Los investigadores no detectan más implicados en la trama de Carreteras

El mismo día que se produjeron esas detenciones –seis en la región y dos, las de las hijas del funcionario, en Madrid– también se realizaron diversos registros en las viviendas de los investigados, en las empresas implicadas (Rucecan, La Encina y Cannor, y API Movilidad), y la Consejería de Obras Públicas. En un principio, los propios investigadores especularon con la posibilidad de que el caso pudiera salpicar a alguien más y sacar a la luz más irregularidades. Pero durante el análisis de esa documentación –que todavía continúa–, los agentes no han detectado, por el momento, la implicación de más personas ni empresas en la trama. Es decir, que la investigación sigue circunscrita a las ocho personas implicadas, todas ellas en libertad con cargos, salvo el funcionario, que se encuentra en prisión provisional por hasta cinco presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación, que pueden suponer penas de entre 6 y 21 años de cárcel.

Entre la numerosa documentación que están analizando la Policía Nacional y la Agencia Tributaria también se encuentran las escuchas telefónicas que se produjeron entre el 31 de enero y el 21 de febrero y cuyo contenido no ha trascendido por el momento, salvo una llamada que revela que el exsubdirector general de Carreteras, Sebastián Martín (que fue cesado), tenía agendada una comida en el restaurante tres estrellas Michelin El Celler de Can Roca junto a Diez, la mujer de este y dos responsables de la empresa Rucecan, que no se llegó a celebrar porque cuatro días antes el juzgado destapó la trama.

El contenido de esas llamadas da respuesta a una de las incógnitas del caso, que es si el funcionario sabía que le estaban investigando, teniendo en cuenta que el día anterior a su detención arrojó unos documentos al contenedor. Pues bien, según fuentes cercanas a la investigación, Miguel Ángel Diez no tenía conocimiento alguno de los seguimientos y las escuchas que estaban llevando a cabo los investigadores. Lo que encaja con el hecho de que durante el registro de su casa los agentes encontraran 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina de contar dinero.

Al parecer, esa acción de deshacerse de documentos arrojándolos al contenedor no tenía nada que ver con que tuviese algún tipo de sospecha o que alguien le hubiese puesto sobre aviso. Y es que los investigadores tuvieron «monitorizado» a Diez en todo momento. La investigación no corría peligro.

A partir de aquí, queda esperar a que se produzcan nuevos movimientos dentro de la fase de instrucción en la que se encuentra la causa. Más allá de la vista que hay señalada para resolver la medida cautelar que solicitó el Gobierno cántabro respecto a los once contratos sin adjudicar en los que aparecen las empresas implicadas, habrá que ver si la instructora del caso, Mercedes Compostizo, tiene previsto citar a declarar a los ocho investigados o a algún testigo (no ha trascendido quiénes pueden ostentar este papel dentro del proceso) que pueda arrojar algo de luz al caso, o bien la práctica de alguna nueva diligencia de investigación.

También habrá que ver si las acusaciones pública (Fiscalía) y particulares (Gobierno, Asociación de Constructores y Vox) proponen alguna diligencia y, sobre todo, qué pasos o estrategia adoptan los cuatro empresarios investigados y el supuesto cabecilla de la trama. ¿Decidirán romper su silencio?