La investigación a una red de ganaderos que vendía caballos en Francia se salda con un solo procesado

Este ganadero es uno de los dieciséis que estaban investigados como presuntos autores de delitos de falsedad documental, contra la salud pública y pertenencia a una organización criminal, que supuestamente se dedicaba a vender caballos en Francia de forma irregular.

En marzo del pasado año, la Guardia Civil dio a conocer el resultado de la denominada operación 'Kuda', que se saldó con la desarticulación de una organización de ganaderos que presuntamente habría vendido al menos 87 caballos en Francia. La investigación se inició en julio de 2021 después de que el Seprona tuviera conocimiento de que un grupo de ganaderos cántabros podía estar realizando acopio de caballos comprados a bajo precio con el fin de venderlos en el país vecino por un coste muy superior. Tras meses de pesquisas, los agentes pudieron comprobar que un ganadero de la región organizaba compras de caballos por diferentes puntos de la geografía española, los trasladaba a Cantabria y falseaba su documentación para posteriormente llevarlos y venderlos en Francia.

Entre las numerosas supuestas irregularidades detectadas por los agentes se encontraban la posesión de animales que figuraban como muertos; caballos sin ningún tipo de identificación; otros que figuraban como machos en su pasaporte cuando en realidad se trataba de hembras; o fechas de nacimiento que no correspondían con la edad de los animales. Gracias a estas prácticas presuntamente ilegales, los implicados lograban un beneficio económico, ya que vendían caballos en mal estado como animales de una calidad muy superior, hechos por los que se detuvo a seis personas. Asimismo, se comprobó que la organización utilizaba a otras nueve personas encargadas, por un lado, de conseguir caballos y, por otro, de transportarlos, tanto dentro de España como a Francia, y que estaban investigadas como presuntas autoras de dichos delitos. El Seprona logró recuperar una treintena de caballos antes de ser trasladados al país galo.

Sin embargo, «tras la práctica de cuantas diligencias se han estimado necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos», el instructor del caso ha llegado a la conclusión de que de los dieciséis investigados solo existen indicios de que M. H. G., que se dedica al tráfico mercantil de ganado equino y bovino, «ha descuidado a los animales de la estabulación encontrándose en malas condiciones higiénicas, entre barro y estiércol, y no proporcionales alimentos suficientes, llegando a estar desnutridos y famélicos. Tampoco les ha proporcionado asistencia veterinaria para el tratamiento de heridas y enfermedades».

En cambio, el juez considera que no hay indicios de que exista una organización criminal, «sino meras sospechas». Asimismo, entiende que no se ha acreditado que se hubiese cometido delito contra la salud pública, consistente en la exportación a Francia de ganado equino cuya carne no era apta para el consumo, para su sacrificio y posterior introducción en la cadena alimentaria. «Solo existen meras sospechas no confirmadas por investigación alguna de la Policía francesa de que los équidos hubiesen sido sacrificados. Es más, no se ha aportado informe de algún facultativo de la falta de aptitud de los équidos para ser sacrificados para el consumo humano».

El magistrado tampoco aprecia la existencia de delito de falsificación de documentos, y da traslado de su decisión a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral y formule escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.