Investigadores denuncian que la UC les «precariza» unos contratos financiados por Europa

Un grupo de investigadores de la Universidad de Cantabria (UC) ha denunciado «irregularidades» en contratos laborales vinculados a las ayudas para jóvenes doctores 'Margarita Salas', financiados por el Ministerio de Universidades gracias a los fondos europeos Next Generation. Los denunciantes acusan a la institución académica de incumplir con las condiciones laborales de los contratos «haciendo que recaiga sobre los trabajadores los costes patronales que debería asumir la universidad».

Los reclamantes aseguran que el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, «deja claro» que las cuantías mensuales para la modalidad de las ayudas 'Margarita Salas' es de 3.500 euros brutos para quienes soliciten la estancia en el extranjero y de 2.800 para los que la hagan en España. Sin embargo, denuncian que la UC «ha retorcido la ley» para que la cuantía bruta efectiva que reciban los investigadores contratados con esa ayuda no sea de 3.500, sino que «se ha reducido en más de un 32% al detraer -dicen- la Universidad de estas cantidades su aportación a la Seguridad Social y el coste patronal». Y hay que «descontar», además, «la cuota obrera correspondiente y el IRPF al tributar en España de la cuantía bruta mensual».

Estos investigadores consideran que se debe «tener en cuenta que los beneficiarios de estas ayudas perciben un salario fijo que, en muchos casos, es insuficiente para cubrir los gastos propios de una movilidad, teniendo en cuenta sus responsabilidades económicas previas». Además, creen que «al hacer a los beneficiarios de las ayudas cargar con los costes patronales, la Universidad de Cantabria está cambiando las condiciones contractuales respecto a lo dictado por el Ministerio de Universidades, precarizando sus salarios llegando los candidatos incluso a renunciar a ellas».

Estos jóvenes doctores han hecho llegar a la UC y a la Consejería de Universidades la petición de que la Administración «complemente sus salarios para compensar la irregularidad nunca vista» de que sean ellos, como dicen, quienes tengan que «cubrir los costes patronales», como han hecho otras universidades. Y lamentan que han recibido «excusas como respuesta» del rector de la UC, Ángel Pazos, y que el consejero de Universidades, Pablo Zuloaga, «se ha negado» a responderles.

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