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La investigación por el fraude del jamón ibérico llega a Cantabria

La investigación por el fraude del jamón ibérico llega a Cantabria

El Seprona ha visitado varios establecimientos en la comunidad autónoma para comprobar si hay irregularidades en el etiquetado del producto

Daniel Martínez

Santander

Domingo, 28 de enero 2018, 07:42

Agentes de la Guardia Civil de Cantabria se han personado en diferentes establecimientos de la región para recopilar información sobre un presunto fraude en la venta de jamones ibéricos de bellota. En concreto, han sido efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) los que entre finales de diciembre y comienzos de enero han visitado algunas tiendas de las multinacionales Makro y Carrefour en la comunidad autónoma. Se sospecha que se estaban presentando algunos artículos alimentarios como de alta calidad cuando en realidad no lo eran, tal y como han confirmado a este periódico fuentes de la investigación.

El instituto armado considera que los responsables de estas irregularidades no son tanto los puntos de venta directa al cliente, en el caso cántabro Carrefour y Makro, sino la empresa suministradora. Se trata del Grupo Comapa, la mayor del sector en España con una facturación anual de cerca de 250 millones de euros. De hecho, la multinacional francesa ya se ha puesto a disposición de la Guardia Civil para colaborar en la investigación.

Las claves

  • Parte afectada Las sospechas se centran en la suministradora Comapa, la mayor de España, y no en los puntos de venta al cliente

  • Gran alcance La Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca está coordinando los trabajos, que se extienden por varias provincias

En concreto, el fraude se centra en irregularidades sobre la trazabilidad del producto –el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento– y el etiquetado de los jamones de bellota y otros productos ibéricos. Aunque hace unos días había trascendido la puesta en marcha de esta operación a nivel nacional, no se había detallado en qué puntos del país se están centrando las pesquisas.

De confirmarse estas prácticas supondría que durante un tiempo indefinido –al menos en los últimos meses– se ha estado ofreciendo un producto como si fuera otro de mayor calidad y a un precio inferior al del mercado, por lo que además de engañar al consumidor también se estaría incurriendo en competencia desleal con las empresas que sí se ajustan a la normativa.

Las sospechas comenzaron al comprobar el precio anormalmente bajo al que se estaban vendiendo este tipo de productos ‘gourmet’ en las tiendas de Carrefour. Mientras que lo habitual es que estos jamones no bajen de los 300 euros por pieza, en estos establecimientos se podían comprar un 30% por debajo del coste estimado. De acuerdo a la ley, cada jamón debe ir acompañado de un código de colores en su vitola –así se denomina su etiqueta– que determina la categoría del producto en función de su procedencia y la alimentación del animal durante su cría.

Por el momento, la Guardia Civil confirma que se han producido las inspecciones en los establecimientos de la región, pero no habla sobre las conclusiones. Tras elaborar los informes pertinentes, estos han sido remitidos a la Comandancia de Salamanca, desde donde se está coordinando toda la investigación. Hasta que el trabajo de campo no quede cerrado no se darán nuevos datos.

Respuesta de la empresa

Preguntados por el citado medio digital, portavoces de Comapa aseguran haber cumplido «con todos los requisitos exigidos por la ley» y que en ocasiones los precintos de colores que certifican la autenticidad de las piezas «pueden romperse o perderse, pero eso no significa que la empresa esté cometiendo fraude».

En los últimos días, la asociación de consumidores Facua ha reclamado al Ministerio de Sanidad «transparencia» en la investigación por fraude a Comapa. Además, solicita al Gobierno que haga públicas las marcas que estuvieran incurriendo en esta irregularidad y advierte de que «los consumidores tienen derecho a conocer si han sido víctimas de un fraude para valorar si emprenden medidas legales al respecto».

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