La investigación detecta pagos al funcionario de otras diecinueve empresas desde 2003

Estarían prescritos, pero existen. Eso es al menos lo que se desprende del informe elaborado por la Agencia Tributaria sobre el entramado familiar creado por Diez y del que también forman parte su mujer y sus dos hijas. En el documento se concreta que el «posible cobro de comisiones ilegales» arranca en 2003. Diez años después, el patrimonio de la familia habría pasado de 162.000 euros a 4,6 millones. Un incremento imposible de justificar por vías legales, según la Agencia Tributaria, que tiene una explicación alternativa.

En la etapa analizada, el organismo señala como pagadores a otras 19 empresas relacionadas con el ámbito de la construcción. Son 19 empresas distintas a las que ahora aparecen en la causa abierta. Todas son adjudicatarias de obra pública y todas trabajaban en ese momento con la Administración. Se trata de catorce sociedades cántabras y otras cinco de Asturias y Castilla y León. Durante una década habrían realizado ingresos de forma directa o indirecta a Beatriz del Río, la mujer de Diez. Y lo habrían hecho en contraprestación a la «participación interesada» de su marido, a través de informes y dictámenes técnicos, en la adjudicación de contratos en favor de estas empresas. El mismo método que, tras un parón de siete años, se reactivó de nuevo a partir de 2019. Lo que ahora se investiga.

Cabe recordar que, antes de incorporarse al Gobierno de Cantabria como alto funcionario de la Consejería de Obras Públicas, Miguel Ángel Diez trabajó durante tres años (1995-1998) para el Principado de Asturias. Menos evidentes son sus vínculos con Castilla y León. Sí se ha detectado alguna actividad en la ciudad de León: no solo tenía una cuenta abierta en una oficia del Banco Santander de la capital leonesa con una caja de seguridad asociada, también contaba con apoyo contable de la Asesoría Charro y Gutiérrez, con sede en esta ciudad.

Entre las constructoras cántabras que presuntamente contribuyeron al enriquecimiento de Diez y su entramado familiar se encuentran gigantes como Arruti -la empresa familiar solicitó el año pasado su liquidación-, Ascán, Cuevas Gestión de Obras o Contratas Piñera. Entre 2003 y 2007, una serie de sociedades declara haber realizado pagos a Beatriz del Río «bien por tráfico comercial o bien a cambio de prestaciones de servicios recibidos por esta». En ese momento, la mujer de Diez estaba dada de alta como autónoma, pero en categorías profesionales que nada tienen que ver con la obra pública. «Todo parece indicar que estas actividades son totalmente ficticias», entiende la Agencia Tributaria.

Recibió 145.250 euros en 2003, otros 177.614 el año siguiente, 308.621 euros al siguiente... Así hasta 2007, cuando se constituyó la empresa Zakescur «con un claro perfil instrumental». Desde ese momento y hasta 2012, los pagos se centralizaron en esta sociedad, que alcanzó su máximo de rentabilidad en 2009. Ese año ingresó 589.054 euros procedentes de Arruti (399.411 euros), Prodir Ingeniería (51.332 euros), Gestión Integral de Obra Civil (39.730 euros), Gymar (36.511 euros), Asfin Cantabria (31.900 euros) y Servicios Públicos y Contratas (21.170 euros).

Lo que Diez y su familia hizo con Zakescur hasta 2012 fue lo que repitió después con Parivara Lagani, la empresa supuestamente dedicada a las fotocopias. La Agencia Tributaria acredita que fotocopias hizo pocas porque el consumo eléctrico de la vivienda familiar, que también era la sede de la empresa, no solo no crece tras crearse esta sociedad, sino que disminuye.

La estabilización de la masa patrimonial (esos 4,6 millones) de la familia Diez-Del Río a partir de 2012 «coincide con la ausencia de declaraciones de ingresos procedentes de empresas adjudicatarias de obras». La trama familiar aprovecha ese parón para 'trabajar' en el intento de ocultación del dinero: con el fin de darle apariencia de legalidad «intentarían simular unas actividades empresariales ficticias», después lo invertían en activos financieros e inmuebles -se mueve de las empresas ficticias al patrimonio personal, y viceversa- y después Beatriz del Río culminaba «el proceso de blanqueo» con donaciones a su marido e hijas. Hacienda no descarta que a partir de 2012 se produjeran pagos en metálico, pero sí cree que las mordidas a través de sociedades ficticias se reactivaron en 2019, cuando Diez ascendió a jefe de servicio de Carreteras Autonómicas. Y la bola empezó a rodar de nuevo.