y 2015, sin contar las últimas en las cuencas del río Pas, Asón y Deva.

Una cifra que los expertos consultados por este periódico matizan. «Para que se entienda el dato, sólo en la canalización completa del río Híjar, en Matamorosa y Reinosa, el Gobierno de Cantabria ha gastado ya 1,7 millones», relatan Leonor Parra y Carlos Arteaga.

Al Gobierno regional le toca la peor parte. Debe evitar las riadas en los entornos urbanos para garantizar la seguridad de la población. «Para ello nos coordinamos con los ayuntamientos y la Confederación», explica. En lo que va de año, la Consejería de Obras Públicas ha invertido 1,7 millones en la canalización del Híjar en Campoo y la protección de la zona baja de la localidad de Ontoria, en Cabezón de la Sal, de las crecidas del Saja. En total, 1,8 millones. Además, el año pasado destinó 376.000 euros para actuaciones en Reinosa, Matamorosa y Requejo.

El departamento que dirige José Luis Gochicoa tiene proyectos en marcha para 2022 cifrados en 2,5 millones. Entre ellos, la segunda fase del río Híjar en Reinosa y Matamorosa: 1 millón para la ampliación del puente nuevo, el retranqueo de la margen derecha y la retirada de sedimentos. Unos trabajos con los que pretende terminar de una vez por todas con el problema de las crecidas del Híjar, que dotarán además de un mejor desagüe al Ebro en su confluencia.

Los técnicos en los que se apoyó la plataforma campurriana explican que era la mejor de las soluciones. Eso sí, no es trasladable, como norma, al resto de ríos cántabros. «Hay que tener en cuenta que cualquier actuación en un punto determinado de la cuenca fluvial siempre tiene consecuencias en otros. Por ejemplo, hace mucho se canalizó por completo el río Pas en Ontaneda. De esta forma, se acabó con el problema que existía allí, aunque lo que también hizo fue trasladarlo a la cuenca baja, donde es muchísimo más difícil actuar», aseguran Parra y Arteaga.

«El agua ahora se evacúa con mayor facilidad en Ontaneda, aunque toda la presión se ha redirigido a otros territorios al llegar más rápido y con más fuerza», subrayan. «No hay que olvidar que en el Pas tienen mucha importancia el efecto de las mareas y que es una de las zonas de la región donde más edificaciones se han construido en zonas potencialmente inundables que cada cierto tiempo toma el río como suyas», concluyen los investigadores.